PARÍS.- España es el país donde más aumentó la desigualdad con la crisis
entre los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), reveló un informe de la agrupación.
De 2007 a 2010 los ingresos del 10 por ciento de la población española
más pobre cayeron 14 por ciento como promedio anual, mientras en ninguna
otra nación se reportó una caída superior al 10 por ciento.
Ese sector perdió un tercio de los ingresos pero los del 10 por ciento más rico solo bajaron en España uno por ciento, al tiempo que el coeficiente de Gini, que mide desigualdad económica, aumentó casi tres por ciento, el doble de los otros estados.
También la población pobre, considerada con ingreso inferior al 50 por ciento de la media, aumentó casi dos por ciento, fundamentalmente entre jóvenes de 18 a 25 años, que creció en cinco por ciento.
Un factor desencadenante, según el criterio de la OCDE es el incremento del desempleo como consecuencia de una destrucción de empleos sin precedentes en los trabajadores poco cualificados y los jóvenes, particularmente.
El empleo descendió en casi un tercio entre los hombres en edad de trabajar sin educación secundaria, en más de la mitad entre las mujeres jóvenes y en más del 60 por ciento entre los jóvenes.
El reporte indica que el número de españoles de 15 a 24 años sin trabajo y sin recibir preparación laboral alcanzó 19,6 por ciento a fines de 2010 y colocó al país en el segundo lugar en este acápite, solo superado por Grecia.
Según la OCDE, el sistema de protección español no estaba preparado para una crisis con fuerte aumento del paro de larga duración y de la pobreza, pues las transferencias públicas no están suficientemente orientadas hacia los más necesitados.
Estima asimismo que es altamente improbable que la recuperación económica baste para solucionar la crisis del mercado de trabajo y la crisis social del país, por lo cual la prioridad absoluta debe ser brindar ayuda a los grupos más desfavorecidos.
En primer lugar la OCDE propone que España fortalezca urgentemente las prestaciones asistenciales para los desempleados de larga duración y las familias de trabajadores pobres.
Como vía para financiar el incremento de esas prestaciones la organización propone imponer impuesto al valor agregado o incrementarlo a productos a los cuales no se aplica o se hace de forma reducida con argumentos de política social.
Ese sector perdió un tercio de los ingresos pero los del 10 por ciento más rico solo bajaron en España uno por ciento, al tiempo que el coeficiente de Gini, que mide desigualdad económica, aumentó casi tres por ciento, el doble de los otros estados.
También la población pobre, considerada con ingreso inferior al 50 por ciento de la media, aumentó casi dos por ciento, fundamentalmente entre jóvenes de 18 a 25 años, que creció en cinco por ciento.
Un factor desencadenante, según el criterio de la OCDE es el incremento del desempleo como consecuencia de una destrucción de empleos sin precedentes en los trabajadores poco cualificados y los jóvenes, particularmente.
El empleo descendió en casi un tercio entre los hombres en edad de trabajar sin educación secundaria, en más de la mitad entre las mujeres jóvenes y en más del 60 por ciento entre los jóvenes.
El reporte indica que el número de españoles de 15 a 24 años sin trabajo y sin recibir preparación laboral alcanzó 19,6 por ciento a fines de 2010 y colocó al país en el segundo lugar en este acápite, solo superado por Grecia.
Según la OCDE, el sistema de protección español no estaba preparado para una crisis con fuerte aumento del paro de larga duración y de la pobreza, pues las transferencias públicas no están suficientemente orientadas hacia los más necesitados.
Estima asimismo que es altamente improbable que la recuperación económica baste para solucionar la crisis del mercado de trabajo y la crisis social del país, por lo cual la prioridad absoluta debe ser brindar ayuda a los grupos más desfavorecidos.
En primer lugar la OCDE propone que España fortalezca urgentemente las prestaciones asistenciales para los desempleados de larga duración y las familias de trabajadores pobres.
Como vía para financiar el incremento de esas prestaciones la organización propone imponer impuesto al valor agregado o incrementarlo a productos a los cuales no se aplica o se hace de forma reducida con argumentos de política social.
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