BUENOS AIRES.- La Asociación Internacional de Mercado de Capitales (AIMC), formada
por los principales bancos del mundo, dispuso nuevas pautas en las
emisiones de bonos para evitar el litigio que azuzan hoy los fondos
buitre y el juez Thomas Griesa.
Así lo informa este sábado aquí el diario Página 12 y precisa que la
modificación implica el uso de Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) y de
una interpretación correcta de la cláusula "pari passu", que significa
igualdad de trato entre acreedores.
La serie de cambios que propone la AIMC, que agrupa con sede central en Suiza a más de 450 bancos e inversores en 52 países, prevé asegurar que en los canjes futuros se respete a las mayorías, a partir de que el acuerdo sea vinculante a todos los acreedores.
Con ello se pretende evitar que, como sucedió en el caso argentino, un grupo minoritario de bonistas haga fracasar la operación, señala Página 12.
El grado de adhesión para que entre en acción la CAC deberá ser del 75 por ciento, nivel que el canje argentino cumple de manera holgada, aunque -aclararon- estos cambios no tendrán efecto retroactivo, o sea no podrán aplicarse al actual conflicto que encara Argentina.
El documento elaborado por el equipo técnico del organismo sostiene que "la interpretación de la cláusula pari passu que realizó la Justicia estadounidense conlleva una considerable incertidumbre para las futuras reestructuraciones".
El Gobierno argentino alertó en distintas oportunidades sobre la falta de un mecanismo, similar al que existe para estos eventos entre privados.
La reestructuración de 2005 -que se relanzó en 2010- permitió un nivel de adhesión de 92,4 por ciento del universo de tenedores afectados por la cesación de pago de 2001.
La falta de una arquitectura legal que permita que este tipo de arreglos se haga extensivo a todos los acreedores es lo que abrió la puerta para que fondos especulativos accionaran judicialmente para conseguir un trato preferencial, señala Página 12.
Por otro lado, la Asamblea General de la ONU debatirá el próximo de septiembre un proyecto de resolución presentado en conjunto por los 130 Estados que integran el Grupo de los 77 más China para establecer una convención internacional destinada a proteger los procesos de reestructuración de la deuda.
La serie de cambios que propone la AIMC, que agrupa con sede central en Suiza a más de 450 bancos e inversores en 52 países, prevé asegurar que en los canjes futuros se respete a las mayorías, a partir de que el acuerdo sea vinculante a todos los acreedores.
Con ello se pretende evitar que, como sucedió en el caso argentino, un grupo minoritario de bonistas haga fracasar la operación, señala Página 12.
El grado de adhesión para que entre en acción la CAC deberá ser del 75 por ciento, nivel que el canje argentino cumple de manera holgada, aunque -aclararon- estos cambios no tendrán efecto retroactivo, o sea no podrán aplicarse al actual conflicto que encara Argentina.
El documento elaborado por el equipo técnico del organismo sostiene que "la interpretación de la cláusula pari passu que realizó la Justicia estadounidense conlleva una considerable incertidumbre para las futuras reestructuraciones".
El Gobierno argentino alertó en distintas oportunidades sobre la falta de un mecanismo, similar al que existe para estos eventos entre privados.
La reestructuración de 2005 -que se relanzó en 2010- permitió un nivel de adhesión de 92,4 por ciento del universo de tenedores afectados por la cesación de pago de 2001.
La falta de una arquitectura legal que permita que este tipo de arreglos se haga extensivo a todos los acreedores es lo que abrió la puerta para que fondos especulativos accionaran judicialmente para conseguir un trato preferencial, señala Página 12.
Por otro lado, la Asamblea General de la ONU debatirá el próximo de septiembre un proyecto de resolución presentado en conjunto por los 130 Estados que integran el Grupo de los 77 más China para establecer una convención internacional destinada a proteger los procesos de reestructuración de la deuda.
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