BUENOS AIRES.- El Gobierno de Argentina ha asegurado que el
levantamiento de la medida cautelar que evitaba que el país tuviera que
pagar unos 1.330 millones de dólares (980 millones de euros) a varios
fondos de cobertura, conocidos en el país latinoamericano como 'fondos
buitre', impide el próximo pago de la deuda a los acreedores, previsto
para el 30 de junio.
A través de un comunicado, el Ministerio de Economía detalla que
la resolución, dictada por la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito
de Nueva York, "imposibilita el pago en Nueva York del próximo
vencimiento de la deuda reestructurada y muestra la inexistencia de
voluntad de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la
sentencia dictada por el juez Griesa".
Esta medida, que hace efectivo el fallo del Tribunal Supremo de
Estados Unidos del pasado martes, "empuja a Argentina al default
--suspensión de pagos--", tal y como ya advirtió el ministro de Economía
de Argentina, Axel Kicillof, que ha denunciado que "quieren tirar abajo
la reestructuración de la deuda argentina".
"Argentina lamenta la decisión adoptada en el día de la fecha por
la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos que
deja sin efecto la suspensión ('stay') de las medidas cautelares 'pari
passu' dictadas por Griesa, en el marco de la sentencia en favor de los
'fondos buitre'", apunta la nota del Ministerio.
Este texto se ha dado a conocer horas después de que
representantes argentinos y de los fondos buitre se hayan reunido en
Nueva York. Sin embargo, el Gobierno argentino insiste en que este
anuncio "muestra la inexistencia de voluntad de negociación" y advierte
de que "imposibilita el pago del próximo vencimiento de la deuda"
contraída por Argentina.
El Ministerio de Economía explica que Argentina no podrá pagar los
cupones de deuda en cumplimiento a sus acreedores reestructurados "a
menos que, en simultáneo, pague la totalidad de lo reclamado por los
'fondos buitre'", una cifra que según cálculos del propio Ministerio
ascendería a unos 15.000 millones.
El juez Thomas Griesa, que fue quien dictó el fallo que condena a
Argentina a pagar a los 'fondos buitre' y que preside los encuentros
entre ambos bandos, considera una "ofensa" las palabras de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner y advierte de que suponen "un problema"
para una posible negociación.
Fernández de Kirchner fue la primera en reaccionar a la decisión
del Tribunal estadounidense, que tachó de "extorsión".
"Argentina tiene
voluntad de negociación, pero lo que no tiene es por qué ser sometida a
semejante extorsión", sentenció la mandataria en un mensaje emitido a
través de la cadena nacional de televisión.
"Realmente no me da confianza de un compromiso de buena fe para
pagar todas las obligaciones de la Argentina", ha apuntado Griesa sobre
las declaraciones de la presidenta, además de insistir en que pueden
suponer "un problema" para lograr un acuerdo con los 'holdouts' que
evite una situación de 'default'.
Con su decisión, el Supremo estadounidense refuerza la validez del
dictamen de un tribunal inferior por el que se prohibía a Argentina
realizar cualquier pago de su deuda reestructurada si no se abonaban
también las cantidades adeudadas a los tenedores de bonos que no
aceptaron el canje propuesto en 2001.
En noviembre de 2012, la Corte Federal de Nueva York dictaminó la
obligación de Argentina de abonar los 1.330 millones de dólares que
adeuda a los 'hedge funds' que rehusaron reestructurar sus bonos
argentinos en cartera tras la quiebra del país austral en 2001.
"Argentina tiene que pagarle a los demandantes el 100% de esos
1.330 millones al mismo tiempo o antes de que les pague a los tenedores
de bonos reestructurados", indicó el juez federal Thomas Griesa en su
sentencia de noviembre de 2012.
Argentina incumplió en 2001 las obligaciones del servicio de deuda
por importe de 95.000 millones de dólares (69.853 millones de euros).
Posteriormente, en 2005, el país ofreció a sus acreedores un canje por
bonos de valor inferior, oferta que repitió en 2010. Argentina logró con
estas propuestas acuerdos que cubrían el 92% de su deuda.
No obstante, algunos inversores, incluyendo NML Capital,
rechazaron ese acuerdo y exigieron al país austral el pago íntegro de la
deuda, tras lo que fueron llamados "buitres" por las autoridades
argentinas, ya que estos fondos habían comprado los bonos con descuento
ante la posibilidad de impago del país.
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