El principal sindicato portugués denuncia una huida hacia adelante del Gobierno luso con "recortes brutales"

LISBOA.- El secretario general de la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP), Arménio Carlos, ha reprochado al Gobierno que en lugar de atender la sentencia del Tribunal Constitucional, que invalidó varios recortes incluidos en los presupuestos, haya recurrido a una "huida hacia adelante" y de preparar "recortes brutales" en los servicios públicos.

   "En vez de responder al llamamiento del Tribunal Constitucional, el Gobierno se prepara para huir hacia adelante (...) Lo que ha anunciado el primer ministro es que, diciendo que no al aumento de los impuestos, se prepara para un recorte brutal en el gasto social", ha afirmado Carlos en declaraciones a la agencia de noticias Lusa.

   El dirigente del CGTP, principal sindicato del país, ha reprochado que el Gobierno "intente acentuar la misma política que nos ha llevado hasta esta situación", una política que provoca "más exclusión social, más pobreza y más desigualdad".

   En definitiva, ha argumentado Carlos, el primer ministro Pedro Passos Coelho con sus declaraciones "ha realizado una nueva declaración de guerra contra los trabajadores y contra los usuarios de los servicios públicos de salud, educación y prestaciones sociales" que tendrá "profundas consecuencias en la calidad de vida" de los portugueses.

   Además, el sindicalista ha señalado que el Gobierno tiene alternativas a estos recortes. "En lugar de atacar las funciones sociales del Estado, el Gobierno puede tasar al capital con un impuesto sobre todas las transferencias financieras, una tasa del 10 por ciento sobre las plusvalías de la bolsa y reduciendo los beneficios fiscales de los grandes grupos financieros", ha argumentado.

   Passos Coelho anunció ayer que no subiría los impuestos y recurriría a los recortes para compensar la decisión del Constitucional de suspender la eliminación de las pagas extraordinarias para funcionarios y pensionistas, de contratos de docencia e investigación y del subsidio de enfermedad y desempleo. El Estado iba a ahorrarse más de 1.350 millones de euros con estas medidas.