LISBOA.- El Gobierno portugués anunció hoy nuevos recortes de
gasto social para compensar el veto del Tribunal Constitucional a varias
de sus medidas de austeridad que provocó un terremoto político en medio
de la crisis económica lusa.
En un discurso televisado a la nación, el primer ministro Pedro
Passos Coelho, incidió en que Portugal no puede dejar de cumplir con los
compromisos suscritos con los organismos internacionales a cambio de su
ayuda financiera y prometió que hará "todo lo posible" para evitar un
segundo rescate.
Para cumplir los objetivos acordados con la UE y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) pese al impacto presupuestario del fallo del
Contitucional (superior a los mil millones de euros), el líder
conservador pedirá de inmediato a sus ministros planes de reducción del
gasto y "acelerará" la reestructuración del Estado.
En ese sentido, anticipó que aplicará durante este mismo año "medidas
de contención del gasto público, sobre todo en las áreas de Seguridad
Social, Sanidad, Educación y en empresas públicas".
"No será fácil, en dos años este Gobierno ya ha reducido el gasto
primario del Estado (en el que no se incluye el pago de los intereses
por su deuda) en más de 13.000 millones de euros", reconoció.
En cambio, descartó volver a subir los impuestos tras el aumento de
la presión fiscal registrado en Portugal durante los dos últimos años,
coincidiendo con su llegada al poder.
El país, que atraviesa la peor crisis económica de su historia
reciente, ha aplicado estrictas medidas de austeridad desde que solicitó
el rescate financiero, en abril de 2011, a instancias de la UE y el
FMI.
Estos ajustes incluyen un fuerte incremento de impuestos directos e
indirectos, la disminución del gasto público y la privatización de
empresas estatales, entre otras medidas aplicadas a rajatabla por el
Ejecutivo conservador.
Passos Coelho atribuyó a la decisión del Constitucional de considerar
ilegales algunos de sus recortes en 2013 y también en 2012, la adopción
de "alternativas que no gozaban de la preferencia del Gobierno" para
reequilibrar las cuentas públicas, como el aumento de impuestos.
Por este motivo, reclamó a la oposición y a las instituciones lusas
sentido de la responsabilidad ante la situación de "emergencia" nacional
que exige "respuestas extraordinarias".
Desde los partidos de la oposición, sin embargo, se lanzaron fuertes
críticas al primer ministro por su reacción al fallo del Constitucional,
además de rechazar de plano la posibilidad de adoptar nuevos cortes al
Estado de Bienestar.
Portavoces del Partido Socialista (PS), del Comunista (PCP) y del
marxista Bloque de Izquierda (BI) coincidieron en reclamar a Passos
Coelho que renegocie las condiciones del rescate financiero del país, de
78.000 millones de euros, con la UE y el FMI, además de insistir en la
convocatoria de elecciones anticipadas.
"El Gobierno actúa como si Portugal no fuese un país soberano,
miembro de la UE, y es esa actitud la que le impide luchar por unas
condiciones más justas" en sus conversaciones con los organismos
internacionales prestatarios de la ayuda financiera, denunció el
secretario nacional de los socialistas, Joao Ribeiro.
La sombra de una hipotética crisis de Gobierno planeó ayer en
Portugal después de que los conservadores advirtieran públicamente que
el fallo del Constitucional coloca al país "en riesgo" y afecta a su
credibilidad internacional.
Tras reunirse con sus ministros, Passos Coelho solicitó una reunión
de urgencia con el jefe del Estado, el también conservador Aníbal Cavaco
Silva, quien alejó de nuevo el fantasma de unas elecciones anticipadas
-como ya ocurriera en 2011 con los socialistas en el poder- al respaldar
expresamente al Ejecutivo.
Cavaco Silva optó por apoyar al Gobierno pese a haberse mostrado
públicamente en desacuerdo con algunas de sus medidas de austeridad,
tanto que incluso solicitó -junto a otras instituciones- que el
Constitucional se pronunciara sobre varias medidas de los Presupuestos
de 2013.
Este fallo, según Passos Coelho, obligará a explicar a la UE y el FMI
los cambios en los Presupuestos para que pueda darse por cerrada su
última inspección a las finanzas del país y se libere el séptimo tramo
de su ayuda, de 2.000 millones de euros.
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