CIUDAD DE PANAMÁ.- El jefe de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)
propuso el martes al consorcio constructor liderado por la española
Sacyr un acuerdo de financiación conjunta por 283 millones de dólares
para evitar una paralización de las obras de ampliación de la vía
interoceánica.
Jorge Quijano dijo a los periodistas que el consorcio GUPC, en medio de
una disputa por costes adicionales del proyecto por 1.600 millones de
dólares, aún no ha decidido si aceptará o no la propuesta, formulada
bajo condición de que se levante la amenaza de suspender los trabajos el
20 de enero.
La reclamación por los costes extras, adicionales a los 3.200
millones de dólares del proyecto de ampliación en manos de GUPC, sería
llevado a cabo a través de los métodos de arbitraje contemplados en el
contrato, añadió el responsable.
Cada una de las partes pondría 100 millones de dólares como garantía
para la continuación de los trabajos en el proyecto, mientras que la
ACP ofrecería a GUPC una ampliación de dos meses en la moratoria para
cancelar 83 millones de dólares que se le adelantó al consorcio,
comentó.
"El Canal le permitiría tener una inyección del lado nuestro de 183
millones de dólares, más los 100 millones de ellos (...) esto es
suficiente para seguir adelante con la obra", afirmó Quijano.
El consorcio GUPC aceptó el martes inyectar 100 millones de dólares
para continuar las obras en la vía interoceánica aunque lo condicionó a
recibir un anticipo adicional de 400 millones de dólares de la autoridad
del Canal.
El contrato de GUPC es parte de un proyecto mayor por 5.250 millones
de dólares para ampliar y profundizar la vía marítima -por la que
anualmente pasa cerca del 5 por ciento del comercio mundial- que debe
estar concluido para 2015 y que permitirá el paso de buques de carga más
grandes.
Según datos de la ACP, el proyecto de ampliación del Canal, iniciado en el 2007, está culminado en un 72 por ciento.
GUPC, integrado además por la italiana Impregilo, la belga Jan De
Nul y la panameña Constructora Urbana, amenazó a principios de mes con
suspender las obras si Panamá no asumía los costes adicionales,
atribuidos a fallas geológicas imprevistas.
Esos argumentos han sido rechazados por la ACP, que ha sugerido que
el proyecto podría ser culminado por terceros en caso de que no se
llegue a un acuerdo.
En el enfrentamiento han mediado los gobiernos de Panamá y de
España, que sin embargo han dicho que la disputa es privada y que las
partes deben resolverla entre ellos. España, que acabamos de salir de
una recesión, ha rechazado la posibilidad de aportar fondos.
Sacyr, con deudas que al cierre de septiembre eran de tres veces su
valor en el mercado, también tiene mucho apostado en el proyecto
panameño. La empresa obtuvo el 55 por ciento de sus ingresos del periodo
enero-septiembre del 2013 fuera de España.
Panamá contribuyó con un 25 por ciento de los ingresos
internacionales de Sacyr por 1.300 millones de euros (1.780 millones de
dólares) en los primeros nueve meses de 2013.
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