BUENOS AIRES.- Dirigentes políticos, empresarios, trabajadores,
campesinos, estudiantes e intelectuales, entre otros sectores,
respaldaron hoy al Gobierno de Cristina Fernández
en la disputa que mantiene con los fondos especulativos tenedores de
deuda argentina en mora, a los que denominan "fondos buitre".
El oficialista Daniel Scioli y el opositor Sergio Massa, ambos aspirantes a la presidencia de Argentina
en 2015, fueron los primeros en destacar el discurso de Fernández,
quien el viernes pidió negociar "justa y equitativamente" con los
acreedores que no se avinieron a los canjes de deuda planteados en 2005 y
2010.
Esos acreedores, un 7 % del total, son los que ahora solicitan por la
vía judicial en EE.UU. que Argentina les pague 1.300 millones de
dólares, deuda que con los intereses ascendería a 1.500 millones.
"Las palabras de la presidenta fueron orientadas en el sentido de la
voluntad de pago", por lo que "permiten retomar el diálogo "para cerrar
esta herida que ha causado tanto trastorno", señaló Scioli, gobernador
de la provincia de Buenos Aires.
Añadió que "la voluntad argentina expresada por la máxima autoridad,
que es la Jefa de Estado, va a ser escuchada y se van a llevar adelante
seguramente los próximos días reuniones de trabajo".
Por su parte, Massa, líder del opositor Frente Renovador (FR) afirmó
que el mensaje de Fernández "marca una dirección correcta", pero
advirtió que habrá que hacer una tarea planificada y "seria" para llegar
a un acuerdo.
Las palabras de la presidenta culminaron una semana de incertidumbre
económica que comenzó con el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos
en contra de la apelación argentina a una sentencia del juez
neoyorquino Thomas Griesa sobre el litigio con los que el Gobierno
argentino denomina "fondos buitre".
En esa sentencia, Griesa da la razón a los "fondos buitre" y obliga a Argentina a pagarles.
El fallo del magistrado estadounidense complica los desembolsos que
Argentina debe hacer a finales de este mes a los acreedores que sí se
acogieron a los canjes, ya que incluye las órdenes "pari passu (en
igualdad de condiciones)", por las que está obligada a pagar de manera
simultánea a todos los tenedores de deuda.
Además, los giros de dinero a Estados Unidos que haga Argentina
corren el riesgo de ser embargados por solicitud de los litigantes con
sentencia a favor.
Para evitarlo, el Gobierno argentino adelantó que propondrá un canje
de los bonos amparados por la legislación de EE.UU. que están en manos
de acreedores que aceptaron reestructurar, por otros nuevos pero bajo
legislación argentina, un planteamiento que Griesa ya ha descartado
porque considera "violaría los fallos de la Justicia".
En su estrategia de forzar una negociación, el Gobierno del país
suramericano utilizó este sábado un espacio pagado en el diario The Wall
Street Journal para explicar, bajo el título "Argentina quiere seguir
pagando sus deudas pero no la dejan", la postura de las autoridades
argentinas respecto a la sentencia del juez Griesa.
Desde que se conoció el fallo de la Corte estadounidense, el Gobierno
argentino hizo una llamada a la unidad ante los que considera "una
cuestión de Estado", mas allá de partidos e ideologías.
En respuesta a esa llamada, 300 organizaciones y personalidades
representativas de los trabajadores, pequeños y medianos empresarios,
campesinos, intelectuales y estudiantes convocaron este sábado al país
suramericano a "ponerse la camiseta" contra los "buitres".
En el texto, publicado en la prensa, los convocantes repudian la
"maliciosa" interpretación judicial de la Corte Suprema y subrayan que
el fallo "socava la soberanía" del país y "pone en riesgo la posibilidad
de seguir creciendo con inclusión social".
La convocatoria remarca el "amplio apoyo (a Argentina) de un amplio
sector del espectro político argentino e internacional que comprende la
amenaza que implica el éxito de los fondos buitre para el sistema
global".
Igualmente, el texto subraya la "independencia sobre un capitalismo
salvaje que avanza continuamente" y considera que "ha llegado la hora de
crear nuevos ámbitos internacionales para prevenir que, lo que hoy
intentan con Argentina, lo puedan repetir con otros países".
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