MADRID.- El sector español de la construcción ha unido sus
fuerzas tras cinco años de crisis para pedir al Gobierno un plan de
reactivación similar al que se ha puesto en marcha en el sector del
automóvil, con una inversión de hasta 9.000 millones de euros en los
próximos tres años con los que esperan crear 240.000 empleos, así como
otras medidas de "desregulación" para dar salida al 'stock' de 650.000
viviendas vacías que estrangula al sector.
Estas propuestas se incluyen en un plan de acción consensuado que
se ha presentado en la sede de la CEOE, en el marco de la feria
barcelonesa Construmat (21 y el 24 de mayo), para reactivar un sector
que arrastra 1,5 millones de parados y 170.000 empresas cerradas desde
el estallido de la 'burbuja' inmobiliaria y la caída de la inversión
pública.
El sector parte de que, asumidos los errores propios de la fase
alcista, el sector de la construcción sigue siendo imprescindible para
salir de la crisis y crear empleo. Así, el presidente de la
Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, ha dicho
durante la presentación que "no se podrá recuperar el empleo si no se
recupera la construcción".
Por ello, desde "la envidia sana" al sector del automóvil, también
ha reclamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que celebre una
cumbre con el sector en el marco de la Feria Construmat.
Antes de poder reunirse con el jefe del Ejecutivo, Lazcano ha
reclamado de antemano que "cualquier holgura presupuestaria" que pudiera
haber, por efecto por ejemplo de la reducción del coste de la deuda,
"sería oportuno dedicarla al sector".
Así, el sector pide un plan de choque con una inversión pública en
infraestructuras de 1.500 millones de euros en 2013, 3.000 millones en
2014 y 4.500 millones en 2015, lo que, a razón de 16 empleos nuevos por
cada 600.000 euros invertidos, permitiría generar 240.000 empleos en
tres años.
Según Lazcano, se trata de un inversión "modesta", ya que la
situación del 'ladrillo' haría necesaria una inversión "cuanto antes" de
hasta 10.000 millones de euros, el equivalente al 1% del PIB. Asimismo,
el sector reclama un pacto concertado de inversión en obra pública para
apostar por la eficiencia, la transparencia y la estabilidad en la
licitación de las obras.
En el ámbito residencial, otras de las propuestas persiguen la
"desregulación normativa" para dar salida a las cerca de 650.000
viviendas en 'stock'. Según ha explicado Lazcano, esta desregulación
podría contemplar que las viviendas protegidas vacías -15.000, según
cifras del sector-- puedan ponerse en el mercado libre, que se reduzcan
las reservas de suelo para VPO o incluso la posibilidad, que ya fue
apuntada en su día por el Gobierno, de dar permiso de residencia a
compradores de vivienda extranjeros.
En este punto, el presidente de la patronal de los promotores y
constructores de España (APCE), Manuel Galindo, ha precisado que la
vivienda protegida que no puede ponerse en alquiler o venta "no cumple
una función social", con lo que debería abrirse al mercado, y ha añadido
también la posibilidad de que las viviendas libres, hasta unos precios
máximos, puedan obtener los mismos beneficios fiscales que las viviendas
acogidas a los planes de vivienda.
Asimismo, entre las reclamaciones del sector se incluye la
petición de un interlocutor único e interministerial, que se comprometa a
elaborar un Plan Estratégico para el sector, nuevas líneas de
financiación y bonificaciones fiscales, estables a medio y largo plazo,
para propietarios de viviendas en alquiler, así como el estímulo de la
rehabilitación, en la que el sector calcula que por cada euro invertido
se genera un 85% de actividad económica adicional.
En este sentido, el plan demanda un Programa Global Estratégico de
Mantenimiento del Parque Público de edificios, y discriminar zonas y
segmentos donde hay potencial de demanda de obra nueva para poder
financiar promociones de viviendas.
Por último, el presidente de Construmat, José Miarnau, ha
recalcado que es la primera vez que de forma permanente los agentes del
sector suman sus esfuerzos y, aunque ha admitido que el sector "ha
cometido los errores propios de las fases expansivas", ha subrayado que
"es demasiado importante para que los poderes públicos los abandonen a
su suerte".
"Pedimos al Gobierno, y a las administraciones públicas a todos
los niveles que nos acompañen en esta nueva época. El sector público y
privado deben cooperar para el bien común, que no es otro que el de
crear riqueza. No se puede dejar bajo ningún concepto al sector en caída
libre, ni se lo merece ni nos lo podemos permitir", ha añadido.
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