viernes, 28 de febrero de 2014

El Canal de Panamá ampliado operará en 2016 tras el acuerdo que financia las obras


CIUDAD DE PANAMÁ.- El nuevo Canal de Panamá, que permitirá el paso de buques gigantes, entraría en operaciones en 2016 luego de que la administración de la vía y el consorcio internacional encargado de las obras de ampliación acordaron un cofinacimiento del megraproyecto, tras dos meses en crisis.

"Hemos concluido las negociaciones (...) Esperamos que jueves deberíamos estar firmando dicho documento", dijo el viernes a periodistas el administrador de la ACP, Jorge Quijano.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Grupos Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la española Sacyr, anunciaron el cierre de las negociaciones con un "acuerdo conceptual" que inyectaría unos 600 millones de dólares a la estratégica obra que permitirá el paso de navíos con el triple de capacidad de carga de los actuales.
ACP y GUPC se comprometieron en el acuerdo a financiar el proyecto con 100 millones de dólares cada uno, en tanto que el consorcio debe gestionar con la aseguradora Zurich America International -que protege la inversión-, 400 millones que irían a un fideicomiso gestionado por ambas partes, según la administración de la vía.
"Este camino que hemos escogido, que no es perfecto, tiene la ventaja de que podemos reiniciar la obra rápidamente y con la inyección que se le va a estar dando pudiéramos estar hablando que la obra se termina en el año 2015" y entraría "en operación comercial en enero de 2016", dijo Jorge Quijano, administrador de la ACP.
El convenio, que será firmado el próximo 6 de marzo tras su debida redacción y revisión, también establece que la moratoria del pago por 784 millones de dólares que ACP le había adelantado a GUPC se extenderá hasta 2018, precisó Quijano.
En un comunicado, GUPC señaló que el pacto responde a su objetivo de proveer fondos con un cofinanciamiento que "facilite la realización de las obras mientras se espera el resultado de los arbitrajes para asignar la responsabilidad final de los costos adicionales", que el consorcio atribuye a la ACP por problemas geológicos que encarecieron el proyecto.
El conflicto, que llevó incluso al gobierno español a intervenir a través de su ministra de Fomento, Ana Pastor, estalló el 30 de diciembre cuando GUPC reclamó a la ACP el pago de un sobrecosto de 1.200 millones de euros (1.600 millones de dólares) por la construcción del tercer juego de esclusas.
Las desavenencias llevaron a la paralización de las obras entre el 5 y el 20 de febrero. La ACP remitió a GUPC 36,8 millones de dólares por los trabajos facturados en diciembre pasado, a fin de avanzar en la búsqueda de una salida a la crisis.
Esa suma debía servir para pagar a los trabajadores, a los que se les debía el salario de una quincena, y para hacer frente a compromisos con proveedores, explicó ACP.
"Este ha sido el último paso de una serie de fases de negociación que han culminado en el acuerdo", indicó GUPC, también compuesto por la empresa italiana Salini Impreglio, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana.
La ampliación inicialmente iba a estar lista para este año, en coincidencia con el centenario de la vía, pero una serie de contratiempos llevaron a fijar en junio de 2015 la terminación de la obra. La nueva fecha es diciembre de ese año.
Según informes oficiales, el proyecto total, presupuestado en 5.250 millones de dólares, lleva un avance del 72%, y el tercer juego de esclusas, la parte asignada a GUPC, del 70%.
"El tercer juego de esclusas se va completar dentro de los términos del contrato, tal como lo exigimos desde el primer día", aseguró Quijano, al precisar que el trabajo se concluirá en diciembre de 2015.
El proyecto implica la ampliación de las vías de acceso y la construcción de nuevas esclusas sobre tres niveles que permitan el paso de los navíos llamados Post-Panamax, con capacidad de carga de hasta 12.000 contenedores.
Esta vía interoceánica por donde transita el 5% del comercio marítimo mundial aporta cerca de 1.000 millones de dólares anuales al país centroamericano, un 10% de sus ingresos fiscales.
Con la ampliación del Canal, las autoridades panameñas calculan el aumento de beneficios en 200 millones de dólares el primer año, 400 millones el segundo y 2.000 millones el tercero.
El retraso en las obras afecta también a países como Estados Unidos, que ha hecho inversiones millonarias en sus puertos para dar cabida a estos enormes navíos.
De 80 km de longitud, el Canal pasó a manos panameñas en 1999 tras haber sido construido, inaugurado en 1914 y administrado por Estados Unidos, hoy principal usuario, junto con China, Japón, Corea del Sur y Chile.

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