MADRID.- Miles de personas rechazaron hoy viernes en las calles de Madrid los recortes anunciados esta semana por el Gobierno español, en la tercera jornada consecutiva de protestas contra unas medidas de austeridad que pretenden alcanzar el objetivo de reducción de déficit.
Las protestas de la mañana, principalmente de
funcionarios que han visto recortada una paga en las recientes medidas,
transcurrieron pacíficamente, pero las de la tarde, convocadas por el
movimiento ciudadano de los "indignados", terminaron con al menos seis
detenidos y dos heridos leves en el centro de la capital, según la
policía y los servicios de Emergencias.
El Gobierno anunció el miércoles una batería de medidas
para realizar un ajuste presupuestario en los dos próximos años y medio
de 65.000 millones de euros, el mayor en la historia de la democracia
española, con el fin de alcanzar la ambiciosa meta pactada con la UE de
reducir el déficit público hasta el 2,8 por ciento en 2014 desde el 8,9
por ciento de 2011.
Además de una subida del IVA, el paquete incluye, entre
otras cosas, la pérdida de una paga de Navidad y el número de días
libres a disposición de los funcionarios, que ya han visto recortado su
salario en los últimos dos años.
"Hasta ahora los funcionarios han estado aguantando las
primeras medidas porque había que ser solidarios, pero esto ya ha
llegado a un límite", dijo Pedro, un enfermero de 41 años. "Esto no lo
han creado los funcionarios, lo han creado los políticos".
La jornada del viernes transcurrió de forma ruidosa
pero pacífica por la mañana, cuando se vieron banderas sindicales,
camisetas negras de los mineros, las verdes que han llevado los
profesores de educación pública en sus movilizaciones o algunas más
variopintas, como las que emulaban el logo de la página de vídeos
YouTube con la frase "Una vez YoTuve derechos laborales y sociales".
"La inmensa mayoría de los empleados públicos ha salido
a mostrar su desacuerdo con las medidas del Gobierno que hacen pagar a
los trabajadores una crisis que han generado los banqueros", afirmó
Julio, de 51 años y que trabaja en el Ayuntamiento de Madrid.
Unas 2.000 personas convocadas por Internet, en su
mayoría jóvenes, se congregaron por la tarde ante la sede del gobernante
Partido Popular gritando "dimisión, dimisión", y las protestas se
trasladaron luego a la sede socialista, donde la policía cargó contra
algunos manifestantes y se llevó detenida a una anciana que gritaba "me
están robando".
Poco antes de las 11 de la noche, los manifestantes
trataron de acceder a la zona aledaña del Congreso de los Diputados,
pero la policía antidisturbios tenía acordonada la zona y disparó
pelotas de goma en un momento en el que un manifestante les arrojó una
silla, según imágenes de Reuters Televisión.
El descontento se había sentido incluso entre los
trabajadores del palacio presidencial de la Moncloa, que abuchearon al
Gobierno antes del Consejo de Ministros, uno de los más trascendentales
de los últimos tiempos por las medidas que se aprobaban.
El sindicato CSI-F, unos de los principales del sector
público, convocó una huelga para septiembre en protesta por unas medidas
que incluyen también la reducción de los días para su libre disposición
(los llamados "moscosos"), facilidades para su movilidad y un ajuste en
el número de liberados sindicales.
Según fuentes sindicales, la eliminación de la segunda
paga extraordinaria de este año supone un recorte de entre el 3,5 y el 7
por ciento del sueldo anual de los empleados públicos, lo que se suma a
la reducción del 5 por ciento sobre su salario que realizó el Gobierno
socialista en 2010, que también les congeló el salario en 2011. El
actual Ejecutivo les volvió a congelar el salario para este año.
Los funcionarios han convocado más protestas para el
próximo 19 de julio, en una jornada en la que las dos grandes centrales
sindicales, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores
(UGT), llevarán a cabo movilizaciones generales en toda la geografía
española.
Los recortes de esta semana también incluyen reformas
tributarias que empiezan por una subida del IVA a partir de septiembre,
así como la reducción de las prestaciones por desempleo, eliminación de
empresas públicas o límites al número de concejales en ayuntamientos,
entre otros cambios.