BRASILIA.- La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, vetó esta semana partes de
una controvertida ley de regalías que enfrenta a los estados productores
de crudo con el resto del país en una batalla por el futuro de la
riqueza petrolera.
Buscando un compromiso en tal vez uno de los temas más
controvertidos que han surgido durante los casi dos años que lleva en la
presidencia, Rousseff vetó cláusulas que reducirían los ingresos de los
principales estados petroleros de Brasil, incluido Río de Janeiro.
Su veto cambia la ley para que los estados productores sigan
recibiendo las regalías por la producción de las concesiones petroleras
existentes.
La presidenta promulgó la mayor parte del resto de la ley como
fue aprobada a inicios de este mes por el Congreso, con una
redistribución de las regalías de todas las futuras concesiones de
petróleo para que los estados no productores consigan una mayor
participación.
Al anunciarlo el viernes por la tarde, la jefa de Gabinete de
Rousseff, Gleisi Hoffmann, dijo que el veto de la presidenta buscaba
"proteger plenamente los contratos existentes", al tiempo que garantiza
la intención de la ley de redistribuir la creciente riqueza petrolera de
Brasil.
La legislación, aprobada con el apoyo abrumador de los estados
sin producción de petróleo, es un esfuerzo por distribuir los ingresos
de manera más uniforme en todo el país ante los enormes nuevos
descubrimientos mar adentro cerca de Rio de Janeiro y otros estados del
sudeste que comenzarán a producir en los próximos años.
Los nuevos descubrimientos, si se desarrollan con éxito, podrían
catapultar a Brasil como uno de los principales productores mundiales de
petróleo.
Los cambios de Rousseff también obligan a que todas las regalías
de los futuros contratos de producción sean utilizados para financiar
programas educativos.
El cambio, que arrebata fondos a los políticos locales y sus
proyectos favoritos en los estados productores, es importante para el
gobierno izquierdista de Rousseff, que se ha centrado en los continuos
esfuerzos para erradicar la pobreza en el país más grande de América
Latina.
La nueva ley también es crucial para la industria petrolera de
Brasil, que ha sido obstaculizada en los últimos años por la
incertidumbre regulatoria que rodea a los nuevos descubrimientos.
Las subastas de nuevas concesiones petroleras, por ejemplo, han
estado en suspenso hasta que se decidiera un nuevo marco de regalías.
Las concesiones son necesarias para que Brasil desarrolle nuevos
descubrimientos tan pronto como sea posible, especialmente en momentos
en que la estatal Petrobras, socio obligatorio en los nuevos campos
grandes, está luchando con cumplir con las metas de producción
existentes.
Pero una disposición en el proyecto de ley original para cambiar
las regalías sobre las concesiones existentes encontró una dura
oposición en Río, responsable de tres cuartas partes de la producción
actual de petróleo de Brasil, y de otros estados productores como
Espirito Santo y Sao Paulo.
El lunes, miles de manifestantes se unieron a una protesta
organizada por las autoridades de Río para instar a Rousseff a vetar el
proyecto de ley.
La ley revisada marca, entonces, una victoria para los estados productores.
Renato Casagrande, gobernador de Espirito Santo, dijo el viernes
que, con su veto, Rousseff "actuó coherente y valientemente" preservando
"la seguridad jurídica" en Brasil. Su colega de Río de Janeiro, Sergio
Cabral, señaló en un comunicado que "Río agradece a la presidenta Dilma"
por la decisión tomada.
Rousseff misma se oponía a la ley original, en parte porque los
estados productores de petróleo habían amenazado con ir a la Corte
Suprema para desafiar cualquier alteración a los contratos existentes.
La ley fue aprobada hace un año por el Senado pero quedó frenada
en la Cámara de Diputados por la oposición de Rousseff y de los estados
productores de petróleo. El proyecto había estado discutiéndose desde el
2007, cuando Brasil descubrió las reservas subsal.
Junto al veto, Rousseff revisóel porcentaje que los gobiernoes federal, estatal y municipal recibirán de la producción futura.
Bajo esos cambios, los estados productores recibirán el 20 por
ciento de las regalías de los nuevos yacimientos, menos que el 26,5 por
ciento actual. Los gobiernos municipales de áreas productivas recibirán
el 15 por ciento, mientras que la porción del Gobierno federal caerá del
30 al 20 por ciento el año próximo.
Los estados no productores verán un incremento gradual de su
participación en las regalías de los futuros contratos desde el 1,75 por
ciento actual al 27 por ciento en el 2019.
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