domingo, 2 de febrero de 2014

El Gobierno argentino se enfrenta al campo por el "botín" de dólares de la cosecha

BUENOS AIRES.- La acelerada sangría de las reservas del Banco Central Argentino ha hecho reavivar la disputa entre el Gobierno y el poderoso sector agropecuario, ésta vez por el "botín" de los dólares provenientes de la cosecha de granos.

El tórrido enero en el país suramericano cerró con un mercado cambiario al rojo vivo: una devaluación del peso argentino cercana al 23 % en un mes.
La tensión cambiaria tuvo su correlato en una fuerte salida de reservas monetarias, por unos 2.500 millones de dólares en el primer mes del año.
Todo hace prever que la sangría continuará si el Banco Central se empeña en mantener estable el nuevo tipo de cambio, en torno a los ocho pesos por dólar, a fuerza de intervenciones cotidianas en la plaza cambiaria.
Así, según economistas, el ritmo de salida de reservas podría ser en el corto plazo de mil millones de dólares mensuales, lo que dejaría a las arcas del Banco Central, actualmente con unos 28.000 millones de dólares, muy cerca del peligroso límite de los 25.000 millones de dólares, donde Argentina se vería sin suficiente poder de fuego para actuar ante las crisis.
La apuesta del Gobierno es la entrada de divisas a través de la liquidación de exportaciones de la cosecha de granos, tradicional fuente de riqueza del país suramericano.
Normalmente el grueso de la cosecha se liquida entre abril y mayo, pero el Gobierno cree que los grandes exportadores de granos ya están en condiciones de comenzar a liquidar sus ventas y que no lo hacen a la espera de un mejor precio, descontando que el dólar volverá a pegar un salto.
El jefe de Gabinete de ministros de Argentina, Jorge Capitanich, acusó el pasado viernes al sector de "amarrocar" la cosecha a través de" conductas que tienen que ver con la avaricia u otro tipo de carácter especulativo".
En el Gobierno, que ha convocado a los grandes exportadores de granos para los próximos días, creen que hay al menos ocho millones de toneladas de soja sin exportar, lo que equivaldría a unos 4.000 millones de dólares, una cantidad suficiente para dar aire a la economía por unos meses.
Las cuatro mayores entidades del sector agropecuario aseguraron, sin embargo, en un documento conjunto que "a esta altura del año, los productores ingresaron la misma cantidad de dólares por la venta de soja que el año pasado: más de 13.700 millones de dólares", cifra similar al total de reservas perdidas en 2013 por el Banco Central.
Consultores privados indican que la liquidación de la cosecha depende del frente cambiario.
"Si el Gobierno no logra calmar las expectativas de devaluación, los productores retendrán una mayor proporción del stock a la espera de un tipo de cambio más favorable", dijo la consultora privada Ecolatina en un informe.
Según el Gobierno, quienes están en capacidad de no vender por ahora su cosecha no son los pequeños y medianos agricultores, sino las grandes firmas del sector, los acopiadores y las exportadoras.
"Los que no liquidan divisas es porque tienen un proceso de ahorro en un bien ajustable de carácter internacional. Hay que diferenciar a un pequeño y mediano productor de un gran productor. Los que no liquidan son los que tienen una mayor capacidad para almacenar y tienen capacidad de ahorro", apuntó Capitanich.
Dirigentes del sector no hicieron esperar su respuesta. Todos reivindican su derecho a "ahorrar en soja" para cubrirse de la alta inflación y aseguran que el nuevo tipo de cambio no les vuelve más competitivos y que el campo no pedía una devaluación sino la eliminación de los impuestos a las exportaciones de granos.
Precisamente, estos impuestos fueron eje de una feroz disputa entre el campo y el Gobierno de Cristina Fernández en 2008, una pelea que incluyó numerosas huelgas patronales de no comercialización de granos y carnes, con severas pérdidas económicas para el país.
Ahora la controversia, jamás zanjada, se recalienta y en el oficialismo ya suenan en voz baja ideas como la creación de una agencia nacional de comercialización de cooperativas de productores agrarios o de una empresa estatal que compita con las grandes exportadoras de granos, lo que, de concretarse, aventa un nuevo pulso entre el campo y el Gobierno.

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