El juez Garzón denuncia la sumisión de los derechos a la economía

MADRID.- El juez español Baltasar Garzón, reconocido internacionalmente por su defensa de la justicia universal, considera que la economía está anteponiéndose a los derechos humanos en España, donde en breve quedarán cerrados casos de supuestos genocidio y tortura por una modificación legislativa.

El magistrado, de 58 años, dijo en una entrevista que los pasos dados por el gobernante Partido Popular para acabar con el principio de jurisdicción universal en España están directamente relacionados con la orden de detención dada la semana pasada por la Audiencia Nacional contra el expresidente chino Jiang Zemin y otros tres exdirigentes acusados de genocidio y delitos de lesa humanidad en el Tíbet.

"Este Gobierno es tan pragmático que opta antes por la paz económica que por la beligerancia jurídica para defender principios", dijo el juez, inhabilitado en España a raíz de una condena por prevaricación, en su despacho de abogados en Madrid.
"Aquí los únicos principios son los de los mercados, eso es lo grave para resolver crisis, que solamente importan esos aspectos económicos, olvidando los principios que subyacen y que son los que dan la configuración de un sistema democrático fuerte", añadió.
El jurista, que alcanzó fama internacional al ordenar en 1998 la extradición del exdictador chileno Augusto Pinochet, afirmó que la ley que permite juzgar en España supuestos crímenes cometidos en otros países se quiere modificar por la vía rápida para hacer frente a las veladas amenazas diplomáticas desde China en el terreno económico.