sábado, 25 de mayo de 2013

Legitimidad democrática para la Zona Euro / Carlos María Brú Purón *

Por fin, François Hollande ha aludido a lo que era un valor entendido pero que todos esquivaban: la necesidad de un verdadero Gobierno de la Zona Euro con un "verdadero Presidente" de larga duración.

Por lo que, si pasamos de la anécdota a la categoría, me permito preguntar: ¿Cuántos, de 333 millones de habitantes de los 17 Estados que integran la Zona Euro, conocía la existencia y funciones de Jeroen Dijsselbloem como Presidente del Eurogrupo, hasta que la crisis de Chipre le trajo a primer plano?  ¿Cuántos ciudadanos le había votado para el cargo?

Y es que, legalmente, el peso institucional de esta persona, de su antecesor Juncker y los que vengan, es mínimo: el único texto legal dedicado a ellos, Protocolo 15 del Tratado de Lisboa, no otorga más prerrogativas que la de "reunir informalmente" a los 17 Ministros de Economía del Eurogrupo y ser "invitado a las sesiones del Ecofin".

Ocurre, sin embargo, que su poder de hecho, o al menos resonancia del mismo, deberían ser mucho mayores, dado que representa a la Eurozona, el más significado "circulo concéntrico" de los que Delors previó en la Unión Europea. A diferencia de Schengen y otras “distintas velocidades” en la Unión, la moneda común ha creado para esos 17 Estados un auténtico mundo aparte, en el que la necesaria disciplina económica, derivada de la monetaria, repercute directa y endogámicamente en la vida de esos trescientos y  pico millones de ciudadanos.
Para bien o para mal,  hay quién dice que para esto último.

Porque si la moneda común ha privado  a los países de la devaluación monetaria como arma competitiva; si el rigor presupuestario impuesto a los en crisis comporta el consabido austericidio -  según el FMI, por 1 punto porcentual/PIB de reducción en gasto público, dicho PIB  del país pierde 1,7 puntos-, pero también el olvidado austerosuicidio - la depresión del  Sur daña al Norte por falta de clientela-; cuando una interpretación errónea del artº. 123 del Tratado de Funcionamiento (TFUE) impide la prestación de solvencia por parte del BCE a los Estados; cuando se recuerdan los cientos de miles de millones de rescates a Bancos desde el comienzo de la crisis acá, o el atraco del 5 % de interés pagado por los Estados - léase contribuyentes- a intermediarios bancarios que lo obtuvieron del BCE al 1 %; cuando, últimamente y a lo chipriota, fueron los simples depositantes, más que los ágiles  evasores, los paganos; ... cuando ocurre todo eso no es de extrañar la tentación, teñida de populismo: “¡que no  me quede como estoy... yo me apeo!" (del euro).

Y no sólo gente, también ha sido respondón un Tribunal Constitucional, el de Portugal.

Cierto es que ha habido lenitivos, cómo ese MEDE sufragado por los 17, que posibilita anticipos a Estados carentes de liquidez, pero previa petición de Rescate y sujeción a un memorandum de entendimiento, por su sigla inglesa ese MOU de gesto tan adusto como el entrenador madridista homónimo. Y que, según el demostrado circuito de "ayuda ex post, retraimiento de mercados", será remedio que enfebrecerá más nuestra querida prima de riesgo. Y olvidémonos del farol “draghiano” de los OMTs de 2.012, que los Estados sureños desatendieron, porque eso era una vuelta a las andadas: rescate y empujón al costoso mercado secundario.

Avanzamos, sí: se prevén autoridades únicas de supervisión y resolución de entidades bancarias, Tasa de Transacciones Financieras en 11 países, lo de Chipre llevará a luchar contra los paraísos fiscales dentro de la Eurozona (¡attention Luxemburgo!), etc.

Pero la moneda común conlleva una profunda intersección económica, ésta exige mutualización, hasta un tope, de deuda pública, también unión bancaria y armonizaciones fiscal y social. En definitiva, integración política.
La que a su vez incurrirá en voluntarismo si no accede al campo de la Ley, en este caso el  Derecho  Comunitario primario. Que no es intouchable.

Una sigilosa Decisión del Consejo ya lo modificó, en concreto el  artículo 136 TFUE dónde, so pretexto de legalizar el MEDE,  permitió “activar” mecanismos; lo que, en una interpretación finalista, puede ser base de lo que su Exposición de Motivos insinuaba: abrir el grifo del BCE a Entidades Públicas a través de los respectivos Bancos Centrales.

¿No cabe hacer más? Si recordamos, con David Graeber, que históricamente “la acuñación de moneda trajo la Ley”, y con Verhofstadt y Cohn-Bendit que “no hay un solo ejemplo de moneda única sin Estado” (o su equivalente, Federación plurinacional), cabe vaticinar para el euro, Ley en la mano, que llegue a ser la  palanca de una Federación a 17,  distinta aunque no distante, de la ya simple Confederación a 27.

Pero la legalidad exige legitimidad, y ésta a su vez descansa en la voluntad ciudadana, o séase el voto.

El Eurogrupo (ministros de Economía de los 17), ha sido indirectamente votado, porque al igual que el Consejo de los 27, representa a Gobiernos internamente elegidos. La Comisión, así como asá,  pero las audiencias (hearings) ante el Parlamento Europeo han dado un cierto marchamo a los Comisarios; y la propuesta, parece que en serio, de que el futuro Presidente de la Institución figure en cabeza, según las distintas opciones políticas, de las listas electorales europeas de 2.014, legitimará a al Comisión toda. 

Con ello vuelvo al comienzo: ¿Hemos votado a Dijsselbloem? No, pero hay remedio.  

Bastaría  que, a semejanza de lo dicho para el Durao de turno, en las listas de los 17 países euro figuren también  candidatos a la Presidencia del Eurogrupo.
Pienso que tal cargo electo, encabezando un Eurogrupo gubernamental cuyo interlocutor parlamentario fuesen –esto es muy importante- tan sólo los Eurodiputados procedentes de la Zona Euro, aportarían a ésta la legitimidad mínima exigible para tomar las decisiones clave que necesitamos.
Y si eso a su vez comporta – así lo recomiendan J.P. Piris y D.Sidjansky- crear dentro del PE una Comisión especial y estable de eurodiputados de origen Eurozona, sería un tema a estudiar que dejo para posterior artículo.

(*) Notario y político español

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