SAN JUAN.- Con calificaciones ya de "bonos basura" por parte de
las tres grandes agencias, Puerto Rico confirmó hoy que "en breve" va a
tener que volver a pedir prestados miles de millones de dólares para
pagar o refinanciar sus deudas más apremiantes.
El Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que gestiona las finanzas de
la isla, anunció este martes que ultima las gestiones para volver al
mercado, al que no acude desde agosto pasado, debido en gran parte a los
elevados intereses que exigen los inversores para comprar sus bonos.
De hecho, los bonos puertorriqueños llevan meses negociándose a
intereses típicos de bonos "basura" o "chatarra", aunque no ha sido
hasta esta última semana cuando las agencias han dado el paso de bajar
sus calificaciones hasta el grado especulativo (en el que se agrupan las
inversiones que se consideran demasiado arriesgadas).
Rompió el hielo Standard & Poor's el pasado martes, día 4; el
viernes se sumó Moody's, y hoy Fitch ha sido la última en dar un paso
que para las finanzas de la isla puede ser dramático, ya que con estas
calificaciones muchos inversores se ven obligados a desprenderse de la
deuda de la isla de forma anticipada.
"Estamos decepcionados con la decisión de Fitch, aunque nos complace
que haya reconocido la respuesta rápida y decidida de Puerto Rico a los
desafíos que han surgido en los últimos años", dijeron hoy la secretaria
del Tesoro, Melba Acosta Febo, y el presidente del BGF, David Chafey,
en un comunicado conjunto.
Al igual que Moody's, Fitch bajó la calificación hasta el segundo
escalón del grado especulativo, argumentando que "las recientes rebajas
han desencadenado nuevos requisitos de liquidez y reducido las
expectativas de acceso al mercado".
Con este argumento reconoció que su decisión se debe al hecho de que
las otras agencias también hayan bajado la calificación, por lo que a
Puerto Rico se le pone más difícil obtener financiación.
De hecho, admitió que desde noviembre, que es cuando decidió revisar
sus calificaciones, "no se han registrado desarrollos negativos
significativos en las finanzas" de este Estado Libre Asociado a EE.UU.
En sus explicaciones, añade que Puerto Rico "ha respondido con
rapidez y decisión a los desafíos que han surgido en los últimos años y
la actual Administración ha hecho un progreso significativo en el
tratamiento de los problemas de crédito".
Fitch cree que el compromiso del Gobierno de lograr el equilibrio
fiscal y el cumplimiento de sus compromisos con los tenedores de bonos
"sigue siendo fuerte".
Sin embargo, la economía de la isla ha estado en recesión desde 2006
y, en su opinión, los signos iniciales de recuperación detectados en
2012 "parecen haber sido más un reflejo de estímulos económicos que un
verdadero crecimiento".
Con esta nueva emisión, que según los datos que se han ido filtrando
podría oscilar entre los 2.000 y 3.500 millones de dólares con un plazo
de entre 15 y 20 años, se pretende refinanciar o pagar la deuda ya
existente que tiene un vencimiento más próximo.
"Hemos completados medidas significativas en el último mes para
mejorar nuestra salud fiscal y estamos listos para acceder al mercado
con una nueva emisión de bonos de obligaciones generales", dijo hoy
Chafey, sin aclarar cantidades o plazos.
De hecho, aunque estaba previsto que mañana el equipo financiero del
Gobierno ofreciera explicaciones a inversores y analistas, hoy anunció
que retrasa una semana esa vídeoconferencia.
La degradación ha tenido impacto en el mercado de deuda municipal,
que se calcula que mueve unos 3,7 billones de dólares y donde cerca del
70 % de los fondos mutuos que lo componen tienen algo de deuda
puertorriqueña, que resulta muy atractiva para los inversores
estadounidenses porque está exenta de impuestos y ofrece tipos de
interés altos.
Los mercados temen que la situación financiera de la isla se
complique hasta el punto de que en un momento dado Puerto Rico decida
dejar de pagar sus deudas, algo que el Gobierno insiste constantemente
en decir que no va a ocurrir.
Con una deuda emitida de unos 70.000 millones de dólares (casi el
cuádruple que la acumulada por Detroit cuando protagonizó la mayor
quiebra de la historia en el mercado de deuda municipal), Puerto Rico no
puede acogerse a la protección del capítulo 9 de la ley estadounidense
que regula la bancarrota, debido a su peculiar estatus político.
De momento, el Ejecutivo confía en poder renegociar o pagar las
deudas más apremiantes, mientras recorta gastos públicos, algo que
quiere hacer sin despedir a empleados públicos en una isla donde el
Gobierno es el mayor empleador con gran diferencia, y aumenta los
ingresos, para lo que va a intensificar su lucha contra el elevado
fraude fiscal y prepara una reforma del sistema contributivo.
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