jueves, 6 de febrero de 2014

El consorcio de Sacyr mantiene abierta una línea de comunicación con Panamá

MADRID/CIUDAD DE PANAMÁ.- La ruptura en las negociaciones para resolver la agria disputa por la ampliación del Canal de Panamá podría no ser definitiva mientras el consorcio de la española Sacyr y las autoridades del país centroamericano mantienen aún abiertas las vías de comunicación, dijeron el jueves dos fuentes.

"Hay una correspondencia abierta en la que las partes se están invitando a dialogar", dijo una de las fuentes del Grupo Unidos por el Canal (GUPC). No obstante, esta fuente añadió que aún era pronto para saber si estos contactos terminarían en una reanudación de las negociaciones.
Otra fuente conocedora de la situación dijo que los abogados de ambas partes siguen trabajando para resolver la disputa por los multimillonarios sobrecostes que enfrenta la construcción del tercer juego de esclusas de una de las rutas comerciales más importantes del mundo.
El miércoles, el consorcio y la Autoridad del Canal de se culparon mutuamente del fracaso en las conversaciones que mantenían desde principios de año, aunque ninguno de los dos quiso dar por imposible un complicado acuerdo.
El jefe de la ACP, Jorge Quijano, dijo que aún había una ventana abierta para llegar a un acuerdo, pero que ésta se iba cerrando "minuto a minuto".
En un tono similar, el embajador de Panamá en España, Roberto Arango, consideró el jueves en declaraciones a Onda Cero que aunque las negociaciones están actualmente interrumpidas, todavía "no se ha puesto el punto final", mientras que el consorcio manifiesta abiertamente voluntad negociadora.
El contencioso entre el grupo de Sacyr y Panamá es objeto de escrutinio internacional por las implicaciones económicas y comerciales del emblemático proyecto y ha reclamado la intermediación de los Gobiernos de España e Italia y hasta de la propia Comisión Europea.
En el caso español, podría tener incluso repercusiones para el contribuyente pues el Estado, a través de la aseguradora Cesce, avaló con unos 200 millones de dólares la oferta con la que Sacyr ganó el contrato en 2009.
El propio ministro de Economía español, Luis de Guindos, dijo el miércoles que el Gobierno tratará de minimizar el impacto que los avales y contragarantías comprometidos en el proyecto pudieran tener en las cuentas públicas.
La ACP exigió el miércoles al consorcio que reanudase las obras, actualmente bajo mínimos por la falta de liquidez del proyecto. La fuente próxima al consorcio dijo el jueves que muy pocos de los 10.000 trabajadores del proyecto están trabajando en el Canal este momento y cuya próxima nómina, como ha advertido el consorcio, está en el aire.
La financiación de 1.600 millones de dólares adicionales que el consorcio entiende son necesarios para concluir el tercer juego de esclusas del Canal llevó al GUPC a amenazar a las autoridades panameñas a principios de año con una paralización de las obras.
El acuerdo está principalmente atascado en unos anticipos de 785 millones de dólares concedidos por la ACP, que exige sean devueltos en los plazos acordados, mientras que el consorcio pide que su devolución sea aplazada mientras se resuelven los arbitrajes de las diferentes reclamaciones por sobrecostes.
Además de Sacyr, en el consorcio también participan la italiana Salini Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Constructora Urbana (CUSA).
Tras el fuerte correctivo del miércoles, las acciones de Sacyr -de las más volátiles del Ibex este año debido a la disputa- rebotaban el jueves más del 2 por ciento.
"La situación ahora es muy confusa. Creemos que el resultado más racional es una solución negociada para continuar las obras, pero en este momento el resultado es muy incierto", dijeron analistas de Espirito Santo Research.

