WASHINGTON.- Tras dos meses de arduas negociaciones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó esta semana finalmente el esperado préstamo a Ucrania por valor de 17.000 millones de dólares y dos años de duración, que busca ofrecer un respiro a la complicada situación en el país.
En esta ocasión, las cuestiones económicas, con una recesión prevista
del 5 % para 2014, se entremezclan con las políticas, dadas las
tensiones internas entre el nuevo gobierno de Kiev y los movimientos
separatistas prorrusos del este de Ucrania.
Por ello, la directora
gerente del FMI, Christine Lagarde, reconoció al dar a conocer el
programa de asistencia financiera, al que van condicionadas una serie de
reformas estructurales de ajuste fiscal, la incertidumbre que lo
acompaña.
"Los riesgos del programa son altos. En particular, una
mayor escalada en las tensiones con Rusia y la agitación en el este del
país supone un riesgo sustancial para las perspectivas económicas",
afirmó Lagarde.
Los funcionarios del Fondo consideran
impostergable un ajuste fiscal que reduzca el déficit en torno al 3 % en
los próximos dos años para la estabilidad económica del país, y
subrayan como fundamental la supresión de los subsidios energéticos de
la compañía ucraniana estatal de gas Naftogaz, uno de los principales
responsables de este abultado desequilibrio en las cuentas públicas.
Consciente
de las críticas de que este ajuste pueda ahondar la actual recesión de
la economía ucraniana, el director del Departamento de Europa del Fondo,
Reza Moghadam, calificó el ajuste planeado como "moderado" en un
encuentro con periodistas en Washington.
Algo que, sin embargo, no comparten algunos analistas.
"Dudo
mucho que el plan del FMI funcione. El ajuste es notable, y puede
generar una espiral en descenso donde los ingresos y el déficit
empeoren, como ocurrió en Grecia y otros país que han tratado de reducir
el gasto durante una recesión", dijo Mark Weisbrot, codirector
del Center for Economic and Policy Research de Washington.
"No puedes destruir una economía para salvarla", remarcó Weisbrot.
El
ya de por sí complejo panorama se complica aún más cuando salen a la
luz los detalles del programa, que además de congelar los salarios y
elevar los impuestos y el precio del gas, estipula que parte de la
inyección de dinero por parte del FMI debe destinarse al pago de deudas
previas de Kiev con el organismo internacional.
Por su parte,
Rusia, que tras anexionarse Crimea mantiene su respaldo a los
movimientos separatistas del este de Ucrania, también verá saldadas sus
deudas por las importaciones de gas, que la estatal Gazprom situó en
alrededor de 3.500 millones de dólares.
Moghadam reconoció que el
ingreso neto para Kiev será de 12.000 millones, una vez se descuenten
los 5.000 millones adeudados a la institución, y consideró estos pagos
necesarios para el restablecimiento de la "confianza" en las finanzas
públicas de Ucrania.
La luz verde del FMI significa, además, el
desbloqueo adicional de otros 10.000 millones de dólares por parte de la
comunidad internacional a través del Banco Mundial y la Unión Europea,
entre otros.
Quizá por ello, otros analistas se muestran más
optimistas acerca de la posibilidad de que el programa salga adelante y
permita la estabilización de la economía ucraniana.
"Ucrania está
ahora luchando por su supervivencia como un estado independiente, lo que
significa que es políticamente mucho más sencillo pedir a los
ciudadanos compartir algo de sacrificio por los más altos precios de la
energía y, además, los oligarcas ucranianos tienen también un amplio
interés en que el programa tenga éxito", indicó Jacob Kierkegaard,
investigador del Peterson Institute for International Economics.
Estas
dos circunstancias, agregó Kierkegaard, significan que "el nuevo
gobierno tiene mucho más espacio político para aplicar el programa que
previamente".
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