MADRID.- El Gobierno español está ultimando una profunda reforma del sistema
de pensiones con dos medidas clave: suavizar el nexo legal entre alza de
pensiones e inflación y acelerar el aumento efectivo de la edad legal
de jubilación, según indicaron fuentes conocedoras de
la situación.
El objetivo es quitar rigidez a un modelo que se ha visto
cuestionado por la evolución de la población y una severa recesión en
una economía obsesionada con la consolidación fiscal y que destina
alrededor de un 10 por ciento de su Producto Interior Bruto a pensiones.
"La idea es que el sistema tenga elementos de flexibilidad. Que
por ejemplo sea posible no actualizar por el IPC en caso de recesión o
de déficit, cuando haya problemas de tesorería", dijo una alta fuente
gubernamental española.
Entre analistas y economistas se urge desde hace años a una
modificación del sistema que también piden organismos internacionales
desde la Comisión Europea al FMI. Aunque el Gobierno del Partido Popular
va a tener que hacer uso con toda probabilidad de su mayoría absoluta
para cambiar una de las "vacas sagradas" del sistema público español, el
anterior Gobierno socialista también se vio obligado como éste a no
revalorizar las pensiones encadenadas a la inflación.
"Se está estudiando llevar al Pacto de Toledo la desvinculación
de las pensiones al IPC. Este es el tercer año consecutivo que se tiene
que tomar la decisión "extraordinaria" y no tiene mucho sentido. Además,
el IPC en España está muy ligado al precio de los carburantes y ese no
es un gasto que afecte particularmente a los pensionistas", afirma una
segunda fuente del Gobierno.
Para modificar el sistema de pensiones, el Gobierno tiene que
llevar antes los acuerdos a la Comisión del Pacto de Toledo, una mesa de
negociación en la que están presentes las principales partidos
políticos españoles y que debate regularmente la situación de las
pensiones en España, aunque el PP podrá hacer valer su mayoría
parlamentaria si no hay acuerdo en la comisión.
Hasta ahora, el Gobierno proyectaba una revisión de las pensiones
cada año en los presupuestos generales del Estado que posteriormente
actualizaba en función del Índice de Precios al Consumo de noviembre,
tal y como marca la legislación vigente.
Las dificultades económicas, la caída de la recaudación y los
mayores gastos asociados al aumento del paro en un contexto de ajustes,
han obligado a una modificación extraordinaria de la ley en los últimos
tres ejercicios.
En un país con casi 9 millones de pensionistas - un colectivo con
un notable peso electoral y social-, las pensiones son la mayor partida
de gasto presupuestario, con 106.350 millones de euros previstos en
2013, de los cuales casi 73.000 millones de euros se destinan a las
pensiones de jubilación.
Las cuatro fuentes dejaron claro que la reforma todavía está
siendo discutida en el seno del Gobierno y que el único acuerdo firme
hasta ahora es hacer más complicada la jubilación anticipada, en un país
en el que uno de cada dos trabajadores del régimen general se retiran
de forma prematura.
"Donde tenemos demandas específicas es en medidas para
incrementar la edad de jubilación. En julio el Gobierno anunció una
serie de medidas, pero le falta detalle", explica un alto cargo europeo.
Alargar la vida laboral de los ciudadanos es una de los
compromisos del Gobierno español con la Unión Europea para atajar los
problemas de un sistema que indefectiblemente se convertirá en
insostenible si la pirámide de la población mantiene la evolución de los
últimos años.
España lleva varios meses sopesando pedir ayuda a Europa para
permitir que el Banco Central Europeo active su programa de compra de
bonos y rebaje los costes de financiación de un país con un nivel de
desempleo superior al 25 por ciento.
"La modificación de la edad legal de jubilación irá al Pacto de
Toledo en breve, a finales de este año o a principios del 2013. Pero no
hay dudas, el calendario está ya bastante cerrado", agregó una de las
fuentes.
El comisario europeo de asuntos económicos y monetarios, Olli
Rehn, descartó pedir ajustes adicionales a España en 2012 y 2013, aunque
sí dijo que el Gobierno deberá presentar nuevas medidas en febrero con
el horizonte 2014.
Para mejorar la sostenibilidad del sistema, el Gobierno estudia
acelerar la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años (frente a
los 65 actuales) y nuevas medidas para acercar la edad real de
jubilación (ahora en 63,47 años de media) a la edad legal.
Con la ley actual, cada año en los próximos 15, los españoles se
irán jubilando un mes y medio más tarde hasta llegar a los 67 años en
2027, un ritmo que desde Europa piden acelerar.
"Daríamos la bienvenida a una clarificación de esos detalles. Por
ejemplo, incrementando en uno o dos meses al año el alza planeada de la
edad de jubilación, fijando la edad mínima para jubilares en 63 años en
vez de en 61 años, penalizando la jubilación anticipada", añadió el
alto funcionario comunitario.
Con la recesión lastrando las cuentas de la Seguridad Social por los más de dos millones de empleos destruidos durante la
crisis, el Gobierno se ha visto obligado a pedir 4.400 millones de euros
al fondo de reserva para poder pagar las pensiones de los meses de
julio y agosto, y recientemente aprobó una nueva modificación
legislativa para acudir a la popularmente conocida como hucha de la
Seguridad Social si hay tensiones de liquidez en los próximos dos años.
En una población cada vez más envejecida, los funcionarios
europeos también verían con buenos ojos que España introdujese medidas
para alargar la edad de jubilación según la evolución de la esperanza de
vida para anclar el sistema a futuro.
"Una revisión automática de la edad de jubilación en relación con
la esperanza de vida también ayudaría a mejorar el factor de
sostenibilidad del sistema de pensiones", señaló el responsable oficial
europeo.
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