LONDRES. El Gobierno británico ultima una reforma sanitaria que restringiría
el acceso de los extranjeros al sistema público mediante el cobro de
determinados servicios, en un intento del Ejecutivo de David Cameron de
reducir los 500 millones de libras que, según el Departamento de
Sanidad, cuesta la atención médica de ciudadanos sin residencia.
El plan, cuyos detalles definitivos previsiblemente serán publicados
en marzo de 2014, contempla cobrar a los extranjeros por la
prescripción de recetas o mayores cuotas por el uso de los servicios de
óptica y odontología, según la BBC. El Gobierno estudia también la
introducción de un nuevo sistema para identificar y registrar a los
pacientes que no tengan acceso libre a la sanidad pública.
Quedan fuera de este nuevo sistema las consultas de medicina general
y de enfermería, que seguirán siendo gratis, así como la asistencia
inmediata en caso de emergencia. No obstante, en este último caso, las
autoridades se reservan la posibilidad de cobrar tratamientos o ingresos
hospitalarios necesarios 'a posteriori'.
El Departamento de Sanidad calcula que, cada año, la asistencia médica a extranjeros supone a las arcas públicas de Reino Unido unos 500 millones de libras (600 millones de euros).
El secretario de Estado de Sanidad, Lord Howe, ha advertido que el actual sistema universal hace del país "la envidia del
mundo", pero ha apuntado que corresponde al Ejecutivo asegurarse de que
se trata de un "método justo" para "los contribuyentes británicos que lo
financian".
El Partido Laborista está de acuerdo con "mejorar la recuperación de
costes" derivados de la asistencia extranjeros. Sin embargo, por boca
de su portavoz en Sanidad, Lord Hunt, ha lamentado que los médicos y
enfermeras terminen convertidos en "agentes de inmigración".
Hunt ha pedido al Gobierno de Cameron que, en lugar de buscar
"titulares" con este tipo de informaciones, apueste por cambios
"razonados" y "prácticos", informa 'The Guardian'.
La Asociación Médica Británica, por su parte, ha advertido de que la
reforma podría ser contraproducente si los profesionales médicos
terminan dedicando demasiado tiempo a rellenar papeles. Asimismo, teme
que la administración gaste en trámites burocráticos más dinero del que
recuperará con las nuevas tasas.
Los cambios en materia de inmigración, largamente anunciados por
Cameron, tienen como contexto el inminente fin de los controles
aplicados hasta ahora a rumanos y búlgaros. El 1 de enero de 2014
expiran los límites vigentes para esos dos países de la Unión Europea y
Cameron quiere imponer nuevas reglas para limitar lo que él mismo ha
calificado de "desequilibrio" migratorio.
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