NUEVA YORK.- El Estado argentino ha solicitado al Tribunal de Apelaciones del
Segundo Circuito, con sede en Nueva York, que anule una orden que exige
al país a pagar 1.330 millones de dólares (más de 1.006 millones de
euros) a los acreedores que no participaron en las dos
reestructuraciones de la deuda pública, un caso que podría tener
importantes repercusiones en el mercado de deuda global.
La documentación presentada en la noche del viernes recoge la
argumentación de los abogados del Gobierno argentino que señala que
dentro del proceso es "erróneo ignorar el coro de voces" que se opuso a
su orden de noviembre de pagar a los acreedores excluidos, también
conocidos como 'acreedores holdout'.
Esos pagos, que en principio irían en garantía a una cuenta
controlada por el tribunal, pondrían en peligro el servicio de 24.000
millones de dólares de la deuda reestructurada, añade el escrito
argentino.
"No hay autoridad que permita a un tribunal estadounidense ordenar
a un país soberano traer a Estados Unidos activos que gozan de
inmunidad con el fin de ser 'devueltos' o distribuidos entre sus
acreedores", señalan los abogados del Gobierno argentino en el
documento, de 69 páginas.
El Tribunal de Apelaciones tiene previsto decidir el próximo año
si se debe obligar a Argentina a pagar los 1.330 millones de dólares a
quienes tienen en su poder bonos en suspensión de pagos. La decisión
podría tener amplias repercusiones sobre la capacidad de los gobiernos
para recaudar fondos mediante la emisión de bonos y el margen de acción
de los países en crisis económica para reestructurar sus deudas.
Ese argumento fue ya utilizado a finales de noviembre por el juez
del distrito de Manhattan Thomas Griesa para ordenar a Argentina
depositar los 1.330 millones de dólares en una cuenta custodia hasta que
el Tribunal de Apelaciones resuelva sobre la cuestión de fondo. Sin
embargo, Buenos Aires logró que la corte de apelaciones suspendiera la
orden de realizar el depósito hasta que todas las partes no sean
escuchadas en el proceso, que finalizará en febrero.
El caso se originó tras la declaración de impago del Gobierno
argentino de hace once años, que afectó a bonos por valor de 100.000
millones de dólares. Buenos Aires está tratando de evitar el pago a los
acreedores que se negaron a participar en reestructuraciones de la deuda
de 2005 y 2010, en las que se consiguió canjear alrededor del 92 por
ciento de los bonos pagando entre 25 y 29 centavos por cada dólar
adeudado.
Pero los tenedores que no aceptaron, liderados por Elliot
Management Corp --filial de NML Capital Ltd-- y los fondos de Aurelius
Capital Management exigieron el pago total. Argentina califica a esos
fondos como "buitres" y se ha resistido a pagarles.
Como una muestra de buena voluntad, Argentina dijo en su escrito
que estaba dispuesta a pedir autorización a su Congreso para reabrir el
canje de deuda sin modificar sus condiciones de 2010 para aquellos
'holdouts' que estén dispuestos a aceptar una reducción.
La oferta busca dejar sin efecto la acusación de que el país
sudamericano discrimina a sus acreedores cada vez que realiza un pago a
aquellos con bonos reestructurados y al mismo tiempo se niega a cumplir
con los tenedores de deuda impagada.
El caso lleva varios años en los tribunales estadounidenses. Los
argumentos orales ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito
están previstos para el 27 de febrero de 2013.
Una decisión en contra de Argentina supondría un revés para la
presidenta Cristina Fernández, quien está tratando de evitar las
consecuencias de un eventual incumplimiento técnico de decenas de miles
de millones de dólares en deuda.
En un comunicado emitido a última hora del viernes, un portavoz de
NML argumentó que Argentina está en condiciones de compensar a los
'holdouts' y citó los "más de 43.000 millones de dólares en reservas en
moneda extranjera" con que cuenta el Banco Central y los miles de
millones más en otros recursos.
"La presentación de hoy de la República una vez más demuestra la
persistencia irracional de Argentina en la evasión de sus obligaciones
contractuales y de las órdenes de los tribunales de Estados Unidos",
dijo Peter Truell, un portavoz de NML.
También el viernes, el Gobierno estadounidense presentó un escrito
en apoyo a Argentina que pide al Tribunal de Apelaciones reconsiderar
su fallo de octubre que dictaminó que el país sudamericano había
discriminado indebidamente a los tenedores de bonos que no participaron
en los canjes de deuda.
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