MADRID.- El Gobierno español dio el viernes el primer
paso para reformar el sector del gas con el objetivo principal de evitar
que el incipiente desequilibrio entre costes e ingresos se convierta en
el dolor de cabeza financiero sobrevenido en el sector eléctrico.
"Se establecen medidas para garantizar la sostenibilidad
económica y financiera del sistema, y se aborda el incipiente problema
del déficit de tarifa para prevenir problemas como los que nos ha tocado
arreglar en esta legislatura", dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Como en la electricidad, el Ministerio de Industria ha optado
por abordar la reforma en distintas fases, dedicando la primera a fijar
la retribución de las distintas partidas reguladas aplicando recortes a
los costes regulados que suman 238 millones de euros, dijo en un
encuentro con periodistas por el secretario de Energía, Alberto Nadal.
La nueva regulación se enmarca dentro de un real decreto de medidas urgentes de distintos ámbitos aprobado el viernes por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Las empresas de distribución soportarán casi la mitad del ajuste (110 millones), mientras que el transporte verá reducidos sus emolumentos anuales en 97 millones de euros, las plantas regasificadoras en 23 millones de euros y los almacenes subterráneos en 8 millones.
El sistema gasístico, cuyos costes regulados o peajes ascienden a 3.350 millones de euros, cerró 2013 con un déficit de tarifa acumulado cercano a los 330 millones e Industria calcula que este año el déficit se situará entre 600 y 700 millones en función de cómo evolucione la demanda de gas, deprimida en los últimos años por la crisis económica y la infrautilización de las centrales eléctricas de ciclo combinado.
"De no tomar medidas se habría alcanzado un déficit de 800 millones de euros", dijo Nadal, que añadió que el déficit que se genere este año será financiado por todas las compañías con actividades reguladas del sector gasista, recuperando el importe a través de la factura del gas del consumidor a lo largo de 15 años.
El secretario de Energía explicó que las medidas de esta primera fase de la reforma gasista también incluyen, como en el sector eléctrico, mecanismos que establecen un techo para desequilibrios futuros: el déficit anual no podrán superar el 10 por ciento de los peajes (aproximadamente 300 millones) y el acumulado tampoco podrá superar el 15 por ciento de los ingresos a partir del año que viene.
Nadal dijo que otra de las novedades de la nueva normativa es que establece una retribución financiera del 5,2 por ciento para cada activo de todas las actividades gasistas, complementada con una parte variable ligada a la demanda de gas.
Por otra parte, se eliminan todas las actualizaciones automáticas de precios, como la vinculada al Índice de Precios de Hidrocarburos (IPH), lo que supone poner en práctica por primera vez la ley de desindexación general que el Gobierno tiene aún en tramitación.
La nueva retribución incluye el coste previsto del polémico almacén subterráneo de gas Castor (alrededor de 200 millones al año), aunque el futuro de la instalación es hoy día muy incierto a falta de nuevos informes sobre su relación con los centenares de pequeños terremotos que se produjeron en el norte de Castellón el pasado septiembre.
Escal UGS, la sociedad que opera el almacenamiento controlada en dos terceras partes por la constructora ACS, solicitó recientemente renunciar a la concesión y es previsible que el Gobierno tenga que abonar a la empresa buena parte de los 1.700 millones de euros que ha costado un proyecto con financiación europea.
Nadal no quiso desvelar la estrategia que adoptará Industria si la concesionaria del Castor obtiene el visto bueno de sus financiadores para renunciar al proyecto, aunque aseguró que los peajes no subirán como consecuencia de una eventual indemnización a Escal.
"Si se presenta la renuncia oficial, haremos un análisis (...), pero no habrá subida de peajes en ningún caso", dijo.
Las medidas anunciadas este viernes constituyen una primera fase de una reforma más amplia que Industria quiere elaborar este año y que abordará aspectos como la creación de un mercado mayorista del gas.
La nueva regulación se enmarca dentro de un real decreto de medidas urgentes de distintos ámbitos aprobado el viernes por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Las empresas de distribución soportarán casi la mitad del ajuste (110 millones), mientras que el transporte verá reducidos sus emolumentos anuales en 97 millones de euros, las plantas regasificadoras en 23 millones de euros y los almacenes subterráneos en 8 millones.
El sistema gasístico, cuyos costes regulados o peajes ascienden a 3.350 millones de euros, cerró 2013 con un déficit de tarifa acumulado cercano a los 330 millones e Industria calcula que este año el déficit se situará entre 600 y 700 millones en función de cómo evolucione la demanda de gas, deprimida en los últimos años por la crisis económica y la infrautilización de las centrales eléctricas de ciclo combinado.
"De no tomar medidas se habría alcanzado un déficit de 800 millones de euros", dijo Nadal, que añadió que el déficit que se genere este año será financiado por todas las compañías con actividades reguladas del sector gasista, recuperando el importe a través de la factura del gas del consumidor a lo largo de 15 años.
El secretario de Energía explicó que las medidas de esta primera fase de la reforma gasista también incluyen, como en el sector eléctrico, mecanismos que establecen un techo para desequilibrios futuros: el déficit anual no podrán superar el 10 por ciento de los peajes (aproximadamente 300 millones) y el acumulado tampoco podrá superar el 15 por ciento de los ingresos a partir del año que viene.
Nadal dijo que otra de las novedades de la nueva normativa es que establece una retribución financiera del 5,2 por ciento para cada activo de todas las actividades gasistas, complementada con una parte variable ligada a la demanda de gas.
Por otra parte, se eliminan todas las actualizaciones automáticas de precios, como la vinculada al Índice de Precios de Hidrocarburos (IPH), lo que supone poner en práctica por primera vez la ley de desindexación general que el Gobierno tiene aún en tramitación.
La nueva retribución incluye el coste previsto del polémico almacén subterráneo de gas Castor (alrededor de 200 millones al año), aunque el futuro de la instalación es hoy día muy incierto a falta de nuevos informes sobre su relación con los centenares de pequeños terremotos que se produjeron en el norte de Castellón el pasado septiembre.
Escal UGS, la sociedad que opera el almacenamiento controlada en dos terceras partes por la constructora ACS, solicitó recientemente renunciar a la concesión y es previsible que el Gobierno tenga que abonar a la empresa buena parte de los 1.700 millones de euros que ha costado un proyecto con financiación europea.
Nadal no quiso desvelar la estrategia que adoptará Industria si la concesionaria del Castor obtiene el visto bueno de sus financiadores para renunciar al proyecto, aunque aseguró que los peajes no subirán como consecuencia de una eventual indemnización a Escal.
"Si se presenta la renuncia oficial, haremos un análisis (...), pero no habrá subida de peajes en ningún caso", dijo.
Las medidas anunciadas este viernes constituyen una primera fase de una reforma más amplia que Industria quiere elaborar este año y que abordará aspectos como la creación de un mercado mayorista del gas.
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