MADRID.- El PSOE ha registrado, para su debate en el
Pleno del Congreso, una proposición no de ley en la que propone que el
Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE) pongan en marcha un
programa de Financiación por Préstamos, similar a lo que el Reino Unido
hizo con el 'Funding for lending scheme', que permita reducir los costes
de la financiación para las empresas.
Según la iniciativa, el principal "cuello
de botella" de la economía española es la falta de crédito y el
endurecimiento de las condiciones de acceso al mismo, sobre todo para
las pymes, que se están viendo obligadas a destruir empleo de forma
masiva, además de estar limitando la puesta en marcha de nuevos
proyectos.
De hecho, según datos de la Seguridad Social citados en el texto,
el número de pymes se ha reducido un 12% desde 2008, y más del 75% de
las existentes tienen menos de nueve trabajadores, lo que ha causado una
pérdida de 1,4 millones de puestos de trabajo. Además, sólo el 24% de
las pymes españolas intentó acceder a financiación externa el año
pasado, frente al 51,5% que probó en el ejercicio anterior.
"Es un dato preocupante porque la mayoría se están quedando
excluidas de los canales de crédito, lo que también se está traduciendo
en un incremento de la morosidad", alegan los socialistas, apostillando
que en el cuarto trimestre de 2012 sólo un 4% de las pequeñas y medianas
empresas obtuvieron financiación sin problemas mientras que un 64% lo
consiguió con condiciones muy duras y un 32% ni siquiera pudo acceder al
crédito.
Por todo ello, el PSOE propone que el Banco de España, en
coordinación con el BCE, ponga en marcha un programa de Financiación por
Préstamos, de tal manera que incentiven a las entidades financieras a
otorgar créditos a empresas no financieras "a través de una reducción en
sus costes de financiación".
En concreto, se sugiere que este programa financie el crecimiento
del crédito neto de las entidades financieras que, así, podrían
"utilizar el colateral de este nuevo crédito a la economía real". Eso
sí, el acceso a esta financiación "en condiciones privilegiadas" estaría
supeditado al volumen de crédito concedido por las entidades a las
pymes.
"El coste sería menor para las entidades financieras que mantengan
o aumenten su crédito concedido", precisa el PSOE, apostillando que las
entidades financieras no tendrían que computar estos préstamos en su
balance, sino que tendrían la posibilidad de sustituirlos por títulos
públicos "con mayores garantías".
Para hacer un reconocimiento público a las entidades que "mayores
esfuerzos" realicen para facilitar la financiación a las pymes a través
se establecerían incentivos como, por ejemplo, con el acceso a las
líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
El programa estaría en vigor durante un tiempo determinado fijado
por la autoridad bancaria "en función de objetivos reales", y se podría
mantener "hasta que se recupere la actividad económica". Así, los
incentivos serían crecientes "en función de la distancia a los objetivos
perseguidos, y disminuirían según se acerque su cumplimiento.
También se sugiere fomentar el crédito bancario mediante programas
de garantías a través de sociedades de garantía recíproca (SGR), de tal
manera que "se garantice que los créditos lleguen a micro, pequeñas y
medianas empresas), así como instrumentar líneas específicas para pymes
del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
En la proposición los socialistas incluyen otras propuestas para
incrementar el volumen de crédito disponible y reducir la fuerte
dependencia de la financiación bancaria, utilizando para ello el capital
riesgo, los 'business angels', el capital semilla o los préstamos
participativos.
Con respecto al ICO, se pide reforzar su papel en el mercado
financiero y ampliar las líneas para empresas de reciente creación de
sectores con perspectivas altas, para empresas establecidas con
dificultades para recapitalizarse, o de descuento de facturas pendientes
de pago por parte de la administración pública.
En este mismo sentido, proponen disminuir la morosidad mediante la
puesta en marcha de procedimientos de reclamación simplificados para
deudas de bajo importe, el cumplimiento de la normativa europea y
nacional, y la posibilidad de que las empresas puedan compensar a través
de una única cuenta con la administración pública los pagos y cobros
pendientes reconocidos.
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