LUXEMBURGO.- Los ministros de Economía de los Veintisiete
han aprobado este viernes definitivamente dar a España dos años extra,
hasta 2016, para situar el déficit por debajo del umbral del 3% del PIB.
A cambio, han exigido al Gobierno de Mariano Rajoy que acelere reformas
como la de las pensiones y que suba el IVA para algunos productos y los
impuestos a los carburantes.
El Ecofin considera que el plan de reformas aprobado por el
Gobierno "va en la buena dirección", pero subraya "la urgencia de
adoptar y aplicar de forma eficaz las reformas pendientes de forma que
puedan empezar a generar los efectos positivos esperados", según el
borrador que aprobarán los ministros.
Con la relajación que autoriza el Ecofin, los nuevos objetivos de
déficit son el 6,5% para este año (dos décimas más de lo que había
pedido el Gobierno), el 5,8% en 2014, el 4,2% en 2015 y el 2,8% en 2016.
Para este año, la UE reclama a España aplicar los presupuestos
para 2013 "en todos los niveles de la administración" y "estar preparada
para adoptar medidas correctivas en caso de desviaciones de los planes
presupuestarios". Además, el Gobierno debe especificar las medidas
estructurales que piensa adoptar para los años 2014-2016 con el fin de
cumplir los nuevos objetivos. La meta final debe ser llegar al
equilibrio presupuestario en 2018.
El Ecofin exige además que se ponga en marcha antes de final de
año la autoridad fiscal independiente y que se mejore la aplicación de
la ley de estabilidad presupuestaria a las comunidades autónomas.
En materia de impuestos, los Veintisiete respaldan la petición de
Bruselas a España para que suba el IVA a algunos productos a los que en
la actualidad se aplica el tipo reducido, que aumente los impuestos
especiales sobre carburantes y que suprima las deducciones en el
impuesto sobre la renta y en el de sociedades.
Así, el Gobierno de Mariano Rajoy deberá "realizar una revisión
sistemática del sistema fiscal para marzo de 2014". Como parte de este
ejercicio, España tendrá que "explorar el margen existente para una
mayor limitación de la aplicación de los tipos de IVA reducidos", así
como "adoptar medidas adicionales en impuestos medioambientales,
especialmente por lo que se refiere a impuestos especiales e impuestos
sobre los carburantes".
El Ecofin resalta que "la ratio ingresos tributarios/PIB (de
España) sigue siendo una de las más bajas de la UE". "La eficiencia del
sistema tributario puede mejorarse más aumentando la proporción de
impuestos indirectos más favorables al crecimiento", señala el texto,
que reclama reforzar la lucha contra la evasión fiscal y la economía
sumergida.
Al ser preguntado por los productos a los que el Gobierno se
plantea subir el IVA, el ministro de Economía, Luis de Guindos ha
respondido: "No le puedo decir, eso no está en absoluto en la agenda"
En materia laboral, el Ecofin pide a España que finalice como muy
tarde en julio la evaluación de los resultados de la reforma del año
pasado y que "presente enmiendas, si es necesario, en septiembre de
2013".
El Gobierno debe concluir en plazo la reforma de la administración
local y "definir para octubre de 2013 un plan para mejorar la
eficiencia del conjunto de la administración pública". El Ecofin ve
prioritario "mejorar la calidad del gasto público en todos los niveles
de Gobierno, y realizar una revisión sistemática de las mayores partidas
de gasto en marzo de 2014 a más tardar".
En materia sanitaria, la UE pide a España reducir el gasto
farmacéutico en hospitales y mejorar los incentivos a favor de un uso
eficiente de los recursos, por ejemplo con más copagos.
Una de las novedades incluidas en las recomendaciones es la
petición de "crear un observatorio independiente para informar sobre la
evaluación de futuros grandes proyectos de infraestructuras". Además, la
UE pide a España que limite los costes de infraestructuras de
transportes que no son rentables.
Por lo que se refiere a las pensiones, el Ecofin reclama al
Gobierno que concluya la reforma del factor de sostenibilidad antes de
que acabe el año, aunque admite que el cambio no se base sólo en seguir
retrasando la edad de jubilación, como reclamaba Bruselas, sino también
en un ajuste de la cuantía de las pensiones.
La UE solicita a España que ponga en marcha cuanto antes la nueva
ley de unidad de mercado y que apruebe antes de fin de año la norma que
liberaliza los servicios profesionales.
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