sábado, 3 de agosto de 2013

Seis de cada diez lusos culpan a Passos Coelho, Portas y Cavaco de la crisis política portuguesa

LISBOA.- Seis de cada diez portugueses culpan al primer ministro, Pedro Passos Coelho, a su 'número dos' en el Ejecutivo, Paulo Portas, y al presidente del país, Aníbal Cavaco, de la crisis política que ha atravesado el país en las últimas semanas, según un barómetro publicado por los medios lusos.

   Portas es el principal culpable de la crisis política que ha azotado al país y que puso en jaque al Ejecutivo portugués para el 34 por ciento de los encuestados, mientras que dos de cada diez señalan a Passos Coelho como el máximo responsable.
   De acuerdo con el barómetro de opinión de la Universidad Católica, el once por ciento de los ciudadanos considera al presidente de Portugal como el principal causante de la crisis política en el país.
   La confianza en Cavaco, sin embargo, se mantiene en el 42 por ciento, la institución que goza de mejor reputación, aunque el 55 por ciento desconfía. Peores datos registran los partidos políticos y el Gobierno, de quienes un 69 y un 70 por ciento de los portugueses, respectivamente, recelan.
   En este contexto, solo el doce por ciento respalda la solución actual de una coalición de Gobierno conformada por el Partido Social Demócrata (PSD) de Passos Coelho y el Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP) de Portas, mientras que la remodelación del Ejecutivo emprendida por el primer ministro no convence a más de la mitad de los encuestados. La opción de unas elecciones anticipadas gana enteros y obtiene el apoyo de casi cuatro de cada diez.
   En el aumento de la impopularidad de Portas ha pesado que rectificara su dimisión "irrevocable" cuando era ministro de Asuntos Exteriores, el desencadenante de la inestabilidad política en la coalición de Gobierno.
   El líder del CDS-PP amagó con salir del Ejecutivo por sus desacuerdos en los ajustes y recortes acordados con los acreedores internacionales.
   Posteriormente, alegó que prefería pagar un "precio de reputación" en aras de un "futuro mejor" para el país y volver al gabinete de Passos Coelho. Casi ocho de cada diez encuestados creen que Portas actuó "mal o muy mal".
   En estas semanas de tensión política, los portugueses penalizan la actuación de los otros tres principales líderes políticos. Para un 67 por ciento, Passos Coelho erró en su gestión, al igual que Cavaco para casi seis de cada diez encuestados. El 52 por ciento critica la labor del líder del Partido Socialista, António José Seguro.
   Le siguen el anterior primer ministro, el socialista José Sócrates y el exministro de Finanzas, Vitor Gaspar, con el tres por ciento. El mismo porcentaje de encuestados opina que "todos los gobiernos" son responsables de la crisis política.
   Cavaco rechazó el acuerdo alcanzado entre el PSD y el CDS-PP remodelar el gabinete y pidió a los socialistas que formara un Gobierno de "salvación nacional" a tenor de la "emergencia nacional". Seguro desestimó tal posibilidad, al tiempo que la inestabilidad en los mercados se acentuó, contagiándose a España e Italia.
   Los dos partidos gobernantes han aceptado que habrá elecciones anticipadas el próximo año y se han comprometido a cumplir la 'hoja de ruta' de recortes y ajustes acordada con la 'troika' --Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional.

Profesor Niño Becerra: "España acarrea una deuda que no puede pagar"

BARCELONA.- El catedrático de Estructura Económica de la Unversidad Ramón Llull, Santiago Niño Becerra, cree que España acumula "una deuda que no puede pagar porque no crece lo suficiente". Sin embargo, apunta una serie de medidas que podrían adoptarse si se quiere hacer frente a sus intereses.

