sábado, 29 de marzo de 2014

Cuba promueve la inversión extranjera para desarrollar su modelo pero con respeto a la soberanía nacional

LA HABANA.- Cuba necesita de 2.000 a 2.500 millones de dólares anuales de inversión extranjera directa para llevar adelante su modelo socioeconómico socialista, próspero y sustentable, afirmó hoy el vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo.

No utilizar esas fuentes retardaría el desarrollo nacional, dijo Murillo al intervenir en la sesión extraordinaria del Parlamento que debate la nueva ley de inversión extranjera.

Explicó que durante la última década la tasa de crecimiento promedio de la isla es de 1,8 por ciento y la de acumulación (inversiones) 13 por ciento, inferiores a los del conjunto de América Latina. Ello indica la necesidad de acceder al capital foráneo, insistió.

Para este año el plan de crecimiento de la isla es de 2,2 por ciento, lo cual subraya que, si bien la economía crece, lo hace a un ritmo que retarda el desarrollo, puntualizó.

Apuntó que la economía nacional precisa de un ritmo anual de entre el cinco y el siete por ciento, y para conseguirlo se hace necesario alcanzar tasas de acumulación del 20-25 por ciento, mediante créditos e inversión extranjera directa, aseveró.

Si bien la participación foránea es contemplada como complemento del esfuerzo inversionista nacional en actividades que sean de interés para el país, en la nueva ley se contempla que la inversión extranjera sea determinante en sectores específicos.

La ganadería, la industria láctea, la agricultura y el cambio de la matriz energética precisan de fuerte financiamiento externo, expresó Murillo.

Una inversión extranjera bien echa no significa regalar el país a pedazos, concluyó.

La Ley de Inversión Extranjera y sus normas complementarias atraerán capital foráneo con reglas claras y respeto a la soberanía de la nación en beneficio mutuo, afirmó por su parte el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca

 Al presentar el proyecto de la nueva legislación ante el Parlamento, Malmierca insistió en que se trata de lograr un marco legal que acompañe y garantice con total transparencia la inversión extranjera, con el objetivo de desarrollar la economía nacional y una sociedad próspera y sostenible.

Para ello el país promoverá una cartera de proyectos integrales que generen encadenamientos productivos en interés de dinamizar al pais, acorde con los lineamientos de la actualización del modelo económico y social de la nación.

En su explicación aclaró que el proyecto de ley contiene 34 principios generales y 11 sectoriales, que conciben a la inversión extranjera como un elemento para impulsar la exportación y sustitución de importaciones y garantizar la satisfacción eficiente de las necesidades del país.

Entre sus propósitos están la modernización y creación de infraestructuras, contribuir al cambio de la matriz energética mediante el aprovechamiento de fuentes renovables, la producción de alimentos, la creación de fuentes de empleo y la captación de métodos gerenciales.

El titular del Mincex aclaró que no se otorgará exclusividad sobre el mercado cubano, pues el socio extranjero tendrá que operar en igualdad de condiciones con las empresas nacionales.

También precisó que será orientada a sectores prioritarios como el agrícola y forestal, comercio mayorista, industrias, turismo, construcción, energía y minas y transporte, entre otros.

Al advertir sobre los elementos que pueden frenar la entrada de capital foráneo mencionó al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, la situación de endeudamiento interno, la escasez de divisas y los errores cometidos en la aplicación de la Ley 77, aún vigente.

Sobre el asunto alertó que es necesario avanzar y ganar en prestigio económico y financiero, por lo que se debe actuar con total transparencia para atraer a la inversión extranjera.

Entre las principales modificaciones y beneficios incluidos mencionó plena protección y seguridad al inversionista, el cual no podrá ser expropiado, salvo por motivos de utilidad pública o interés social previamente declarado por el Consejo de Ministros.

Esto se hará con respeto a la Constitución, los tratados internacionales suscritos por Cuba y la legislación vigente.

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