BUENOS AIRES.- Una delegación parlamentaria, compuesta por
legisladores oficialistas y opositores argentinos, viajará el domingo a
Washington para apoyar a Argentina en el contencioso que mantiene con fondos de inversión, en los días
previos a que la Corte Suprema estadounidense emita su fallo.
La intención de los miembros de la comitiva es mantener reuniones con
legisladores de Estados Unidos para explicarles la necesidad de
respaldar la reestructuración de la deuda que realizó Argentina en 2005,
informaron fuentes oficiales.
La delegación estará encabezada por el titular provisional del
Senado, Gerardo Zamora, y el presidente de la Cámara de Diputados,
Julián Domínguez, e integrada, por parte del oficialismo, por otros
cargos de ambas cámaras y representantes del gubernamental Frente para
la Victoria (FpV).
Por parte opositora, viajará el presidente del bloque del Frente
Renovador en la Cámara Baja, Darío Guistozzi, el diputado de la
conservadora Propuesta Republicana (Pro) Federico Sturzenegger; el
exministro de Economía y actual dirigente de la coalición UNEN, Martín
Lousteau, y Lino Aguilar, del Partido Justicialista.
Los encuentros con los legisladores estadounidenses tendrán lugar en
los días previos a la audiencia de la Corte Suprema del próximo jueves, y
en ellos los parlamentarios argentinos les harán saber la voluntad de
negociación de Argentina con los querellantes, en condiciones similares a
las ofrecidas a los demás acreedores en 2005 y 2010.
Los denominados "fondos buitres" adquirieron deuda argentina con
altos tipos de interés y riesgo, con la esperanza de obtener importantes
beneficios mientras Argentina atravesaba una severa crisis económica y
social que llevó a declarar el cese de pagos a finales de 2001.
En los canjes de deuda de 2005 y 2010, Argentina logró una adhesión
del 93 % de los inversores para reestructurar una deuda en mora inicial
de 102.000 millones de dólares, con una quita del 65 %, fuertes ahorros
en intereses y plazos de pago extendidos.
El pasado 23 de agosto la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito
de Nueva York confirmó un fallo de primera instancia del juez Thomas
Griesa que obliga a Argentina a pagar a los fondos de inversión
litigantes 1.300 millones de dólares.
La aplicación de esta decisión está en suspenso después de que
Argentina presentase una apelación ante el Tribunal Supremo
estadounidense el pasado febrero.
Tras el fallo de agosto, el Congreso argentino aprobó, a petición del
Gobierno, una tercera apertura de canje de deuda con la esperanza de
que ingresen el 7 % de acreedores que no lo hicieron en las
reestructuraciones previas.
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