BERLÍN.- La Comisión Europea anotó hoy la propuesta de que los estados
miembros de la Unión tengan un plazo hasta 2018 para aplicar nuevas
directivas en cuanto al recargo por energía renovable para las
industrias.
Esa decisión significa aplicar nuevas medidas en materia de exenciones a
las industrias de un recargo por energía renovable, a partir de un
borrador que circula este fin de semana entre los medios de prensa.
La interpretación que hacen de las directrices del sector apuntan a que Alemania, en disputa por el tema con al Comisión Europea, puede oponerse a la imposición de pagos retroactivos a sus compañías afectadas.
Con anterioridad, la Comisión promulgó exenciones al sector industrial pesado, sobre el particular.
La disputa inquieta a las industrias de alto consumo energético, en un país que constituye la mayor economía europea.
Por su parte, Bruselas aprecia si estas exenciones da a la industria alemana una ventaja injusta. Los consumidores particulares ya tienen que pagar este recargo en la factura eléctrica.
Dicho borrador añade un párrafo sobre normas transitorias hasta 2018, diseñadas para evitar una alteración abrupta para proyectos individuales, refleja el texto.
Por tanto, los estados europeos miembros de la unión (Unión Europea) cuentan con un año, a partir de la puesta en vigor del reglamento, para notificar a la Comisión Europea sobre su plan de ajuste.
La interpretación que hacen de las directrices del sector apuntan a que Alemania, en disputa por el tema con al Comisión Europea, puede oponerse a la imposición de pagos retroactivos a sus compañías afectadas.
Con anterioridad, la Comisión promulgó exenciones al sector industrial pesado, sobre el particular.
La disputa inquieta a las industrias de alto consumo energético, en un país que constituye la mayor economía europea.
Por su parte, Bruselas aprecia si estas exenciones da a la industria alemana una ventaja injusta. Los consumidores particulares ya tienen que pagar este recargo en la factura eléctrica.
Dicho borrador añade un párrafo sobre normas transitorias hasta 2018, diseñadas para evitar una alteración abrupta para proyectos individuales, refleja el texto.
Por tanto, los estados europeos miembros de la unión (Unión Europea) cuentan con un año, a partir de la puesta en vigor del reglamento, para notificar a la Comisión Europea sobre su plan de ajuste.
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