CIUDAD DE PANAMÁ.- El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), encargado de la
ampliación del Canal de Panamá y enfrentado a la administración de la
vía acuática por un conflicto contractual, afirmó hoy que es "la
solución, no el problema", y que sus reclamos millonarios son justos y
apegados a la realidad del proyecto.
En un cuestionario electrónico contestado por Paolo Moder, miembro de
la Junta Directiva de GUPC, el consorcio denuncia el "doble discurso"
de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), y niega que busque "negociar
fuera del contrato" unos "sobrecostos" que ha cifrado en más 1.600
millones de dólares.
El GUPC, que lidera la española Sacyr e integran la italiana
Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, ha apelado a una
cláusula del contrato para anunciar esta semana que paralizará los
trabajos de ampliación a partir del 20 de enero si la ACP no reconoce
sus reclamos económicos.
El administrador de la ACP, Jorge Quijano, ha dicho que esa es una
medida de "presión" para obligarlo a negociar "fuera del contrato" los
supuestos sobrecostos que, además según el alto funcionario panameño, no
están justificados debidamente.
"Nos sorprende el doble discurso que sigue (la ACP). Por un lado, los
miembros de la administración van a reuniones y se muestran receptivos a
llegar a puntos de acuerdo. Sin embargo, cuando llega la hora de cerrar
el acuerdo, siempre dentro del contrato, la ACP no es consecuente con
la primera propuesta", afirmó Moder.
Reiteró que el consorcio "no puede continuar una obra en la que se
proyecta 1,6 billones de dólares en sobrecostos, que son responsabilidad
del empleador, siempre bajo el contrato y las leyes panameñas".
"La ACP solamente está pagando los costos iniciales del contrato sin
llegar a un acuerdo justo, equilibrado y público, para evitar que, como
en otras ocasiones, al final no se cumplan los términos pactados (...)
que obligan a la ACP a mantener el equilibrio contractual como
consecuencia de situaciones imprevistas", dijo Moder.
Quijano reveló el jueves que la ACP ha pagado 2.000 millones de dólares al consorcio.
Si la ACP no reconoce los argumentos del consorcio y se rescinde el
contrato, "deberá buscar un contratista para que finalice la obra",
según lo establece el contrato.
"El problema que se plantea es que esa solución siempre será más cara
y la finalización del proyecto se prolongará sustancialmente,
impactando a la economía panameña. En este punto, mientras que el
administrador habla de presiones, nosotros estamos convencidos de que
somos la solución, no el problema", resaltó Moder.
El Grupo se adjudicó en 2009 el proyecto de ampliación por un valor
global de 5.250 millones de dólares, de los cuales 3.118 millones
corresponde al contrato para la construcción de las nuevas esclusas, un
costo "200 millones por debajo del precio establecido por la ACP en la
licitación pública", según recalcó Moder.
"Los costos presentados fueron reales, en base a la información
entregada por la ACP. Los sobrecostos tienen que ver con situaciones que
se presentaron tras el comienzo de la obra y que no estaban contemplada
en esa información", añadió.
Entre esas situaciones citó "la información entregada por ACP sobre
el basalto como material base para producir concreto, que indicaba que
se contaba con la calidad y cantidad necesaria", pero "al realizar los
estudios profundos y empezar los trabajos, GUPC se percata de la baja
calidad de dicho material".
"Fuimos capaces de presentar una fórmula que igualaba o superaba las
expectativas que la propia ACP fijó en el contrato (...) sin embargo,
ACP tardó siete meses en aprobarlo, lo que supuso un quebranto económico
para GUPC, que tenía una maquinaria totalmente funcional pero parada a
causa de la falta de decisión de la administración", dijo Moder.
La ACP ha dicho que el GUPC ha presentado varias reclamaciones, entre
ellas una en 2012 por "585 millones de dólares", que rechazó y por eso
pasó a la llamada Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas
en inglés) donde permanece, y otra el pasado 23 de diciembre por "900
millones de dólares", que aún no ha podido entrar en estudiar porque le
falta "mucha información".
La tercera instancia de reclamos que prevé el contrato es el
arbitraje internacional, hasta donde no ha llegado aún ninguna petición
del consorcio.
"El problema surge por la burocrática gestión de la administración
(de la ACP). No quiere tomar decisiones y la primera instancia de
resolución de diferencias no se usa", dijo Moder.
La segunda instancia "solo se usa para retrasar el procedimiento y no
para llegar a ningún tipo de acuerdo, que es el espíritu de estas
instancias. Sin embargo, genera una importante pérdida de tiempo que
afecta al proyecto y a la situación financiera del contratista", añadió.
El "GUPC aspira a que la administración (de la ACP) reconozca los
argumentos que hemos planteado (...) aspiramos a que esta revisión" de
los reclamos económicos "no se dilate, como ha sido el actuar de la
administración en los últimos meses, una situación que ha provocado
serios compromisos económicos al consorcio", dijo Moder.
El miembro de la junta directiva del GUPC afirmó que "la ACP es una
institución muy sólida, que ha venido haciendo un trabajo extraordinario
en la administración del Canal pero se está enfrentando a una situación
totalmente novedosa, ya que un proyecto de construcción de estas
características es totalmente diferente al trabajo que ha desarrollado
hasta ahora".
"El nuestro es sólo uno de los proyectos de construcción relacionados
con la ampliación que tiene problemas y que ha aparecido en los
medios", agregó, sin más detalles.
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