NICOSIA.- La crisis de Chipre comenzó con una tremenda explosión: la madrugada
del 11 de julio de 2011, casi un centenar de contenedores cargados de
explosivos almacenados a pleno sol durante dos años estallaron en una
base naval, dejando 13 muertos y dañando la principal central eléctrica
del país.
Chipre perdió más de la mitad de su capacidad energética y reparar el
estropicio costó al menos el 10% del PIB a un Estado que comenzaba a
arrastrar problemas de déficit fiscal por una economía basada en el
turismo, la construcción y los servicios financieros, todos sectores muy
dañados por la crisis global.
El Estado hubo de financiar el gasto a través de un aumento del
déficit -de un superávit del 0,9 % en 2009 pasó a un déficit del 6,3% en
2011- y la emisión de deuda, que se elevó del 49 % del PIB en 2008 al
90% en 2012, lo que lo dejó sin fondos para socorrer al sector bancario
cuando comenzaron sus graves problemas.
El sector bancario de Chipre, con unos 135.000 millones de euros en
activos, es inmenso en comparación con su economía nacional, de 17.800
millones, es decir 7,5 veces superior al PIB frente a una media del 3,5
de la UE, una ratio sólo superada por Luxemburgo (24 veces) e Irlanda (8
veces).
Durante años, ha engordado gracias a la atracción geopolítica de la
isla para hacer negocios en Europa y Oriente Medio y a la jugosa
rentabilidad que ofrecía: según los datos del Banco Central Europeo
(BCE), en enero de 2013 el interés medio para los depósitos a plazos
menores de un año era del 4,53 % (0,9% en Alemania).
Estos elevados intereses que, para evitar una fuga de capitales,
aumentaron a medida que avanzaba la crisis, los podía conceder la banca
chipriota gracias a su inversión en productos de riesgo con una gran
rentabilidad, como la deuda helena.
Igualmente poseía intereses en el sector de la construcción que
experimentó un boom durante la pasada década, con un incremento de los
precios de la vivienda del 50 % entre 2006 y 2008.
Otra de las fuentes que alimentaban los intereses eran las
operaciones de la banca chipriota en el extranjero donde, en países como
Ucrania, prestaban a unos intereses superiores al 15 %.
De acuerdo al Banco Central de Chipre, en 2012 el 40% de los 70.150
millones de euros en depósitos en la isla procedía del exterior y, de
éstos, la inmensa mayoría era propiedad de ciudadanos o empresas
extracomunitarios, sobre todo rusos.
Además, un reciente informe de Barclays estimaba que el 42 % de la
base de los depósitos estaba constituida por cuentas con más de medio
millón de euros.
“El problema del sector bancario chipriota no es su tamaño, sino su
exposición a la deuda griega”, señala el economista Stelios
Platis.
Al contrario que otros países europeos, hasta hace poco los bancos
chipriotas no necesitaron de inyecciones de dinero público y tampoco
recurrían al sistema de préstamo interbancario, pues obtenían suficiente
liquidez de los depósitos, recuerda Platis.
Sin embargo, cuando el pasado año se llevó a cabo la quita de deuda
griega, con pérdidas forzadas a los acreedores de en torno al 75 % de su
inversión, los bancos chipriotas perdieron unos 4.500 millones de
euros, lo que provocó que se tambaleara todo el sistema financiero.
Esto llevó a una bajada tras otra de la nota crediticia tanto de los
bancos como del Estado, que perdieron el acceso a los mercados el pasado
verano y han permanecido dependientes de las inyecciones de liquidez
del BCE y pendientes de una recapitalización exigida por la Autoridad
Bancaria Europea.
Pero el Gobierno, ocupado en reparar el desastre de la central
eléctrica e impelido por Bruselas a reducir su déficit, no disponía de
fondos para socorrer al sistema bancario, por lo que se dirigió a Rusia,
tradicional aliado de Nicosia, para firmar un crédito de 2.500 millones
de euros al 4,5% de interés.
Entretanto, el Estado hubo de intervenir en junio pasado el Laiki Bank, para evitar la quiebra del segundo mayor banco del país.
No era suficiente y Nicosia hubo de recurrir a la troika, que una vez
en Chipre situó las necesidades de financiación del sector bancario en
torno a los 10.000 millones de euros, el 60% del PIB.
Pero los desacuerdos entre el Gobierno del comunista Dimitris
Jristofias y los representantes del BCE, la Comisión Europea y el FMI
sobre las contrapartidas que debía aprobar Chipre -recortes y
privatizaciones- a cambio del préstamo, retrasaron la firma del rescate y
Bruselas prefirió esperar a que los chipriotas eligiesen a un nuevo
presidente en las elecciones de febrero.
De las urnas salió vencedor el conservador Nikos Anastasiadis con una
promesa en “firme”: acordar el rescate y no tocar los depósitos de los
chipriotas.
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