MADRID.- La Administración del Estado, los gobiernos
autonómicos, las entidades locales y las universidades españolas destruyeron
49.656 empleos entre el 1 de enero y el 1 de julio del año pasado
(-1,8%), con lo que el número de empleados al servicio de estas Administraciones bajó hasta los 2.636.181 efectivos, frente a los
2.685.837 con los que contaba a principios de 2012.
Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las
administraciones públicas que acaba de publicar el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, las administraciones locales
fueron las que más efectivos perdieron en estos seis meses, con 29.917
empleados menos (-5%), hasta un total de 567.295 trabajadores.
Le siguen las comunidades autónomas, que recortaron 17.657 puestos
de trabajo (-1,3%), hasta sumar 1.334.226 efectivos. Las universidades,
por su lado, perdieron 113 empleos en este periodo (un 0,07%), al pasar
de 154.881 efectivos en enero de 2012 a un total de 154.768 el 1 de
julio de ese mismo ejercicio.
Por su parte, la Administración Pública Estatal, que incluye a la
Administración General del Estado (AGE), las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Administración de Justicia y las
entidades públicas empresariales y organismos públicos con régimen
específico, destruyeron 1.969 puestos de trabajo (-0,33%), hasta un
total de 579.892 empleados.
Concretamente, la AGE redujo su plantilla en 1.683 personas en los
seis primeros meses del año pasado (-0,7%), hasta 233.002 trabajadores,
mientras que las Fuerzas Armadas perdieron 175 efectivos y las
entidades públicas, 444 empleados. Por el contrario, al personal al
servicio de la Administración de Justicia creció en 306 efectivos y el
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 27.
Dentro de la Administración General del Estado, los ministerios y
organismos autónomos fueron los que más puestos de trabajo destruyeron
en estos seis meses, con 1.845 empleos menos (-1,4%), hasta sumar
123.136 efectivos.
Los centros penitenciarios (-92 empleados), la docencia no
universitaria (-204), las entidades gestoras de la Seguridad Social
(308) y Patrimonio Nacional (-6) también perdieron personal, en
contraste con la Agencia Tributaria, que ganó 756 efectivos en la
primera mitad del año pasado (+2,7%), hasta sumar 28.283 trabajadores.
Por su parte, las Agencias Estatales destruyeron 61 puestos de
trabajo y las instituciones sanitarias, Seguridad Social y Defensa
incrementaron su plantilla en 77 personas.
En el caso de los gobiernos autonómicos, las comunidades aplicaron
el mayor ajuste entre los docentes no universitarios, que se redujeron
en 12.183 puestos de trabajo. Además, eliminaron de las instituciones
sanitarias 3.802 plazas y de las consejerías y demás organismos
autónomos, otras 1.563. El 40% del personal autonómico trabaja en la
educación (no universitaria) y otro 37,6%, en el sistema sanitario.
Por otro lado, de esos 1,33 millones de empleados autonómicos,
921.109 eran el año pasado funcionarios; otros 142.490, personal
laboral, y el resto, 270.000, empleados de otro tipo. En todos los
casos, el número de mujeres casi duplica al de hombres.
Por autonomías, Andalucía suma 250.609 empleados; le siguen
Cataluña (168.261), Madrid (155.431), la Comunidad Valenciana (130.097),
Galicia (87.100), Castilla y León (86.975), País Vasco (67.261),
Castilla-La Mancha (66.019), Canarias (60.649), Murcia (51.457),
Extremadura (45.828), Aragón (43.572), Asturias (35.690), Baleares
(28.747), Navarra (23.670), Cantabria (19.941) y La Rioja (10.236).
Ceuta cuenta con 1.437 empleados y Melilla, con 1.246.
En cuanto a las entidades locales, los ayuntamientos han reducido
su personal en 28.049 puestos y las diputaciones, cabildos y consejos
insulares, en 1.868. Esta administración sumaban, según estos datos de
2012, un total de 567.295 empleados, con una proporción mucho mayor de
hombres que de mujeres (140.000 frente a 80.000), a diferencia de las
autonomías.
De ese total, casi 500.000 trabajan en los ayuntamientos y de
éstos, y a diferencia del resto de administraciones, la mayoría no son
funcionarios: 210.000 empleados laborales y de otro tipo frente a
190.000 funcionarios.
En cuanto a las diputaciones, cabildos y consejos insulares, suman
casi 70.000 empleados, 30.000 de ellos funcionarios y el resto,
personal laboral o de otro tipo. En los municipios, el número de
empleados hombres duplica al de mujeres mientras que en las diputaciones
y demás entes locales el reparto es casi idéntico.
El Boletín Estadístico del personal al servicio de las
Administraciones Públicas empezó a publicarse en 1990 y su periodicidad
es semestral.
El Ministerio precisa que en los datos estadísticos no se incluyen
los altos cargos y los cargos electos; el personal al servicio de los
órganos constitucionales; el personal de las entidades públicas
empresariales de las comunidades y la administración local; el personal
de empresas públicas, fundaciones, mutuas, consorcios y sector público
no administrativo del conjunto de administraciones; el personal en
formación y prácticas y en reserva; el personal laboral con contratos de
menos de seis meses de las distintas administraciones, excepto la
laboral, y el personal del CNI.
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