Golpeará a la economía panameña

La crisis que paralizó la ampliación del Canal de Panamá, un proyecto estratégico para el comercio internacional, compromete el futuro laboral de miles de obreros y disparará el costo y duración de las obras, un duro golpe para la economía panameña, según analistas.
Las obras siguen paralizadas este juves por segundo día, confirmó el ministro del Canal, Roberto Roy, luego de que la víspera la autoridad del canal y el consorcio que realiza los trabajos anunciaran el fin de las negociaciones.
La empresa a cargo de las obras, Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderada por la española Sacyr y la italiana Salini-Impregilo, exige que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) le reconozca sobrecostos por 1.600 millones de dólares para relanzar el proyecto.
Por su parte, la ACP advierte que dará los pasos necesarios -incluyendo la cancelación del contrato- para garantizar que la nueva vía esté operativa en 2015.
"El futuro de los trabajadores y lo que está ocurriendo con las obras es de total incertidumbre. Aquí hay una crisis que no sabemos por dónde va a reventar", dijo Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, el poderoso y beligerante sindicato de la construcción de Panamá.
Según fuentes sindicales, hasta el martes laboraban en las obras de construcción de las nuevas esclusas entre 3.000 y 3.500 personas, tanto en Cocolí en el Pacífico, como en Gatún en el Atlántico.
Antes de la crisis, 10.000 obreros laboraban en el proyecto, muchos de los cuales fueron despedidos por el consorcio.
Grúas y vehículos de construcción detenidos, material de construcción desperdigado, gigantescas paredes a medio hacer y un tremendo silencio es el paisaje actual de las obras, muy distinto del hervidero de obreros de hace dos meses.
El administrador de la vía, Jorge Quijano, insistió el miércoles en que el Canal se va a terminar "en el año 2015 con o sin GUPC", algo que los analistas dudan.
"No me creo esa fecha, muy fácilmente puede llegar a 2016", dijo el economista Francisco Bustamante, exfuncionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ampliación comenzó en 2009 y debía finalizar en 2014, cuando el Canal inaugurado el 15 de agosto de 1914 por Estados Unidos? cumple 100 años.
Sin embargo, acumulaba ya un retraso de nueve meses antes de la postergación por la crisis actual.
Los expertos también consideran que la vía terminará costando más de los 5.250 millones estimados al inicio.
"Ya de facto hay un incremento de costos y de tiempo. El Canal está demorando más de lo que se creía", dijo el economista Horacio Estriví.
"El Canal va a costar más, hágalo quien lo haga", aaseguró Bustamante, quien calcula en 2.000 millones de dólares ese costo adicional.
Los sobrecostos se deberían a los arbitrajes a los que deberán someterse necesariamente GUPC y la ACP y al hecho de que una nueva compañía no retomaría las obras en cualquier condición.
"Terminar la obra con otro contratista va a tener un costo mayor porque el que entre va a iniciar de nuevo y va a exigir un precio muy distinto porque está entrando a resolver un problema", aseguró el analista Ebrahim Asvat.
Un nuevo retraso hará perder a Panamá ingresos proyectados por la ampliación, que permitirá el paso por el canal de superbuques con más de 12.000 contenedores, el triple de carga de los actuales.
"El primer impacto es de carácter fiscal, ya que el hecho de que el Canal entre a regir después de la fecha prevista significa que se posponen los aportes que iba a dar al Estado", dijo Estriví.
El Canal aporta a Panamá unos 960 millones de dólares anuales, cerca del 10% de los ingresos fiscales totales. Se estimaba que los ingresos adicionales por la ampliación ascenderían el primer año a 300 millones, a 400 millones en el segundo y a 2.000 millones de dólares en el tercero.
Pero el retraso no sólo impacta en Panamá. La obra llevó a Estados Unidos a adaptar sus puertos del Golfo de México y de la costa este con inversiones millonarias para dar cabida a los nuevos cargueros que pasarán por Panamá.
"Estados Unidos tiene mucho interés en que esta ampliación se termine. Ellos no quieren tener instalaciones mermadas esperando", aseguró el administrador de la vía, Jorge Quijano.
Un 5% del comercio mundial pasa por el Canal, cuyos principales clientes son Estados Unidos y China.

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