miércoles, 1 de enero de 2014

Se complica, por sobrecostes, la ampliación del Canal de Panamá


PANAMÁ. La ampliación del Canal de Panamá, estancada en 71 por ciento de ejecución, puede retrasarse más allá de los nueve meses acumulados porque el consorcio que construye el tercer juego de esclusas presentó a la ACP un preaviso de suspensión. 

 La situación se veía venir desde diciembre pasado cuando el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Luis Quijano, anunció que si el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) suspendía las obras, ellos estaban en capacidad de asumirlas.

Al parecer ha llegado el momento de demostrar si eso es verdad o fanfarronada pues en la nota de preaviso de suspensión de los trabajos enviada a la ACP se le da al administrador solamente 21 días de plazo para cumplir con los requerimientos solicitados.

La situación es complicada pues el GUPC reitera que no puede continuar una obra en la que se proyecta un déficit de 1.600 millones de dólares a causa de sobrecostos, los cuales no detalla pero asegura son responsabilidad del empleador.

Al margen de esa cantidad de dinero extra que las cuatro empresas están pidiendo para poder terminar las obras, está la acusación también al Administrador del Canal por haber incumplido las normas y regulaciones de la propia ACP en el contrato, como forzar al grupo a renunciar a varios de sus derechos.

Entre estos el que citan de mayor peso es el de impedir que el GUPC mantenga y restaure el equilibrio financiero por los eventos imprevistos que se han presentado en la obra y que las encarecen de manera muy importante a tales extremos que, si esos dineros no se aportan, será imposible llevar a cabo los trabajos.

La española Sacyr Vallehermoso que encabeza el GUPC, y sus socios italiano Impreglio, la holandesa Jan de Nul, y la panameña CUSA, consiguieron la obra por 3.200 millones de dólares, 1.700 millones por debajo de las demás ofertas, lo cual pareció muy extraño y levantó sospechas en los oferentes.

En aquel momento, principios del gobierno del presidente, Ricardo Martinelli, se generó una gran polémica porque el grupo americano ACS y el español FCC que participaron en la licitación, acusaron al GUPC de hacer una oferta temeraria, con costos que no permitirían desarrollar los trabajos, y es lo que está sucediendo ahora.

Aparentemente el déficit se hizo visible cuando el GUPC no pudo hacer frente al gasto extra de 585 millones de dólares en 2012 para reponer una mezcla de hormigón que incumplía los requisitos técnicos, y allí empezó el reclamo a la ACP pues ninguna de las partes se responsabilizaba con la pérdida.

Pero eso fue solo el inicio, porque a partir de ese incidente que nunca pudo ser zanjado, los sobrecostos aparecieron en todo el cronograma de ejecución hasta alcanzar los 1.600 millones de dólares que se citan en el preaviso del GUPC a la ACP.

A las advertencias del consorcio en diciembre de declararse incapaz de seguir las obras, Quijano respondió amenazando con tomar las obras si no se ajustaban al contrato, aún cuando tanto la ministra de Fomento de España, Ana Pastor, como el Príncipe Felipe visitaron Panamá para respaldar a Sacyr.

Lo que ha ocurrido es una crisis anunciada, pues las mismas contratistas opositoras, dirigentes políticos y economistas, denunciaron que se estaba en presencia de un "juega vivo" pues se sabía que 3.200 millones de dólares no era suficiente para una obra de tal magnitud.

Era de esperarse que en algún momento el consorcio buscaría vía adendas y otras reclamaciones por sobre costos, recuperar los montos de los costos en los que sobregiraría la obra.

¿Qué va a ocurrir ahora? Pues eso lo decidirá la ACP, cuyo líder Quijano acaba de declarar que no importa qué tipo de presión se haga contra ellos, nosotros mantenemos nuestra exigencia de que el GUPC respete el contrato que ellos mismos aceptaron y firmaron.

Sea con el GUPC o con la ACP, lo cierto es que Panamá está obligada a responder a las multimillonarias inversiones en países de la región para adaptar, puertos, muelles, almacenes e infraestructura logística en general, a la ampliación que permitirá el paso de los barcos más grandes en la historia de la navegación mundial.

El Programa de Ampliación del Canal registra un avance total de 72 por ciento mientras la construcción de las esclusas un 65, y el consorcio había indicado con anterioridad que terminaría en junio de 2015, nueve meses después de lo acordado inicialmente. 

Condena popular

La Asamblea Ciudadana, integrada por decenas de organizaciones sociales panameñas, condenó hoy al consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) por pretender abandonar la construcción de las obras de ampliación del Canal.

 En un comunicado, la Asamblea califica de abiertamente antipanameño al GUPC, el cual integran las empresas española, Sacyr Vallehermoso, italiana, Impregilo, belga, Jan de Nul y la panameña CUSA, el cual ha redoblado sus amenazas, chantaje y extorsión contra el Canal, patrimonio del pueblo panameño.

 Señala que en flagrante violación de lo contratado el GUPC pretende suspender los trabajos de expansión del Canal que tanto sacrificios, sangre, sudor y lágrimas ha significado para el pueblo panameño.

La Asamblea lanza un llamado a toda la ciudadanía militante y a las organizaciones democráticas para cerrar filas contra esos atentados a la soberanía nacional y rechazar las acciones gubernamentales que las apadrinan y patrocinan con su corrupción y violaciones de la dignidad nacional.

También convocó a acciones de piqueteo mañana frente a la Corte Suprema de Justicia, así como en las actividades cívicas de conmemoración del cincuentenario de la gesta del 9 de enero de 1964 cuando tropas de Estados Unidos impidieron izar la bandera panameña en la zona del Canal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario