DAVOS.- El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli,
ha asegurado que la Autoridad del Canal y el consorcio liderado por
Sacyr que ejecuta las obras de ampliación no pueden negociar sobre los
problemas surgidos en el proyecto "fuera del contrato".
"No se puede negociar fuera del contrato", aseveró Martinelli en
declaraciones a la CNN durante su estacia en Davos, donde participa en
el Foro Económico Mundial.
El mandatario argumentó que, en caso de que los eventuales pactos
quedaran fuera de los térnimos establecidos en el contrato, se perderían
todas las garantías, las cartas de créditos y fianzas de las compañías
de seguro.
Martinelli manifestó además su deseo de que "los trabajos de
ampliación del Canl se reanuden lo más pronto posible", tras constatar
que actualmente se desarrollan al 30% de su capacidad.
"Todo el mundo quiere que el Canal se termine, especialmente la
industria marítima", aseveró el presidente Panameño en su entrevista.
"Llueve o truene, el canal va a completar su expansión. Estamos
esperando al 29 de enero a que las partes se reúnan y lleguen a una
feliz conclusión", añadió.
De su lado, la Autoridad del Canal y el consorcio contratista,
liderado por Sacyr, mantienen los contactos para tratar sobre la
propuesta de acuerdo presentada ayer martes por Zúrich, la aseguradora
del proyecto, según fuentes cercanas a la negociación.
La propuesta de la aseguradora pasa, por un lado, por lograr
financiación externa para costear la continuidad de la obra ofreciendo
como garantía el propio seguro de la obra.
Por otro lado, Zurich plantea eximir al consorcio de devolver a
la Autoridad del Canal los anticipos recibidos hasta que no se resuelvan
los arbitrajes planteados sobre los sobrecostes del proyecto, según
informaron fuentes próximas a la negociación.
Los anticipos que el consorcio ya ha recibido y que tendría que ir
devolviendo en los próximos meses ascienden a 780 millones de dólares
(unos 573 millones de euros).
En virtud de la propuesta de Zurich, las constructoras no tendrían
que devolver estos adelantos hasta que no se resolvieran los procesos
de arbitraje internacional abiertos sobre las reclamaciones por
sobrecostes que ha planteado a la ACP, que ascienden a un total de 1.200
millones de euros.
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