CIUDAD DE PANAMÁ.- Aunque el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) mantiene las
obras de ampliación a pesar de que hoy es la fecha tope para
suspenderlas, los trabajos marchan a paso de tortuga sin que se
vislumbre una solución.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) indicó que el ritmo del trabajo
ha bajado al 25 por ciento o menos, y reiteró que la negociación será
dentro del contrato, ya violado por el grupo constructor de la tercera
esclusa con esa actitud.
El GUPC, integrado por la española Sacyr Vallehermoso y la italiana Impregilo con el 96 por ciento de las acciones, y las minoristas Jan de Nul, de Bélgica, y Cusa, de Panamá, con el resto, reclama 1.600 millones de dólares por sobrecostos de los cuales responsabiliza a ACP.
En consecuencia, el 30 de diciembre presentó un ultimátum de suspensión de las obras en 21 días si no recibía el pago, que se cumple hoy 20 de enero, pero ayer el consorcio emitió un comunicado en el que explica que no necesariamente tiene que concretarse este lunes la amenaza.
Un economista de la Asociación de Empresarios de Panamá (Apede) Arístidez Hernández, dijo que la ACP no puede depender de esa amenaza y continuar sin una solución, pues mientras más demore mayor será el impacto que una parálisis de la obra tendrá en la economía nacional.
Explicó que a corto plazo ese impacto no será tan fuerte en el sentido de los ingresos planificados pues al año siguiente de terminación de la obra el Estado debe ingresar solamente 100 millones de dólares adicionales, después 279 millones y a partir del tercer año se estabiliza en cerca de mil millones.
En la región será fuerte por las grandes inversiones que se están haciendo, como el caso de Estados Unidos donde suman 46.000 millones en más de 70 proyectos, así como Colombia, Jamaica y otros países que ejecutan planes también en preparación de la era postpanamax que cambiará el ritmo del comercio marítimo.
El GUPC, integrado por la española Sacyr Vallehermoso y la italiana Impregilo con el 96 por ciento de las acciones, y las minoristas Jan de Nul, de Bélgica, y Cusa, de Panamá, con el resto, reclama 1.600 millones de dólares por sobrecostos de los cuales responsabiliza a ACP.
En consecuencia, el 30 de diciembre presentó un ultimátum de suspensión de las obras en 21 días si no recibía el pago, que se cumple hoy 20 de enero, pero ayer el consorcio emitió un comunicado en el que explica que no necesariamente tiene que concretarse este lunes la amenaza.
Un economista de la Asociación de Empresarios de Panamá (Apede) Arístidez Hernández, dijo que la ACP no puede depender de esa amenaza y continuar sin una solución, pues mientras más demore mayor será el impacto que una parálisis de la obra tendrá en la economía nacional.
Explicó que a corto plazo ese impacto no será tan fuerte en el sentido de los ingresos planificados pues al año siguiente de terminación de la obra el Estado debe ingresar solamente 100 millones de dólares adicionales, después 279 millones y a partir del tercer año se estabiliza en cerca de mil millones.
En la región será fuerte por las grandes inversiones que se están haciendo, como el caso de Estados Unidos donde suman 46.000 millones en más de 70 proyectos, así como Colombia, Jamaica y otros países que ejecutan planes también en preparación de la era postpanamax que cambiará el ritmo del comercio marítimo.
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