MADRID.- El 75 por ciento de los ayuntamientos españoles con
problemas económicos que el Gobierno había identificado para optar a
unas ayudas financieras extraordinarias han rechazado el plan de rescate
estatal, dijo el martes el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
Finalmente, sólo 101 de los alrededor de 400 municipios que cumplían
las condiciones para acogerse a las medidas de liquidez propuestas por
el Gobierno (frente a un total de unas 8.000 entidades locales del país)
han aceptado el plan de rescate, que estaba condicionado a un férreo
control presupuestario.
"Uno de los principales motivos por los que el 75 por ciento de
municipios con problemas no han solicitado las ayudas extraordinarias es
la mejoría que ha experimentado su situación financiera a lo largo de
2013", dijo Hacienda en un comunicado, cifrando en 161 el número de
entidades locales cuyas cuentas habían mejorado en el último año.
El ministerio no especificó sin embargo qué medidas tomaría o las
consecuencias que tendría la negativa a aceptar el programa de ayuda por
parte de alrededor de 140 ayuntamientos que seguían con importantes
problemas económicos.
El Gobierno aprobó el pasado verano un real decreto para articular
este rescate de municipios, pero ante su bajo nivel de aceptación, en
diciembre amplió el plazo de solicitudes y llegó incluso a permitir que
el alcalde pudiese aprobar en solitario la petición de ayudas si no
había mayoría en el gobierno local.
Pese a estas modificaciones, sólo 13 municipios más presentaron la
documentación para acogerse a las medidas extraordinarias de liquidez,
que se sumaron a los 88 que habían solicitado las ayudas en la primera
fase.
Al plan de rescate podían optar ayuntamientos con tesorería negativa
en los últimos dos años, elevadas deudas con acreedores públicos o
impagos importantes a proveedores, entre otros condicionantes.
A cambio del apoyo financiero -con medidas como anticipos en la
participación tributaria estatal o fraccionamiento de las deudas con
Hacienda o la Seguridad Social-, el Estado exigía a los ayuntamientos
reducir sus gastos de funcionamiento, financiar el coste de servicios
públicos "con tasas" o no aprobar medidas que redujesen la recaudación.
Hacienda se reservaba igualmente la posibilidad de intervenir en el
proceso de elaboración de los presupuestos así como contar con una
cuenta restringida supervisada por el Ministerio.
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