WASHINGTON.- El Tribunal de Justicia de Estados Unidos escuchará mañana, lunes, argumentos en el caso de los "fondos buitres" contra Argentina, y cuán lejos pueden ir los inversores en busca de activos argentinos para obtener compensación por bonos impagados.
El Tribunal Supremo debe revisar si dos entidades financieras tienen
que entregar información sobre los activos de Argentina, en el contexto
del largo litigio planteado por los acreedores privados que no
admitieron los canjes de deuda pública, tras la suspensión de pagos de
Argentina en 2001.
En la audiencia estará presente el secretario de Finanzas de Argentina, Pablo López.
Si, como se espera, el Tribunal permite que el Gobierno de EEUU
presente sus argumentos como "amicus curiae" en apoyo de Argentina, sus
opiniones las presentará el procurador general adjunto Edwin Kneedler,
quien tendrá diez minutos para hablar ante los magistrados.
Los inversores que buscan cobrarle a Argentina los bonos estarán
representados por Theodore Olson, con treinta minutos para su argumento.
El Gobierno de Estados Unidos envió en marzo un informe al Tribunal
Supremo en el cual respalda la posición de Argentina de que se respete
la inmunidad de los activos financieros del país suramericano frente a
los llamados "fondos buitres".
El procurador general de EEUU, Donald B. Verrilli, argumentó que el
Gobierno tiene "un interés sustancial en la correcta interpretación y
aplicación" de la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA).
Si el Tribunal Supremo, señala Verrilli, "permite más exámenes de
activos en propiedad de un Gobierno extranjero, dañaría las intenciones
de la ley FSIA y tendría un número de consecuencias adversas" para EEUU.
Argentina ha presentado una apelación ante el máximo tribunal de EEUU
que busca impedir que la empresa Elliott Management Corp. NML, uno de
los acreedores privados calificados como "fondos buitres", pueda acceder
a las cuentas que tienen el Gobierno y altos funcionarios argentinos en
el Bank of America Corp. y el Banco de la Nación Argentina.
NML ha solicitado estos registros bancarios para conocer cómo mueve
Argentina sus activos por todo el mundo e identificar dónde podría
buscar compensaciones.
Este caso, no obstante, es independiente de la causa central en la
que se define si Argentina debe pagar o no, y cómo, a los fondos de
inversión que reclaman el reembolso íntegro de bonos soberanos
adquiridos a finales de 2001, tras el desplome de la economía argentina,
y que se negaron a participar en las reestructuraciones de deuda
impulsadas por el Gobierno argentino en 2005 y 2010.
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