MADRID.- El programa de recortes del primer ministro francés, Manuel Valls,
recibió hoy el respaldo mayoritario de los diputados, pese a que se
registraron algunas discrepancias en el seno del mayoritario Partido
Socialista (PS).
Los 50.000 millones de euros de ahorro para los
próximos tres años, con una congelación de pensiones, de salarios de
funcionarios y de algunos servicios públicos, recibió el voto favorable de 265 legisladores, frente a los 232 que se manifestaron en contra.
Unos
40 diputados socialistas no apoyaron el proyecto de Valls y prefirieron
abstenerse, lo que marca la división interna que hay en el partido que
apoya al Gobierno.
El primer ministro había puesto toda la carne
en el asador en un voto que era consultivo, pero que representaba un
enorme riesgo para el Ejecutivo.
Una derrota hubiera evidenciado la falta de apoyo del gabinete.
El propio Valls lo había advertido, el sufragio de los diputados
"condiciona a la vez la legitimidad del Gobierno, su capacidad de
controlar a su mayoría parlamentaria y, sobre todo, la credibilidad de
Francia".
En los últimos días, el primer ministro había hecho
concesiones para garantizarse el voto de los sectores más moderados de
su partido, pero las 41 abstenciones socialistas registradas muestran
que hay una fractura dentro de la formación.
Valls había dejado al margen de la congelación a las pensiones por debajo de los 1.200 euros
y a los funcionarios con los salarios más bajos, pero no fue suficiente
para convencer al sector más izquierdista de su partido, que pedía un
giro político más profundo.
Consideran esos diputados que el
recorte va demasiado lejos y demasiado rápido y pedían rebajarlo a
35.000 millones y solicitar un plazo suplementario a Bruselas para
cumplir con los compromisos de déficit.
"Millones de franceses
esperan de la izquierda otro tipo de política", explicó el diputado
socialista Christian Paul, uno de los que se abstuvo.
Dos años después de que la victoria del socialista François Hollande en las elecciones presidenciales acabara con el poder de la derecha con un discurso muy progresista, el programa de Valls aparece como un giro hacia el centro.
Su
plan reposa en una bajada de impuestos para las empresas, valorada en
30.000 millones de euros, con el compromiso de que usen ese dinero para
mejorar su competitividad, con nuevas inversiones y, sobre todo, con
contrataciones.
En ningún caso, dijo Valls, como sospechan los sindicatos y los neocomunistas, para "aumentar los dividendos de los accionistas o las remuneraciones de los directivos".
El
objetivo es relanzar la economía, pero, sobre todo, estimular el
mercado laboral, que hasta ahora ha logrado frenar el crecimiento del
paro solo con contratos subvencionados.
Para financiarlo sin
erosionar el poder adquisitivo de los franceses con una nueva subida de
impuestos, el plan Valls prevé recortar 50.000 millones de euros del
gasto público, esencialmente congelando las pensiones, los salarios
públicos y algunos servicios.
La administración central ahorrará 18.000 millones, los entes locales 11.000 millones, la seguridad social 10.000 millones y los servicios públicos otros 11.000 millones.
Valls
defendió que esos recortes son "justos" y están "bien repartidos" y
negó que se trate de un plan de austeridad porque, afirmó, mantienen los
servicios públicos en su nivel actual y se proponen avances en algunos,
como la educación, donde se contratarán 60.000 docentes en cinco años,
la seguridad y la justicia.
Frente a su programa, el primer
ministro escuchó las críticas de la oposición, en particular de los
conservadores de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), cuyo
presidente, Jean-François Copé, poco dado a tomar la palabra en el
Parlamento, sentenció que el plan Valls "no tendrá ningún efecto
positivo".
En contraposición, animó al Gobierno a fijarse en los ejemplos de otros países,
como Reino Unido, que ha estabilizado el paro; Alemania, que aumenta
sus exportaciones, o España, "que hace un esfuerzo considerable en la
reducción del déficit".
Su colega conservador Hervé Mariton, que
no se cree las cifras presentadas por el Gobierno, pidió a Valls el
compromiso de dimitir en el caso de que Francia no reduzca hasta el 3 %
su déficit en 2015.
La derecha considera que el plan es poco
ambicioso y pide unos recortes de 130.000 millones de euros, aunque,
como criticó Valls, "no explican de dónde sacarán ese dinero".
No hay comentarios:
Publicar un comentario