MADRID.- La caída del resultado obtenido en la lucha
contra el fraude en 2013 ha motivado que la Agencia Tributaria esté
potenciando en España la labor del Departamento de Gestión del organismo para
detectar el pequeño fraude, que supone dedicar menos tiempo a la
inspección y una recaudación de ingresos más inmediata, según fuentes de la Inspección del organismo.
El pasado año, la Agencia Tributaria recaudó 10.950 millones de
euros por la labor de prevención y lucha contra el fraude fiscal, lo que
supone una caída del 4,9% respecto al año anterior, según los datos
oficiales ofrecidos por el organismo.
Por ello, la Agencia Tributaria quiere que el Departamento de
Gestión adopte un papel más activo en su función de control tributario,
especialmente en lo relativo a la campaña de la renta, módulos o la
tributación del IVA.
Este departamento puede llevar a cabo procesos más masivos que lo
que requiere la inspección del fraude más complejo, mediante la
realización de paralelas a las autoliquidaciones presentadas por los
contribuyentes o las peticiones de requerimientos, lo que permite, en
muchos casos, una recaudación más rápida cuando se detecta el fraude.
Ello no significa, precisaron las mismas fuentes, que se haya
dejado de lado la inspección de grandes empresas, sino que se trata de
"poner más énfasis" durante el periodo de gestión de los impuestos para
evitar el conocido como pequeño fraude.
Por otro lado, Hacienda sigue preparando la lista de defraudadores y
morosos que el Gobierno se ha comprometido a hacer pública, y en los
últimos tiempos va ganando terreno la idea de que la citada lista ponga
más el acento en los morosos que en los defraudadores, ya que estos
últimos terminan siendo públicos al contar con una sentencia judicial.
En cambio, la identidad de los morosos, que dejan de pagar cada
año a Hacienda más de 10.000 millones de euros, según las últimas
memorias de la Agencia Tributaria, nunca se llega a conocer y, sin
embargo, supone un número nada despreciable de contribuyentes a los que
se liquida una deuda y no la pagan al declararse insolventes.
Según fuentes de la inspección, la propuesta pasaría por publicar
esta lista de morosos y defraudadores en la página web de la Agencia
Tributaria y, en el caso de los primeros, deberán estar, al menos, en la
fase de embargo para que su nombre aparezca en dicha lista.
Ello generaría un "castigo social y una presión" sobre estos
contribuyentes, que podría llevar en muchos casos, sobre todo en el caso
de las empresas, a tener dificultades para seguir con su actividad,
dado que socios o proveedores podrían conocer de forma inmediata si son
morosos con la Administración.
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