MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación de la Ley General Presupuestaria que habilita
al Ministerio de Economía y Competitividad de España a autorizar operaciones de
depósito a plazo y la colocación de fondos en cuentas tesoreras ante la
"inminente" decisión del Banco Central Europeo (BCE) de no retribuir o,
incluso, penalizar el depósito de fondos de entidades públicas en los
bancos centrales después del cierre diario de operaciones.
En este sentido, el Real Decreto Ley que prevé la segregación de
Adif en dos entidades públicas incluye también una modificación del
artículo 108.2 de la Ley General Presupuestaria para habilitar que el
ministro de Economía y Competitividad pueda autorizar la realización de
operaciones de depósito a plazo y colocación de fondos en cuentas
tesoreras, además de las ya contempladas de préstamo y adquisiciones
temporales de activos.
"La urgencia de esta modificación viene dada por la inminente
decisión, por parte del Banco Central Europeo, de no retribuir o,
incluso, penalizar el depósito de fondos de las entidades del sector
público de los distintos Estados miembros en los bancos centrales
después del cierre diario de operaciones", ha explicado el Gobierno.
Desde julio de 2012, el BCE no remunera los depósitos de las
entidades en las cuentas del banco central al cierre de cada jornada,
aunque Mario Draghi ha reconocido que el Consejo de Gobierno de la
institución está "técnicamente preparado" para aplicar un interés
negativo a la facilidad de depósito, lo que, en la práctica, supondría
cobrar a las entidades que prefieran guardar su liquidez en la 'hucha'
del BCE en vez de prestarla o invertirla.
En una carta remitida el pasado mes de septiembre por Mario Draghi
al eurodiputado Ramón Tremosa i Balcells, el banco central reconoce al
Instituto de Crédito Oficial (ICO) como entidad válida para participar
en las operaciones de liquidez realizadas por el BCE.
En su carta, Draghi reconocía que la liquidez suministrada por el
BCE "no está destinada a ningún propósito en particular" y, por lo
tanto, las entidades participantes "son libres de usar los fondos
recibidos según sus propios intereses y decisiones de gestión de
riesgos".
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