BUENOS AIRES.- Las autoridades argentinas detectaron e investigan un lucrativo
mercado negro de cereales con ventas cercanas a los 218 millones de
dólares, una ilícita operación destinada a violar el fisco privando así
al gobierno de valiosos ingresos.
El diario Página 12 reveló hoy los pormenores del resultado de la
pesquisa que realiza la Justicia Federal de Córdoba con apoyo de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Procuraduría de
Criminalidad Económica y Lavado de Activos.
En la lucrativa operación participan productores, acopiadores, corredores y transportistas, en tanto el último eslabón son las grandes exportadoras, precisó la publicación que tuvo acceso al expediente del caso.
Las principales consultoras vinculadas con el comercio exterior de granos estiman que en el país se comercializan en negro 20 millones de toneladas de soja por año.
El ilegal circuito comienza cuando un productor decide venderle de modo oculto sus granos a una empresa fantasma o apócrifa y finaliza cuando el grano es exportado. En el medio intervienen acopiadores, empresas de corretaje que se encargan de mediar entre el agricultor y el exportador, y los transportistas.
Esta permanece usualmente en las sombras, pero una causa judicial que investiga la existencia de una asociación ilícita tributaria, impulsada por la Fiscalía Federal de Villa María, Córdoba, dejó al descubierto los mecanismos utilizados para comercializar soja de manera ilegal, explicó Página 12.
Tanto la AFIP como la Fiscalía sostienen en varios escritos que la maniobra concluía con la exportación de la soja nunca declarada. Luego de exportar el cereal, las firmas exportadoras entonces reclamaban al gobierno el reintegro del impuesto IVA que nunca ingresó al fisco.
A través de la documentación analizada, los investigadores determinaron la sistematicidad de las operaciones de los distintos eslabones de la asociación ilícita con un grupo de exportadoras, de las que sobresalen las firmas Vicentin y Bunge, señala el diario.
Las autoridades argentinas han trazado todo el ilícito manejo de evasión fiscal a través de ese mercado negro de cereales a partir de los datos de las empresas apócrifas, los movimientos bancarios, escuchas telefónicas y documentos con la información detallada de cada uno de los movimientos de la asociación ilegal, resaltó el artículo de Página 12.
En la lucrativa operación participan productores, acopiadores, corredores y transportistas, en tanto el último eslabón son las grandes exportadoras, precisó la publicación que tuvo acceso al expediente del caso.
Las principales consultoras vinculadas con el comercio exterior de granos estiman que en el país se comercializan en negro 20 millones de toneladas de soja por año.
El ilegal circuito comienza cuando un productor decide venderle de modo oculto sus granos a una empresa fantasma o apócrifa y finaliza cuando el grano es exportado. En el medio intervienen acopiadores, empresas de corretaje que se encargan de mediar entre el agricultor y el exportador, y los transportistas.
Esta permanece usualmente en las sombras, pero una causa judicial que investiga la existencia de una asociación ilícita tributaria, impulsada por la Fiscalía Federal de Villa María, Córdoba, dejó al descubierto los mecanismos utilizados para comercializar soja de manera ilegal, explicó Página 12.
Tanto la AFIP como la Fiscalía sostienen en varios escritos que la maniobra concluía con la exportación de la soja nunca declarada. Luego de exportar el cereal, las firmas exportadoras entonces reclamaban al gobierno el reintegro del impuesto IVA que nunca ingresó al fisco.
A través de la documentación analizada, los investigadores determinaron la sistematicidad de las operaciones de los distintos eslabones de la asociación ilícita con un grupo de exportadoras, de las que sobresalen las firmas Vicentin y Bunge, señala el diario.
Las autoridades argentinas han trazado todo el ilícito manejo de evasión fiscal a través de ese mercado negro de cereales a partir de los datos de las empresas apócrifas, los movimientos bancarios, escuchas telefónicas y documentos con la información detallada de cada uno de los movimientos de la asociación ilegal, resaltó el artículo de Página 12.
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