MADRID.- El Gobierno español aprobó el jueves un decreto ley con
medidas para evitar los desahucios y sus efectos sobre los colectivos
más vulnerables de una población que se ha visto drásticamente afectada
por la crisis que vive el país desde hace cuatro años.
Los desahucios se paralizarán durante un plazo de dos
años para grupos como familias numerosas, con discapacitados a su cargo o
compuestas por parados sin prestación, si tienen una renta familiar de
19.200 euros al año como máximo, entre otros requisitos.
"Es una respuesta urgente y paliativa de cara a la
situación más dura de la crisis económica que vivimos", dijo la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
La presión contra los desahucios - uno de los problemas
más graves que ha dejado la crisis en el país - se ha intensificado en
los últimos días a raíz del suicidio de una mujer que iba a perder su
casa la semana pasada en el País Vasco, el segundo caso en los últimos
meses.
Las medidas se van a tramitar como real decreto, lo que
permitirá enriquecer el texto con las aportaciones de otros grupos
políticos, después de tres días de conversaciones entre el Ejecutivo y
el Partido Socialista para intentar llegar a un acuerdo sobre los
desahucios, en el que según Santamaría se "han avanzado" en algunos
puntos pero hay que continuar trabajando en otros.
La plataforma de Afectados por la Hipoteca criticó la
medida del Gobierno, que considera que se pliega a los deseos de la
banca, que ya anunció la semana pasada una moratoria de dos años para
los casos de especial vulnerabilidad, y deja a muchas personas sin
protección.
"Las medidas anunciadas por @PPopular contra los
desahucios dejan a miles de familias en la calle. Ceden a la presión de
la #BancaCulpable", dijo en Twitter Afectados por la Hipoteca.
Por su parte, la Asociación Española de Banca (AEB)
emitió un comunicado señalando que el coste económico de las medidas
"corre exclusivamente a cargo de las entidades de crédito".
Desde que comenzó la crisis en 2008, las ejecuciones
hipotecarias han ascendido a casi 400.000, de las cuales casi 170.000
han terminado en desahucios, según el Consejo General del Poder
Judicial.
Desde Stop Desahucios se criticó además que casos como
el que llevaron al suicidio a una mujer en el País Vasco estarían
exentos de las medidas del Gobierno.
El Ejecutivo acordó además crear un fondo social de
viviendas en alquiler a precios asequibles para aquellas personas que se
han quedado sin vivienda habitual.
El ministro de Economía, Luis De Guindos, destacó que
muchas familias cumplen puntualmente con sus pagos hipotecarios en
España, un país donde está profundamente arraigada la mentalidad de
compra de vivienda, y recordó que la tasa de mora en las hipotecas
individuales se sitúa en el 3 por ciento.
"La mora hipotecaria en España es baja y va a continuar
siendo baja (...). El problema en España no es con las hipotecas
minoritarias sino con el crédito promotor", declaró De Guindos, que no
quiso concretar a cuántas personas podría beneficiar esta medida.
A la moratoria en la ejecución de los desahucios podrán
acogerse colectivos especialmente vulnerables como familias numerosas;
una unidad familiar monoparental con al menos dos hijos a su cargo o
familias con un menor de tres años.
También podrán optar las familias con miembros con
discapacidad o dependientes a su cargo o aquellos que padezcan una
enfermedad que les impida trabajar; familias con miembros desempleados
que ya no reciban prestación y las víctimas de la violencia de género.
Además, deberán cumplir unos requisitos financieros:
tener renta familiar de 1.597 euros al mes como máximo y unas
circunstancias económicas que hayan sufrido una alteración
significativa.
Por ejemplo, si la cuota hipotecaria supera ahora el
50% de los ingresos netos, si la carga hipotecaria se ha multiplicado al
menos el 1,5 por ciento en los últimos cuatro años y si se trata de una
hipoteca sobre la única vivienda en propiedad del deudor.
"Lo que quiere esta ley es que nadie se vaya de su casa, evitar que se produzcan desahucios", dijo De Guindos.
El decreto ley del jueves es un primer paso en una
serie de reformas que el Ejecutivo anunció que quiere abordar como los
intereses de demora; mecanismos para dar más independencia de las
sociedades de tasación respecto a los bancos; imponer límites en compras
de vivienda habitual para evitar el sobreendeudamiento o mecanismos
para evitar cláusulas abusivas.