MADRID.- El Gobierno admite que más de 5.000
de los más de 8.000 ayuntamientos españoles no han presentado sus cuentas de 2012 al
Tribunal de Cuentas, tal y como exige la Ley de Haciendas Locales, y
recuerda que este incumplimiento de la obligación de informar tiene
"consecuencias".
Así se pone de manifiesto en una respuesta parlamentaria dirigida a
UPyD, en la que el Ejecutivo
afirma que "no puede ni debe poner en duda las conclusiones del Tribunal
de Cuentas", que señala que 5.000 municipios no han presentado sus
cuentas generales en 2012, que cerca de un 20% tampoco lo hizo en los
años 2009 y 2010, y que hay incluso ayuntamientos con cuentas pendientes
de fiscalización desde hace seis o siete ejercicios.
Todo pese a que la Ley de Haciendas Locales, de 2004, encarga al
Tribunal de Cuentas la función fiscalizadora externa de la gestión
económica de las entidades locales y sus organismos y sociedades, con el
objetivo último de corregir cualquier posible anomalía y de exigir
responsabilidades contables a los gestores públicos.
Ante los incumplimientos detectados por el organismo fiscalizador,
UPyD pide al Gobierno una "mejora en el control de las cuentas de las
entidades locales", a lo que el Ejecutivo responde recordando que las
"consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de información"
están recogidas en la orden que desarrolla la Ley de Estabilidad
Presupuestaria, y que actualmente se está tramitando el proyecto de ley
de Transparencia, que también hará referencia a este asunto.
Por otra parte, UPyD también se ha interesado por la deuda de más
de 10.000 millones de euros que, según calcula, habrían acumulado las
comunidades autónomas con sus proveedores a en los diez primeros meses
de 2012, a pesar de la puesta en marcha por parte del Gobierno a
principios del año pasado de un plan de pagos dotado con más de 27.000
millones.
En respuesta a las preguntas de la formación magenta sobre cómo se
solucionará esta nueva acumulación de deuda, a qué cantidad asciende, y
por qué se ha reproducido esta situación, el Ejecutivo apela de nuevo a
las previsiones contenidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que
prevé "medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso" para las
entidades locales y comunidades autónomas que no cumplan con su
obligación de facilitar trimestralmente información sobre su deuda
comercial y sus planes de tesorería.
En el caso específico de los ayuntamientos que se acogieron al
Plan de Proveedores y que van a incumplir sus planes de saneamiento, el
Ejecutivo subraya que se aplicarán medidas coercitivas como la
"indisponibilidad de crédito" o la constitución de un depósito que
"puede convertirse en multa", e incluso el envío de expertos del
Ministerio de Administraciones Públicas a la administración afectada.
"No se puede establecer un listado de las causas de los
incumplimientos por parte de las administraciones autonómicas y locales
debido a la diversidad de situaciones financieras y de los problemas que
concurren en cada una de ellas y que, en ocasiones, responden a
naturaleza coyuntural o estructural", añade la respuesta
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