BUENOS AIRES.- El gobierno argentino presentará el 17 de febrero ante la Corte
Suprema de Estados Unidos la apelación correspondiente a la causa que lo
enfrenta a fondos buitre, grupos de acreedores que se niegan a negociar
el pago de la deuda.
La presentación judicial se realizará el día que vence el plazo y fue
confirmada a la agencia de noticias Télam, según divulga hoy esta, por
fuentes allegadas a la Unidad de Reestructuración de Deuda.
Ese medio amplía en su nota que el abogado norteamericano Paul Clement se encargará de presentar la postura del gobierno argentino, un letrado con vasta experiencia en litigios de índole financiera, y que se desempeñó como Procurador General de Estados Unidos.
El día 17 vencen los plazos legales para que Argentina presente ante el máximo tribunal su apelación al fallo negativo para el país del magistrado neoyorquino Thomas Griesa, que fue dividido en dos por la Corte de Apelaciones de Nueva York.
Esa instancia avaló el pasado 23 de agosto el pronunciamiento del juez Griesa que Buenos Aires tenía que pagar al 100 por ciento más la acumulación de intereses sus adeudos a los llamados fondos buitres, aunque dejó en suspenso su instrumentación hasta que la Corte Suprema se pronunciara en torno a ellos.
Esos son grupos financistas que revuelan en torno a empresas y Estados en crisis pero con posibilidad de recuperación, para calculadoramente comprarle las deudas y después cobrárselas al máximo; de ahí, el apelativo de fondos buitre.
Argentina contrajo tales adeudos en particular con esas firmas acreedoras estadounidenses principalmente en los años de 1990 durante el gobierno neoliberal del presidente Carlos Menem.
El gobierno de la presidenta Cristina Fernández continuó la política iniciada en 2005 del canje de la deuda por la anterior administración del extinto mandatario Néstor Kirchner. Realizó una segunda negociación en 2010 en la que participó el 93 por ciento de los acreedores, excepto los fondos buitre, el otro siete por ciento.
Recientemente, la mayoría de miembros del Club de París aceptó una nueva propuesta negociadora del Estado argentino para saldar los adeudos con ese organismo crediticio ascendente a nueve mil millones de dólares sobre la base de que el pago se haga sin condiciones ni afecte el programa desarrollo económico del país.
En el caso de los fondos buitre, Argentina apelará el segundo fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que aprobó el lacerante método de pago propuesto el año pasado por el juez Griesa, favorable a esos grupos financistas, señala Télam.
El magistrado propuso que el gobierno le pague primero a esas firmas que rechazaron el canje de 2005 y 2010 1.330 millones de dólares actualizados según corran los intereses, con los fondos que ha destinado a saldar a los bonistas que aceptaron el proceso de reestructuración.
Una primera apelación ya fue rechazada por el máximo tribunal norteamericano.
Ese medio amplía en su nota que el abogado norteamericano Paul Clement se encargará de presentar la postura del gobierno argentino, un letrado con vasta experiencia en litigios de índole financiera, y que se desempeñó como Procurador General de Estados Unidos.
El día 17 vencen los plazos legales para que Argentina presente ante el máximo tribunal su apelación al fallo negativo para el país del magistrado neoyorquino Thomas Griesa, que fue dividido en dos por la Corte de Apelaciones de Nueva York.
Esa instancia avaló el pasado 23 de agosto el pronunciamiento del juez Griesa que Buenos Aires tenía que pagar al 100 por ciento más la acumulación de intereses sus adeudos a los llamados fondos buitres, aunque dejó en suspenso su instrumentación hasta que la Corte Suprema se pronunciara en torno a ellos.
Esos son grupos financistas que revuelan en torno a empresas y Estados en crisis pero con posibilidad de recuperación, para calculadoramente comprarle las deudas y después cobrárselas al máximo; de ahí, el apelativo de fondos buitre.
Argentina contrajo tales adeudos en particular con esas firmas acreedoras estadounidenses principalmente en los años de 1990 durante el gobierno neoliberal del presidente Carlos Menem.
El gobierno de la presidenta Cristina Fernández continuó la política iniciada en 2005 del canje de la deuda por la anterior administración del extinto mandatario Néstor Kirchner. Realizó una segunda negociación en 2010 en la que participó el 93 por ciento de los acreedores, excepto los fondos buitre, el otro siete por ciento.
Recientemente, la mayoría de miembros del Club de París aceptó una nueva propuesta negociadora del Estado argentino para saldar los adeudos con ese organismo crediticio ascendente a nueve mil millones de dólares sobre la base de que el pago se haga sin condiciones ni afecte el programa desarrollo económico del país.
En el caso de los fondos buitre, Argentina apelará el segundo fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que aprobó el lacerante método de pago propuesto el año pasado por el juez Griesa, favorable a esos grupos financistas, señala Télam.
El magistrado propuso que el gobierno le pague primero a esas firmas que rechazaron el canje de 2005 y 2010 1.330 millones de dólares actualizados según corran los intereses, con los fondos que ha destinado a saldar a los bonistas que aceptaron el proceso de reestructuración.
Una primera apelación ya fue rechazada por el máximo tribunal norteamericano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario