BRUSELAS.- La Comisión Europea ha reclamado este martes a España nuevas subidas
del IVA en algunos productos y de los impuestos medioambientales para
reducir el déficit y proseguir con la reforma laboral y con la de las
pensiones, retrasando la edad efectiva de jubilación.
Bruselas
reclama además al Gobierno que aplique de forma más estricta la ley de
estabilidad presupuestaria a las comunidades autónomas que incumplen sus
objetivos de déficit y que acelere la puesta en marcha de la oficina de
control presupuestario.
Estas recomendaciones aparecen en el
segundo informe de evaluación del rescate bancario para España elaborado
por el Ejecutivo comunitario, en colaboración con el Banco Central
Europeo (BCE). El informe recoge las conclusiones de los inspectores que
viajaron a Madrid del 28 de enero al 1 de febrero.
Bruselas
admite que la subida del IVA que se aplica desde el pasado septiembre
(del 18% al 21% el tipo general y del 8% al 10% el tipo reducido) supone
un "progreso" para mejorar la eficacia del sistema fiscal español. "No
obstante, todavía hay margen para limitar la aplicación de diferentes
tipos de IVA reducido y para aumentar los impuestos medioambientales,
especialmente a los carburantes", dice el informe.
En materia
presupuestaria, la Comisión pide además "reforzar" la aplicación de la
ley de estabilidad presupuestaria. "La aplicación de las disposiciones
de la ley por lo que se refiere a los mecanismos correctivos y de alerta
temprana podría hacerse más eficaz y transparente", sugiere.
El informe critica que los planes del Gobierno español para poner en
marcha una oficina presupuestaria independiente, exigida por la UE,
todavía están en una fase preparatoria". "Deberán acelerarse
considerablemente si se quiere que la oficina juegue un papel eficaz ya
para el ejercicio presupuestario 2014", reclama Bruselas.
"El
recurrente déficit en el sistema de seguridad social también debe
controlarse", pide Bruselas. En 2012, este déficit ascendió al 1% del
PIB, en lugar del equilibrio que había calculado el Gobierno. "Los
planes para introducir un factor de sostenibilidad en el sistema de
pensiones y para aumentar la edad efectiva de jubilación serían un paso
importante en esta dirección, pero todavía deben adoptarse", dice la
Comisión.
El informe constata que la reforma laboral aprobada
por el Gobierno de Mariano Rajoy el año pasado "podría estar empezando a
tener un impacto", como puede observarse en la moderación salarial y el
aumento de los despidos procedentes. "La reforma tiene potencial para
fortalecer el vínculo entre salarios, el ciclo económico y la posición
de las empresas", señala la Comisión.
No obstante, Bruselas
señala que "la dualidad en el mercado laboral persiste sin cambios" y
dice que "la gravedad de la situación del mercado laboral exige una
vigilancia y revisión continua del impacto de la reforma". Las
autoridades españolas se han comprometido a realizar una revisión
durante el primer trimestre del año y la Comisión les pide centrarse en
"el impacto en la dinámica salarial, la segmentación del mercado laboral
y la empleabilidad".
Además, el Ejecutivo comunitario pide al
Gobierno aumentar el gasto en formación, integración en el mercado
laboral y reorientación profesional, modernizar los servicios públicos
de empleo y mejorar la coordinación entre los nacionales y autonómicos.
Bruselas lamenta que todavía no se haya aprobado la "importante ley" de
liberalización de servicios profesionales y pide que el grado de
"ambición" de la ley de mercado único "no se reduzca durante el proceso
legislativo".
La Comisión Europea avisa de que el déficit de tarifa "supone un pasivo
contingente considerable para el presupuesto, así como riesgos
macroeconómicos no despreciables". En 2012, alcanzó 5.000 millones (el
0,5% del PIB), superando por un amplio margen el nivel previsto de 1.500
millones.
"El total acumulado del déficit de tarifa alcanza
los 29.000 millones", señala el Ejecutivo comunitario. Y avisa de que
pese a las medidas ya aprobadas por el Gobierno, en 2013 volverá a
alcanzar un nivel "considerable".
Para 2013, el Gobierno espera
que el déficit de tarifa sea cero, después de que los Presupuestos
Generales del Estado asuman cerca de 1.700 millones de costes
extrapeninsulares y otros 2.200 millones correspondientes a un crédito
extraordinario para sufragar la factura de las renovables.
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