OTTAWA.- La ciudadanía canadiense ha sido altamente valorada y deseada por
inmigrantes, pero estas cualidades tan apreciadas están a punto de
recibir un golpe bajo con el nuevo proyecto del gobierno federal.
Con la propuesta de revisión exhaustiva de las leyes de ciudadanía,
la primera que se realiza en una generación, el gobierno conservador
encabezado por Stephen Harper intenta convertir la ciudadanía canadiense
en algo más exclusivo, al tiempo que minimiza su valor, y vuelve a los
ciudadanos más vulnerables a los abusos de poder del Estado.
El tema se deriva de la propuesta del 7 de febrero con el proyecto de ley C-24, que solicita reformas legislativas para la Ley de Ciudadanía.
Mientras revelaba las enmiendas, el ministro de Inmigración y Ciudadanía Canadiense, Chris Alexander calificó la ciudadanía como “nuestro bien más preciado”; al mismo tiempo que
alegaba que los cambios deseados eran para “fortalecer el valor de la
ciudadanía”.
Capaz de un fin admirable, los cambios propuestos causarían el efecto
contrario a lo que Alexander sugiere, y aumentarían la capacidad del
gobierno de escoger “a dedo” aquellos que cumplan con sus cambiantes
estándares de aceptación cultural.
A pesar de los argumentos que sostienen que la ciudadanía sería “más
rápida y eficiente”, la legislación triplicaría el costo de aplicación, y
exigiría mayores estándares del dominio del inglés. No solo va a
exigirle a los inmigrantes residir en el país mucho más tiempo previo al
momento de aplicar para la ciudadanía, sino que los inmigrantes ahora
tendrán que jurar — hasta con una declaración firmada — que residirán
en Canadá reside in Canada a partir de ese momento. El tiempo habitado
en el país antes de obtener la residencia ya no valdría para las
aplicaciones de ciudadanía, y aceptar un trabajo fuera de Canadá después
podría arriesgar al individuo a que su ciudadanía sea revocada.
Las enmiendas del proyecto de ley C-24 también eliminaría el derecho a
apelar ante la revocación de la ciudadanía. Actualmente, el proceso de
apelación es un derecho automático; bajo las nuevas disposiciones en la
ley, el gobierno le concedería a los individuos apenas la oportunidad
para aplicar en la Corte Federal el permiso para apelar.
Los arreglos de este proyecto de ley es una evidente reacción
exagerada a las investigaciones sobre fraudes de residencia.
Recientemente ha salido a la luz casos sobre personas que han mantenido
una presencia ficticia en Canadá, y la nueva legislación apunta a estos
individuos. Pero, al hacer esto, el gobierno de Harper está condenando a
justos por pecadores, tal y como lo ha hecho desde que inició su
período en 2006.
Un estudio publicado en julio de 2013 reveló que
sólo 12 revocaciones de ciudadanía estaban vinculadas a fraude, desde
que el inicial programa de medidas severas se implementó en 2011. A
diferencia de lo que se podría esperar, desde que Harper fue elegido por
primera vez hace ya ocho años, el número de personas que han recibido
la ciudadanía bajo el gobierno de Harper ha disminuido drásticamente, a
pesar del creciente número de aplicaciones.
El Instituto para la Investigación en Políticas Públicas estudió
las otras enmiendas referentes a la ciudadanía comprendidas en el
proyecto de ley C-24. A través de un estudio publicado en enero, demostró cómo
estos cambios son, en realidad, contraproducentes para la integración
de los inmigrantes, e implican un retroceso, enalteciendo la cultura
angloparlante por encima de las otras.
Con respecto a este tema, el ministro de inmigración reiteró que
“la ciudadanía [canadiense] no es un derecho, es un privilegio”. Esta
declaración aclara la disposición menos discutida, y más preocupante, de
esta reforma: por primera vez en la historia canadiense, el gobierno
estaría en la capacidad de retirar la ciudadanía hasta de los mismos
canadienses nacidos en Canadá.
El gobierno podría revocar la
ciudadanía de cualquiera — nacionalizado o no — si es condenado en
cualquier otro país por crímenes de terrorismo y sentenciado hasta cinco
años a prisión. Otros crímenes que conllevan la misma penalidad incluye
traición y espionaje. Como no está permitido dejar a nadie sin
ciudadanía, este aspecto naturalmente aplica a aquellos que tengan doble
ciudadanía. Esto en particular es especialmente preocupante por las
tantas personas que tienen doble ciudadanía y no lo saben, o que desean
tenerla.
Muchas naciones consideran a los descendientes de sus nacionales como
ciudadanos, sin importar donde nacieron. Los canadienses no deberían estar tan dispuestos a apoyar esta medida.
Representa una pendiente resbaladiza al conceder a este gobierno, o
cualquiera que venga en el futuro, el poder para rescindir la
ciudadanía, basándose en limbos jurídicos de los estándares de otro
gobierno. En la sección 10 de este nuevo proyecto de ley también asigna a
los culpables la carga de demostrar que no tienen doble nacionalidad, y
dándole al gobierno mayor autonomía para declaraciones subjetivas.
Además de esto, hay un aspecto de esta reforma que no ha sido muy
discutido: ser un ciudadano canadiense ha sido un derecho fundamental
que este país ha otorgado a todos los nacidos dentro de sus fronteras,
desde que la ciudadanía canadiense se adoptó por primera vez en 1947.
Las malas conductas o las convicciones legales no han sido, y no deben
nunca ser, una justificación para que el gobierno arrebate este derecho.
Alexander argumentaba,“la
ciudadanía canadience es un valor único en el mundo, un privilegio de
gran peso, que conlleva a deberes y derechos, oportunidades y
responsabilidades”. Sin embargo, con esta legislación que va a ser aprobada a
finales de este año, se promueve todo lo contrario.
Dejando la ciudadanía de muchos en un permanente período de prueba,
la primera reforma de este tipo en una generación le otorgaría al Estado
un control para diseñar su propio linaje cultural, sometiendo a los
ciudadanos actuales como víctimas, y devaluando una ciudadanía que
en otra época fue tan prestigiosa.
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