Uno de los problemas que afronta España es su sistema productivo. "Es un sistema intensivo en factor trabajo, no puede absorber toda la población activa de España" que impide emplear a toda la población y generar recursos para pagar los intereses de la deuda, comenta el catedrático catalán.
Para pagar el principal de la deuda y sus intereses hay que "subir impuestos ineludibles (lo de luchar contra el fraude se dice bajito); reducir el gasto público que no tenga retorno a cortísimo plazo; reducirles costes a las empresas para que, las que sobrevivan, exporten algo; y recomendar a la población que se conforme con esto es lo que hay y no hay otra cosa", sentencia Niño Becerra.
Pero lo peor es "que se sigue sin entrar en el núcleo del problema: la posibilidad de devolver la deuda total, la empleabilidad de la población activa, la viabilidad de actividades y zonas, el estado real de la banca... En fin". 
Para Becerra no se están afrontando los principales problemas que lastran el crecimiento de España.
Respecto a la recuperación económica y posterior salida de la crisis, Becerra pone una fecha lejana: "Hablar de 'recuperación' en el 2018 dejando que cada cual se imagine lo que la 'recuperación' será", comenta Becerra en su cuenta personal de Twitter.

Los ahorradores alemanes pierden 14.000 millones de euros por bajos intereses

BERLÍN.- Los ahorradores alemanes han perdido en lo que va del año 14.000 millones de euros debido a los bajos intereses, según cálculos del Postbank que publica el diario "Bild".

El año próximo, según la misma fuente, la política de bajos intereses que lleva actualmente el BCE para combatir la recesión seguirá afectando negativamente a los ahorradores alemanes.
"El aumento de la inflación y los intereses bajos harán que la pérdida de valor de los ahorros se acelere", dijo el director de estrategia del Postbank, Marco Bargel.
La inflación en Alemania alcanzó en julio, según los primeros cálculos del Departamento Federal de Estadística (DESTATIS), un 1,9 por ciento mientras los intereses que los bancos pagan a los ahorradores no pasan del 1,5 por ciento, según la fiduciaria FMH, citada también por "Bild".
El bajo nivel de los intereses también afectará negativamente los seguros de vida y los planes complementarios de pensiones de las empresas.
El economista jefe del DekaBank, Ulrich Kater, considera que muchos trabajadores seguirán activos económicamente después de su jubilación para compensar la pérdida de valor de sus ahorros y de sus pensiones.

Cerco fiscal y económico de España a Gibraltar y restricción para sus comunicaciones


MADRID.- El Gobierno nacionalista y conservador de Mariano Rajoy está preparando un plan de medidas para responder a las últimas maniobras de las autoridades de Gibraltar, que el Ejecutivo considera que han dado un salto cualitativo con el reciente episodio del lanzamiento de bloques de hormigón a la Bahía de Algeciras que ha dejado inutilizado el caladero para los pescadores españoles.  

