LISBOA.- En 40 años de democracia, Portugal ha pasado de ser un país aislado
económicamente a convertirse en un Estado integrado en la UE pero azotado por la crisis.
El 25 de abril de 1974, cuando se inició el proceso de transición
democrática tras casi 50 años de dictadura, una cuarta parte de la
población portuguesa era analfabeta y el país tenía una de las mayores
tasas de mortalidad infantil de Occidente (60 óbitos por cada 1.000).
Tanto la sanidad como la educación públicas
fueron los grandes logros tras el 25 de abril: la tasa de
mortalidad de bebés de menos de 1 año es ahora de 3,4 cada 1.000 y la de analfabetismo ronda el 5 %, según los últimos datos.
Sin embargo, el último lustro de
recortes ha ensombrecido los avances sanitarios y educativos por los
aumentos del copago en las consultas o las urgencias -se duplicó en
ambos casos-, por la subida en las matrículas universitarias o la
disminución de becas.
En paralelo al desempleo, que rozó el pasado
año el 18 %, el riesgo de pobreza se ha situado en el 18,7 % de la
población: unos dos millones de portugueses viven con 4.904 euros
anuales, es decir, poco más de 400 euros al mes.
También
el sistema de pensiones, otro de los triunfos tras el 25 de abril, ha
estado cuestionado por los sucesivos recortes aplicados por el Gobierno
para reducir el gasto público y cumplir con las metas exigidas por la
llamada troika.
A
todo esto se añade el galopante proceso de envejecimiento en Portugal,
donde se prevé que en las próximas décadas haya 307 ancianos por cada
100 jóvenes, una proporción que ejercerá presión sobre los sistemas de
salud y de la seguridad social.
Haber creado una moneda
común en países con una competitividad externa diferente, la
inexistencia de una supervisión cuidada de las políticas macroeconómicas
y las posteriores prisas en corregir desequilibrios presupuestarios
condujeron al país a la depresión en la que se sumió desde 2011.
Una de las consecuencias más nocivas en el presente es el alto desempleo, pero también la emigración.
Según
cálculos del Gobierno luso, tanto en 2013 como en 2012 abandonaron el
país entre 100.000 y 120.000 portugueses (en torno al 0,1 % de una
población total de 10,5 millones).
Muchos fueron universitarios de
instituciones públicas, altamente formados, de los que el país no se
aprovecha pese a que el Estado luso gasta en cada alumno unos 8.000
euros anuales, según la OCDE.
Aunque la recesión haya ensombrecido
algunos progresos, muchos reivindican lo logrado durante los 40 años de
democracia.
Y
los logros no solo se reflejan en indicadores como la salud, la
educación, las infraestructuras o las telecomunicaciones.
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