martes, 11 de febrero de 2014

Política energética desacertada e improvisada / Ángel Tomás Martín *

Ha pasado tiempo desde que se acuñó, por las empresas productoras y distribuidoras de energía, la ya aceptada y manida frase "déficit de tarifa". Se asumió y sigue utilizándose sin que el ciudadano, consumidor de un bien necesario e imprescindible, comprenda el verdadero y profundo significado de una frase que pretende justificar la continua e inaceptable subida del costo final de la factura de su consumo eléctrico. 

Es sin duda, el esfuerzo de dar a conocer y no ocultar hechos y errores que obligan al encarecimiento progresivo de la energía, que desestabiliza presupuestos en los hogares, y coloca a la producción empresarial fuera de competencia, en especial con los mercados exteriores. 

Por eso, se reclama transparencia de una actividad excesivamente controlada y utilizada, en buena parte, para incorporar en sus facturas conceptos que nada tienen que ver con la generación y distribución de la energía. Gran parte de estos conceptos, no incluidos en donde debieran integrarse, los soportan los consumidores porque su recaudación es más sencilla y aparentemente encubierta.

Las empresas eléctricas, con independencia de sus costos de producción y distribución, se ven obligadas a incorporar también otros componentes, tales como: la moratoria nuclear, el impuesto de electricidad, las primas a las renovables, la producción extrapeninsular, las primas a la producción nacional del carbón y los planes de ahorro y eficiencia energética; a los que habrá que sumar, desde ahora, las anualidades e intereses del propio déficit contable, ya que el costo final de tarifa está controlado por la reciente Ley 24/2013 de Diciembre, del Sector Eléctrico; es una ley esencialmente económico-financiera, que, como su propio nombre indica, pretende resolver el llamado "déficit de tarifa" en lo referente a rendimientos y cobertura de obligaciones de pago de las compañías eléctricas, sin que se observe que haya acometido las soluciones de los verdaderos problemas del sector, ni haya aportado soluciones definitivas inmediatas ni para medio ni para largo plazo. La incertidumbre permanece, sin que el esquema triangular Economía-Hacienda-Empresas eléctricas haya minorado el problema, ni los costos se hayan podido reducir para que sean asumibles y competitivos.

Resulta sorprendente y, desde luego inaceptable, que la cobertura de los conceptos mencionados anteriormente, hayan de ser financiados con el incremento de la factura energética a cargo del consumidor. No debe olvidarse que son impuestos, subvenciones, aplicaciones a la necesaria política ambiental, y financiación obligatoria a la investigación y desarrollo de las energías renovables, que en conjunto, sus importes, ajenos a la producción eléctrica, constituyen casi el 60% de la facturación final. Al no recibir las empresas de distribución la financiación compensatoria de lo recaudado por cuenta del Estado, se ha llegado a producir el " déficit de tarifa ", cuya estimación se aproxima a 30.000 millones de €, equivalente al 3% del PIB.

Dentro de los conceptos mencionados anteriormente, ajenos a los costos de producción y distribución, las subvenciones a las energías renovables inciden en la factura alrededor del 21%. La UE tomó la decisión de que la producción energética alcanzase en el año 2.020 el 20% procedente de las fuentes renovables, porque de esta forma se mejoraría en igual porcentaje la eficiencia del servicio. España se lanzó a fomentar de forma masiva las instalaciones fotovoltaicas, dando lugar a que creciera el coste de las primas de forma desproporcionada, que al ser soportado por los recibos de la luz, ocasionaron por primera vez "resultados negativos" en las cuentas de resultados. La factura de los hogares españoles se elevó desde el 2.008 a 2013 un 46%, sólo superado en un punto porcentual por Lituania, mientras en Italia solo asciende a un envidiable 3%. La UE, probablemente convencida de su error, recientemente ha demorado la consecución de sus objetivos hasta el 2.030.

En la partida de las subvenciones a la energía solar, técnica aún en vía de perfección y desarrollo, los resultados han sido deplorables; su erróneo y prematuro lanzamiento produjo el desajuste más importante hasta ahora soportado. En España se instalaron más paneles solares en el 2.008 que en el resto del mundo, habiendo caído el precio de los mismos a niveles ridículos; razón por la cual y ante el inevitable desequilibrio presupuestario, se haya promulgado la Ley 24/2.013, ordenando la asunción del mismo por las Compañías Eléctricas, por los perceptores de primas, y en una parte residual el propio Estado.

Se da la paradoja de que con la crisis iniciada a finales de 2007, que aún sufrimos, con la disminución del tejido empresarial industrial y el control del consumo, la producción de energía eléctrica supera a la demanda. Sin embargo los precios suben de manera continuada y es lógico comprender que el ciudadano no entienda el embrollo de la situación.

A mayor abundamiento, en los años de crecimiento económico y las incontroladas facilidades financieras, se promovieron y pusieron en marcha nuevas plantas de "ciclo combinado", hoy prácticamente paradas. Nuestro potencial eléctrico instalado en España entre todos los sectores, es de más de 100.000 MW, potencia capaz de satisfacer al doble de la actual demanda.

Este es un lamentable error más, consecuencia de la falta de previsión económica, de la carencia de estudios profundos previos al lanzamiento y ejecución de unas estructuras faraónicas, que siempre suelen terminar sin rentabilidad y con un endeudamiento insoportable. Algo similar ha ocurrido con las desalinizadoras de aguas del mar, pensadas para cubrir necesidades hídricas con destino a la agricultura y el consumo humano. No son potables, y arruinan los cultivos al no poderse eliminar ni el boro ni el sodio. En California y Oriente Medio se eliminan por nocivas; aquí invertimos en ellas, aumentamos nuestro endeudamiento, pero su costo final es inasumible, carecen de demanda en el mercado y como consecuencia, la mayoría se encuentran inactivas.

La solución a este estado de cosas pasa por asumir la verdad. El “déficit de tarifa” es déficit del sector público y solo el objetivo contable de que éste no sobrepase un cierto nivel, impide reconocer la realidad y está presionando sobre la renta disponible de las familias y los costes empresariales.

 (*) Economista y empresario

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