BUENOS AIRES.- Mientras siguen abiertas las
negociaciones entre el Gobierno argentino y los fondos buitre, Buenos
Aires ultima hoy una presentación ante la Comisión del Mercado de
Valores (SEC) estadounidense para que investigue la existencia de posibles delitos económicos.
El titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) argentina, Alejandro Vanoli,
aseguró hoy que la entidad pedirá a la SEC que investigue el supuesto
uso de información privilegiada en el litigio entre el Gobierno
argentino y fondos de inversión que rechazaron la reestructuración de
deuda y exigen el pago de unos 1.500 millones de dólares tras un fallo
favorable.
Vanoli reveló que hace unas semanas la CNV "abrió una
investigación vinculada con la operatoria de bonos, particularmente los
reestructurados, para ver si había uso de información privilegiada o manipulación de mercado, tanto por parte de entidades locales como internacionales, incluyendo a personas que puedan estar vinculadas al juicio".
Según el titular de la CNV, la presentación que realizarán en Estados Unidos
pretende detectar posibles irregularidades en la decisión de la
Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) de activar los
seguros de impago por incumplimiento de Argentina.
"Uno de los
miembros que votó (en ISDA) porque se gatillen (activen) los seguros es
el fondo Aurelius, uno de los buitres que está haciendo este reclamo en
el juzgado neoyorquino de Thomas Griesa", dijo Vanoli a la agencia oficial Télam.
"El
cuestionamiento es que este buitre estaría votando en un organismo para
beneficiarse con el seguro (por impago)", puntualizó, antes de recordar
que el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado
"son delitos penales tanto en Argentina como en Estados Unidos".
Tras la vista celebrada ayer en el juzgado de Griesa,
el Ministerio de Economía argentino arremetió contra el juez en un
comunicado en el que le acusó de "no resolver nada" y de "beneficiar a
los fondos buitre".
En la audiencia, Griesa pidió a las partes que
sigan negociando pese a que el pasado miércoles venció el plazo de 30
días que tenía el Ejecutivo de Cristina Fernández para pagar a los
acreedores de deuda en mora desde 2001.
Desde entonces, existe una
división de opiniones entre los economistas argentinos sobre si el país
entró o no en suspensiónm de pagos y las consecuencias más inmediatas.
"Estamos en situación de "default"
(impago). Lo dijeron casi todas las agencias de crédito del mundo,
incluso la China", dijo Fausto Spotorno, director del Centro de
Estudios Económicos de la consultora Orlando J. Ferreres.
Según Spotorno, la suspensión de pagos afectará negativamente a la economía argentina, en especial al sector privado, y provocará una caída del empleo, una mayor recesión económica y más inflación.
El
diagnóstico que hizo el director de la consultora Hacer, Pablo
Tigani, fue opuesto: "De ningún modo estamos en cesación de pagos.
Argentina efectuó el depósito del dinero en tiempo y forma".
Tigani
recordó que la mayoría de los fondos correspondientes al último
vencimiento de deuda reestructurada se mantienen bloqueados en entidades
bancarias por orden judicial.
Para desbloquear el pago a los tenedores de bonos que aceptaron importantes quitas en 2005 y 2010, el juez estadounidense Thomas Griesa exige que el Gobierno argentino pague simultáneamente a los fondos buitre, que se negaron a reestructurar su deuda.
Para
el expresidente del Banco Central de la República Argentina Javier
González Fraga, Argentina ha quedado "en un limbo", mientras que el
consultor Gabriel Rubinstein advirtió, a través de las redes sociales,
que habrá que "pagar sí o sí" para no entrar en un "default pleno" (suspensión de pagos total).
En
lo único que todos coinciden es en que la situación actual de Argentina
es incomparablemente mejor que la de 2001, cuando el país sufrió la
crisis del "corralito".
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