   Según han informado hoy fuentes gubernamentales, con el paquete de medidas que se está elaborando, y que incluye la anulación de algunos acuerdos alcanzados durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, se pretende mostrar que "las políticas contrarias a España tienen un coste".
    Para ello, se han puesto encima de la mesa medidas de diversa índole, que van desde la creación de una 'tasa de congestión' a los vehículos que atraviesan La Línea con origen o destino en Gibraltar a un plan de lucha contra el fraude fiscal que pasa por localizar a los cerca de 7.000 gibraltareños que tienen su residencia fiscal en el Peñón, pero su residencia "real' en España.
   Además, pretende revisar algunas de las concesiones que se hicieron en el marco de la 'Declaración de Córdoba', firmada en 2006 en el marco del Foro Tripartito que instauró el anterior Gobierno con Reino Unido y Gibraltar y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy rechaza ahora de plano, al considerar que otorga a la colonia un "estatus" idéntico al de los dos países.
   El Gobierno se plantea "volver a la situación previa" a la Declaración firmada en Córdoba en lo que se refiere al tráfico aéreo en Gibraltar, uno de los puntos más destacados de dicho acuerdo, que abría la puerta al uso civil del aeropuerto militar en el Peñón y levantaba las restricciones españolas al uso de su espacio aéreo.
   De esta manera, el Ejecutivo de Mariano Rajoy propone ahora redefinir la zona restringida de Algeciras, una zona actualmente prohibida para todos los vuelos a excepción de los civiles, con un plan de vuelo autorizado, para que pase a ser "zona prohibida a todos los vuelos", una medida que dificultaría las maniobras de acceso al aeropuerto de Gibraltar.
   Además, el Gobierno mantendrá su firmeza en el ámbito de la Unión Europea a la hora de bloquear la aprobación de cualquier normativa en materia de aviación civil que no contenga una cláusula de suspensión de su aplicación al aeropuerto de Gibraltar.
   Al margen de esto, también se está revisando el acuerdo por el que, en el marco de la Declaración de Córdoba, España "concedió" a Gibraltar en 2006 la conexión de 60.000 líneas telefónicas, que atraviesan el municipio de La Línea de la Concepción, cuyo ayuntamiento recibe "apenas 4.000 euros anuales" como 'servidumbre de paso'.
   En la actualidad, Gibraltar está preparando un nuevo proyecto para potenciar la capacidad de la colonia en comunicaciones telefónicas que consiste en un cable submarino que, al parecer, atravesaría la zona donde faenan los pescadores españoles. A juicio del Gobierno, aquí puede estar también otra causa del lanzamiento de los bloques de hormigón que han disparado las tensiones: además de perjudicar la labor de los pescadores españoles, facilitar el tendido del cable.
   Pero, como ya le trasladara el pasado domingo el jefe de la diplomacia, José Manuel García-Margallo, a su homólogo británico, William Hague, el Gobierno español va a continuar defendiendo "los intereses" de los pescadores que faenan en las aguas que rodean el Peñón.
   De hecho, el Gobierno contempla en su plan "una actividad marítima moderada y continuada por parte española" en la zona de Gibraltar, con la que transmitir "un mensaje de firmeza y perseverancia" en la defensa de sus posiciones tradicionales. Esto es, en la reivindicación sobre las aguas próximas a Gibraltar.
   Además, mantendrá su oposición total al lanzamiento de bloques de hormigón al fondo del mar, que el Gobierno ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente y notificado a la Comisión Europea. Las primeras consecuencias de esta denuncia se han concretado en la inmovilización de varios camiones cargados de grava, hormigón y material de construcción que esta semana pretendían cruzar la verja con dirección a Gibraltar.
   El Gobierno ha dejado también claro, en sus conversaciones con las autoridades británicas, la "gravedad extrema" que otorgaría a un nuevo lanzamiento de bloques como los que arrojaron al mar la semana pasada y que, según la denuncia,  han dañado a "la totalidad" de especies de la zona y dejado "inutilizado" el caladero para la pesca con rastro remolcado y "muy probablemente para el resto de las artes".
El paquete de medidas que está elaborando el Gobierno español también incluye un amplio plan contra el fraude fiscal que contempla nuevas actuaciones de control en los ámbitos de la imposición directa, indirecta y aduanera.
   Para empezar, se tomarán medidas para evitar el fraude fiscal que cometen aquellos gibraltareños que tienen su residencia real, pero no fiscal, en España. El Gobierno estima en unos 6.700 los gribraltareños que se benefician o disfrutan de la red de servicios sociales y las infraestructuras en España sin pagar impuestos.
   Ahora, se va a tratar de comprobar su residencia real en territorio nacional para "realizar las oportunas liquidaciones tributarias".  Además, se va a luchar contra la evasión fiscal consistente en la constitución de sociedades en Gibraltar que tienen como objetivo ocultar la verdadera titularidad de bienes inmuebles en España. De este modo, evitan el pago de impuestos de transmisiones de estos bienes en España.
   El paquete se completa con medidas contra el fraude en la tributación indirecta. Para ello, se va a seguir persiguiendo el contrabando de tabaco, a través de exhaustivos controles aduaneros en la verja y vigilancia en su perímetro y en las playas limítrofes. Además, se intensificarán los controles aduaneros y fiscales de los trasvases de combustible en aguas próximas al Peñón.
   La lucha contra estos fraudes es uno de los motivos por los que España seguirá realizando controles en la verja como los de los últimos días, que han provocado las protestas de las autoridades del Peñón y del  Gobierno británico, que ayer convocó al embajador español en Londres para expresarle su "preocupación" y obtener garantías de que no se repetirán.
   Sin embargo, España defiende que es su "obligación" realizar estos controles de personas, vehículos y mercancías, dado que Gibraltar no forma parte del Espacio Schengen. El Gobierno considera que son "irrenunciables" y seguirá haciéndolos cuando lo considere "necesario".
   Ahora, el Gobierno está estudiando además imponer una 'tasa de congestión' a los vehículos que atraviesan la Línea de la Concepción con destino u origen en Gibraltar, cuyos ingresos irían destinados al desarrollo económico del Campo de Gibraltar, con una atención especial al sector pesquero, perjudicado por la política de "hechos consumados" de las autoridades del Peñón.