LA HABANA.- La protección y seguridad jurídica serán una cláusula de garantía de
la Ley de Inversión Extranjera, acorde con la constitución cubana, los
tratados internacionales y la legislación vigente en la nación, dijo hoy
una fuente legislativa.
A punto de concluir el proceso de preparación y presentación del
proyecto legislativo, el presidente de la Comisión parlamentaria de
Asuntos Constitucionales y Jurídicos, José Luis Toledo, significó la
importancia de respetar todo el marco legal implícito y que acompaña al
texto.
En tal sentido destacó que la legislación se instaurará sobre la base de la soberanía e independencia de la nación y el beneficio mutuo en aras del desarrollo económico del país, tal como quedó refrendado en discusiones previas con los diputados.
Al explicarle a la prensa pormenores del proyecto legal insistió en que la inversión extranjera es un complemento de los esfuerzos nacionales para el progreso del país, y estará dirigida hacia los sectores en los que es imposible avanzar sin financiamiento externo.
En tal sentido se priorizarán las exportaciones, el acceso a tecnologías de avanzada, sustitución de importaciones con énfasis en los alimentos, creación de fuentes de empleo, captación de métodos gerenciales de dirección, los encadenamientos productivos y el cambio de la matriz energética del país.
Otros especialistas del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera abundaron en que respaldará, como disposición general, al decreto-ley 313 aprobado para la creación de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, y otras zonas francas, ya que cualquiera de sus beneficios es válido para las inversiones extranjeras.
Asimismo, aclararon que al igual que en la Ley 77 de 1995, el actual proyecto no veda la participación de la emigración cubana en la inversión de capital foráneo.
Solo se establece que el monto y la propuesta del inversionista sean atractivas y estén acordes con las políticas sectoriales propuestas y el interés del país, pues de lo que se trata es de reunir las condiciones requeridas y obtener las debidas autorizaciones.
También precisaron que en esta ocasión no se fija tiempo límite para la inversión, ya que durará mientras sea viable y beneficiosa para ambas partes, ya que se dirigirán hacia proyectos nacionales para los cuales el capital cubano no tiene capacidad de asumir.
En el proceso preparatorio de la Ley participaron más de 23 organismos y entidades cubanas, que tuvieron en cuenta los resultados de las inversiones extranjeras radicadas en el país hasta 2010, así como las dificultades relacionadas con el nivel de endeudamiento y limitaciones de liquidez de la economía nacional.
En tal sentido destacó que la legislación se instaurará sobre la base de la soberanía e independencia de la nación y el beneficio mutuo en aras del desarrollo económico del país, tal como quedó refrendado en discusiones previas con los diputados.
Al explicarle a la prensa pormenores del proyecto legal insistió en que la inversión extranjera es un complemento de los esfuerzos nacionales para el progreso del país, y estará dirigida hacia los sectores en los que es imposible avanzar sin financiamiento externo.
En tal sentido se priorizarán las exportaciones, el acceso a tecnologías de avanzada, sustitución de importaciones con énfasis en los alimentos, creación de fuentes de empleo, captación de métodos gerenciales de dirección, los encadenamientos productivos y el cambio de la matriz energética del país.
Otros especialistas del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera abundaron en que respaldará, como disposición general, al decreto-ley 313 aprobado para la creación de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, y otras zonas francas, ya que cualquiera de sus beneficios es válido para las inversiones extranjeras.
Asimismo, aclararon que al igual que en la Ley 77 de 1995, el actual proyecto no veda la participación de la emigración cubana en la inversión de capital foráneo.
Solo se establece que el monto y la propuesta del inversionista sean atractivas y estén acordes con las políticas sectoriales propuestas y el interés del país, pues de lo que se trata es de reunir las condiciones requeridas y obtener las debidas autorizaciones.
También precisaron que en esta ocasión no se fija tiempo límite para la inversión, ya que durará mientras sea viable y beneficiosa para ambas partes, ya que se dirigirán hacia proyectos nacionales para los cuales el capital cubano no tiene capacidad de asumir.
En el proceso preparatorio de la Ley participaron más de 23 organismos y entidades cubanas, que tuvieron en cuenta los resultados de las inversiones extranjeras radicadas en el país hasta 2010, así como las dificultades relacionadas con el nivel de endeudamiento y limitaciones de liquidez de la economía nacional.
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