MADRID.- El Gobierno español dice ahora que no hay "ninguna
constancia" de "irregularidades" en la concesión de un aval por parte de
la Compañía España de Seguro de Crédito a la Exportación, S.A. (Cesce) a
la empresa Sacyr para el proyecto de las obras de ampliación del Canal
de Panamá, y niega que la constructora recibiera un "trato de favor" en
dicho proceso.
Así lo asegura en varias respuestas escritas a los diputados
Gaspar Llamazares (IU), Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) y Joan Baldoví
(Compromís-Equo) sobre el conflicto que a principios de año mantuvieron
el grupo de constructoras encargado de las obras --que lidera la
española Sacyr-- y la Autoridad del Canal de Panamá, que finalmente se
saldó con una solución acordada y la reanudación de los trabajos.
Baldoví se hacía eco de informaciones periodísticas según las
cuales Sacyr consiguió el aval de 160 millones de euros de Cesce "aunque
no cumplía todos los requisitos" y por ello interpelaba al Ejecutivo
para saber quién tuvo la "responsabilidad máxima" en dicha concesión y
si cree que "se actuó correctamente".
En su respuesta, el Gobierno señala que
la operación fue aprobada por la Comisión de Riesgos por Cuenta del
Estado conforme a la normativa vigente, e indica que "hasta el momento
la concesión del aval no ha generado ningún perjuicio ni a Cesce ni al
Estado".
"Con la información de la que se dispone, no se tiene ninguna
constancia de que se haya obrado irregularmente", añade, sin aclarar sin
embargo si abrirá una investigación para depurar responsabilidades como
pedía el diputado valenciano.
Por su parte, el portavoz adjunto de la formación magenta
recordaba que en 2009, cuando la compañía pública avaló a Sacyr, se
produjeron críticas sobre "un presunto trato de favor a la empresa
derivado de estrechos lazos políticos con el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero" y sobre que la oferta económica de la constructora
para conseguir el proyecto constituía una "baja temeraria".
Ante la posibilidad de que hubiera que ejecutar el aval público,
Martínez Gorriarán pedía detalles sobre el compromiso exacto que había
asumido Cesce y preguntaba al Ejecutivo si "considera que Sacyr
consiguió del Gobierno nacional del momento algún tipo de trato de
favor, en contraste con otras empresas españolas que también concursaron
para la obra de ampliación del Canal" y que no recibieron respaldo
público.
En su respuesta, el Gobierno aclara que Cesce únicamente aseguró
las fianzas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de Sacyr --licitaciones, pagos, fiel cumplimiento y buen
uso de los tres anticipos-- pero que nunca realizó ningún préstamo a la
empresa.
"El riesgo que asume Cesce es el de impago de Sacyr al fiador --la
aseguradora Zurich-- del importe ejecutado de las fianzas o avales
prestados en su nombre. Se trata, por tanto, de una fianza a los
fiadores de Sacyr", precisaba, añadiendo a renglón seguido que "con la
información de la que se dispone no puede considerarse que la empresa
Sacyr haya conseguid un trato de favor".
En el mismo sentido, en respuesta a Llamazares, precisa que "en el
hipotético caso de que se produjera la indemnización, la Compañía
Española de Seguros de Crédito a la Exportación deberá llevar a cabo
todas las acciones necesarias para recobrar la indemnización pagada".
Estas respuestas contrastan con las declaraciones que el
secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, realizó el pasado
mes de marzo en sede parlamentaria, cuando reconoció que el
procedimiento por el que Cesce concedió en 2009 el aval a Sacyr fue
"irregular" ya que el expediente tendría que haber pasado por la
Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno.
Según García-Legaz, las garantías concedidas a la constructora en
2009 "no debieron haberse otorgado por ese procedimiento, que fue
irregular", ya que "las operaciones de esa cuantía" deben pasar por la
Comisión Delegada. "Y ésta no lo hizo", añadió, confirmando así las
deficiencias que el propio Tribunal de Cuentas señaló en su informe de
fiscalización de la actividad de Cesce de ese ejercicio, donde también
recordaba que debería haberse aprobado una orden ministerial que
"amparase" las peculiaridades de esta operación.
El documento hacía referencia a dos pólizas por las que Cesce
cobró una prima de 16,4 millones de euros. "La primera de ellas se
suscribió sin someterse en todos sus aspectos significativos a lo
previsto en las condiciones generales para esta modalidad de seguro y
para la segunda se aceptó su cobertura, a pesar de las reservas
manifestadas por los servicios técnicos de la entidad, con el objeto de
evitar un empeoramiento del riesgo asumido anteriormente", apunta el
Tribunal.
En cuanto a la segunda póliza, el organismo fiscalizador ha
"constatado que las necesidades totales de aseguramiento que el
exportador español requería no fueron íntegramente conocidas por la
Comisión de Riesgos Cubiertos por Cuenta del Estado al tiempo de
autorizarse la operación", por lo que los riesgos aceptados inicialmente
por Cesce "sólo resultaron ser una parte de los que finalmente hubo que
cubrir".
Así, el organismo público se vio obligado a aceptar la ampliación
de las garantías, pese a su envergadura, para evitar, en caso contrario,
la inviabilidad de la operación de exportación y las consiguientes
pérdidas que se hubieran producido para todas las partes, incluida la
propia Cesce.
En otra respuesta parlamentaria, el Ejecutivo explica a Baldoví
que el viaje que la ministra de Fomento, Ana Pastor, realizó a Panamá a
principios de año tuvo lugar "a petición" del Gobierno panameño para
"tratar la problemática surgida durante la ejecución de las obras" ante
la "repercusión que esta obra tiene tanto sobre el transporte marítimo
internacional como sobre la internacionalización de las empresas
españolas de la construcción y la ingeniería".
Por eso, y a pesar de tratarse de "un problema entre una entidad
privada y una entidad que es independiente del Gobierno panameño", el
Gobierno considera que la presencia de Pastor estaba justificada y
servía para defender intereses españoles, razón por la cual "los costes
del viaje han sido asumidos por el Ministerio de Fomento".
No obstante, en otro texto remitido a Gaspar Llamazares, el
Ejecutivo recuerda que "la imagen de un determinado país es la
consecuencia de múltiples factores concatenados a lo largo del tiempo"
por lo que la 'Marca España', que "es muy apreciada", "no puede verse
afectada por una desaveniencia de índole comercial en la ejecución de un
proyecto concreto".
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