ESTRASBURGO.- La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding,
recalcó hoy que los Estados miembros de la UE solo deben conceder
pasaporte a las personas que tengan un "vínculo o conexión genuina" con
el país.
Reding se pronunció en estos términos en un debate celebrado en el
Parlamento Europeo (PE) a raíz del caso de venta de pasaportes a cambio
de inversiones económicas en Malta.
"La ciudadanía nacional es una puerta de entrada a la UE. Es una
puerta de entrada al Tratado de la UE y a los derechos que disfrutan sus
ciudadanos", destacó Reding en su intervención.
La comisaria consideró que los socios europeos deberían conceder la
nacionalidad en un espíritu de cooperación sincera con otros Estados
miembros y respetar las normas de derecho público internacional.
"La ciudadanía no debe estar a la venta", resumió la luxemburguesa, que no se refirió expresamente a Malta en su alocución.
Sí se refirió expresamente al caso la portavoz del Partido Popular
Europeo en la comisión parlamentaria de Libertades Civiles, Justicia y
Asuntos de Interior, la eurodiputada Véronique Mathieu-Houillon, quien
consideró que "este tipo de venta directa de la ciudadanía de la UE
socava la confianza mutua en la que se basa la Unión".
"Estoy profundamente consternada por la decisión del Gobierno maltés
de vender pasaportes sin siquiera un requisito de residencia y me
pregunto lo que quieren lograr con esta reforma: una política de puertas
abiertas con el lavado de dinero", añadió Mathieu-Houillon.
Los euroescépticos se quedan solos
Los eurodiputados euroescépticos y de extrema derecha se quedaron hoy solos en un debate del Parlamento Europeo (PE) sobre la libertad de circulación de trabajadores en la UE después de que el pasado 1 de enero se levantaran las restricciones a los ciudadanos rumanos y búlgaros.
Los euroescépticos se quedan solos
Los eurodiputados euroescépticos y de extrema derecha se quedaron hoy solos en un debate del Parlamento Europeo (PE) sobre la libertad de circulación de trabajadores en la UE después de que el pasado 1 de enero se levantaran las restricciones a los ciudadanos rumanos y búlgaros.
Los grandes grupos políticos de la Eurocámara y los comisarios
europeos de Empleo, Laszlo Andor y Justicia, Viviane Reding, rechazaron
los argumentos "populistas" llegados especialmente de Reino Unido y Holanda que aseguran que los trabajadores rumanos y búlgaros abusan de los otros sistemas de seguridad social.
"Ningún país ha proporcionado ninguna prueba de abusos de sus
sistemas sociales por parte de personas de otros países", afirmó Andor.
La Eurocámara organizó un debate a este respecto después de la
polémica vivida en Reino Unido, donde ha habido mensajes alarmistas
sobre la llegada masiva de trabajadores de Bulgaria y Rumanía y donde el
primer ministro, David Cameron, tomó medidas preventivas.
Durante su intervención en el debate, el comisario europeo de Empleo
además de negar que existan datos que confirmen un aumento de las
llegadas de rumanos y búlgaros, destacó por contra la contribución que
representan los trabajadores de otros países para muchas economías de la
UE.
"Los trabajadores móviles son económicamente más activos que los
nacionales y piden menos ayudas públicas", defendió Andor, que añadió
que "cuando un europeo va a otro país va donde hay trabajo, no tiene en
cuenta qué sistemas de seguridad social se encontrará".
Andor y Reding defendieron al unísono en la Eurocámara las virtudes
de la libre circulación de trabajadores y defendieron que ya existen
instrumentos sobre la mesa para evitar que se cometan abusos del
sistema.
En la misma línea se mostraron los principales grupos políticos de la
Eurocámara (Partido Popular Europeo, PPE; Alianza de Socialistas y
Demócratas, S&D; Alianza Liberal y Demócrata Europea, ALDE; los
Verdes Europeos y la Izquierda Unitaria Europea, GUE/NGL).
"Solo un populista se puede atrever a defender que la libertad de
circulación de trabajadores no es una ventaja económica para el país de
acogida", señaló el diputado conservador rumano Marian Jean Marinescu.
El líder del grupo del S&D en la Eurocámara, Hannes Swoboda,
calificó de "falsa" la polémica sobre rumanos y búlgaros en Reino Unido y
apuntó que "el propio (primer ministro, David) Cameron no ha sido capaz
de dar cifras sobre las llegadas de inmigrantes".
Por contra, los eurodiputados euroescépticos y de extrema derecha
insistieron en destacar los abusos en los sistemas de seguridad social
que conlleva para los países de rentas más altas la llegada de
inmigración de otras partes de la Unión Europea.
Una de las más críticas fue la eurodiputada francesa del Frente
Nacional Marine Le Pen, quien abogó por "poner de una vez límites a la
libre circulación de la inmigración masiva intracomunitaria".
Le Pen puso en su punto de mira "el problema de los romaníes",
colectivo al que acusó de "beneficiarse de mas derechos sociales de los
que se beneficia cualquier trabajador francés o británico".
La libre circulación de trabajadores en la UE consiguió formalizarse
el pasado primero de enero, después de que varios países, especialmente
Reino Unido, se resistieran a abrir su mercado laboral bajo el discurso
de una presunta llegada masiva de inmigrantes y el supuesto abuso de su
sistema de seguridad social.
El Gobierno de Cameron ha adoptado medidas para limitar el régimen de
beneficios sociales del que podían disfrutar hasta ahora los ciudadanos
procedentes de otro país comunitario para en última instancia
desalentar la inmigración dentro de la UE.
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